Dicen que el pasado 1 de Octubre empezó la primera Ciberguerra de la Unión Europea. No es descabellado. No porque Anonymous respondiera con ataques a la actuación del gobierno. El gobierno calificó la ocupación por parte de la Guardia Civil del Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI) de la Generalitat de “golpe decisivo” contra el referéndum, porque desarticulaba la posibilidad de un voto telemático. No fue el único golpe que tuvo lugar pensando en la Red.
Primero, las principales operadoras españolas recibieron la orden de monitorizar y bloquear el tráfico a un número de páginas web, y de aquellas páginas futuras que pudieran referirse al referéndum. Otra orden obligó a Google a retirar la aplicación “onvotar1oct@gmail.com” de Google Play y, con ella, todas las que estuvieran vinculadas al mismo desarrollador. La guardia civil registró las oficinas de la Fundación .CAT donde se alojaban los dominios y detuvo a Pep Masoliver, responsable de proyectos tecnológicos.
Cuando entraron en el CTTI para “bloquear y suspender los servicios informáticos susceptibles de ser utilizados en el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional”, desactivaron 29 aplicaciones pertenecientes a diferentes departamentos del Govern. También se detuvo a mucha gente.
Detuvieron a David Franco, jefe del Área de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones del CTTI, a Josuè Sallent, responsable de Estrategia e Innovación, a David Palanques, responsable de la oficina técnica de proyectos y a Jordi Puigneró, el presidente. También detuvieron a Rosa María Rodriguez Curto, directora de T-Systems, la empresa de servicios informáticos de la Generalitat y a Xavier Puig, responsable de tecnologías de la información y Comunicación. Los detuvieron con cargos de malversación, prevaricación y desobediencia.
A Masoliver y a Sallent los detuvieron en su propia casa y se incautaron su teléfono móvil y el de su mujer. El titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, había ordenado los registros pero no los arrestos. Esos fueron decisión de la Guardia Civil.
Obligados a dar las contraseñas
El portavoz Méndez de Vigo dijo que el referéndum había sido “anulado” al cortar la arteria del CTTI, donde se alojaban los servicios informáticos de la Administración. Pero la actuación de la Guardia Civil estaba diseñada para desarticular todo el operativo técnico de la administración pública catalana. Durante la detención se pidió a los informáticos que dieran las contraseñas de los equipos. Y estaban obligados a darlas o cometer un delito de desobediencia. También están obligados a guardar secreto de la investigación. Todo esto ha sido posible gracias a la Ley de enjuiciamiento criminal, más conocida como la ley Torquemada.
También será posible detener a aquellos que hayan compartido en redes las imágenes de la Guardia Civil. “Si los que lo hacen son menores, puede haber responsabilidad penal del menor y responsabilidad civil de los padres”, explica Carlos Almeida, abogado especializado en delitos informáticos e Internet.
“Abusos y censura estatal”
“Me gustaría que las Cortes y el Gobierno fuésemos pioneros en saber abordar los derechos digitales”, decía no hace mucho la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría. En este caso no lo han sido: el bloqueo de dominios y la detención de técnicos no es sin precedentes, es una práctica habitual en lugares como China o Turquía. Por ese motivo, la actuación del gobierno ha sido criticada por organizaciones como la EFF y la Internet Society por atentar contra la libertad de expresión.
“La censura gubernamental en Internet está prohibida por el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y por el Artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos -declaraba en un texto la Electronic Frontier Foundation- que garantizan el derecho de todos a recibir e impartir información e ideas independientemente de sus fronteras. La censura de la libre expresión por parte del gobierno español durante el periodo del referéndum catalán es tan salvajemente desproporcionada y sobredimensionada que la violación de estos preceptos parce casi indiscutible”.
En Catalunya se multiplican las quejas. Eduard Martín Lineros, consejero delegado de la Fundación puntCAT, escribió al presidente del ICANN -la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números- para denunciar la orden del gobierno de censurar páginas con dirección .cat por motivos políticos. Jordi Puigneró, el secretario del Gobierno para la Sociedad de la Información, la Ciberseguridad y la Sociedad Digital, escribió al comisario TIC europeo y vicepresidente de la Comisión Andrus Ansip para denunciar “los abusos y la censura estatal en materia de acceso a internet ”. Ansip dijo que la evaluarían.
Eurodiputados de ERC y PDeCAT llevaron el caso al Parlamento de Bruselas exigiendo medidas para impedir “la vulneración de los derechos fundamentales en España ”. También ha habido otro tipo de bajas. Andreu Veá, presidente ejecutivo de la Internet Society en España, ha dimitido despues de 15 años en la junta directiva y 8 años como presidente “por la politización a la que se ha querido involucrar en nuestra asociación y que la ha partido en dos”.