La tasa franquista que “secuestra” los datos mercantiles y lastra la lucha contra el fraude

“El Registro Mercantil es un instrumento capital en la prevención y detección de la corrupción y el fraude. Pero sus datos están secuestrados”, denunciaba en una tribuna en este medio Jaime Gómez-Obregón, ingeniero informático y activista por la transparencia. El rescate que hay que pagar por acceder a la información de las empresas en España es un arancel que cobran los registradores, encargados de la gestión del Registro Mercantil, y que se convierte en su sueldo. Cualquiera que quiera acceder a esta base de datos pública, ciudadanos, pymes, grandes compañías o periodistas, debe pagar por cada consulta que haga.

Las tasas que hay que abonar varían en función del dato al que se quiera acceder. Una nota simple con la última información suministrada por una empresa está en torno a 10 euros. El precio no se ha modificado desde la etapa franquista, puesto que el último cambio data de 1973, según explican desde el Colegio de Registradores. El problema es que ese pago impide que la sociedad civil, ciudadanos individuales o periodistas puedan hacer consultas masivas al Registro Mercantil a través de herramientas avanzadas de análisis de datos, 'big data' e inteligencia artificial. Estas técnicas permiten contrastar cientos de miles de documentos a la vez, pero para acceder a ese volumen de información habría que pagar millones de euros debido al arancel.

“Un registro público, como lo es el Registro Mercantil, sirve para dar fe pública de la existencia de una persona jurídica, quiénes la componen, cuál es su objetivo y patrimonio”, explica Patricia González, coordinadora en España de la ONG protransparencia Access Info. “El pago de un arancel, por muy bajo que sea, no debe limitar el derecho de acceder a información, ya no solo porque sea relevante en la lucha contra la corrupción o la evasión fiscal, sino también necesaria para lograr transparencia en la contratación pública y promover un buen ambiente empresarial que brinde garantías a grandes y pequeñas empresas por igual”, recalca en conversación con elDiario.es.

Un sistema previo a la informática en la era de la inteligencia artificial

El arancel que siguen interponiéndose entre los ciudadanos y los datos mercantiles se concibió en una época previa a la informática. En aquella época la consulta de los datos del Registro Mercantil debía hacerse manualmente: obligaba al oficial a ir a buscar el tomo que contuviera la información requerida, copiarla y entregarla al solicitante. La tasa de acceso iba dirigida a pagar ese trabajo.

En 1996 tuvo lugar la última gran renovación de la ley que regula el Registro Mercantil. Los diputados decidieron no tocar el arancel franquista pensado para una época previa a la informática, aunque entonces ya empezaba a desarrollarse. Los registradores mantuvieron así los ingresos que obtienen cobrando un peaje por consultar una base de datos que contiene información pública. Hoy, en plena era de la economía del dato, el arancel sigue activo. “No es un método anacrónico”, rechaza el vicedecano del Colegio de Registradores, José Miguel Tabares.

En una entrevista con elDiario.es que se reproduce al final de esta información, Tabares asegura que el método que utiliza el Registro Mercantil español es el mejor de las tres opciones que se han establecido alrededor del mundo. “Aquí la cuestión no es que [el acceso] sea gratis, sino quién lo paga”, manifiesta. El registrador explica que la fórmula utilizada en algunos países anglosajones es que sean las empresas las que paguen por la publicidad que tienen que tener sus datos. La segunda vía, prosigue, es que se pague vía presupuestos del Estado.

1⃣8⃣ Comparé los registros mercantiles británico y checo con el español, siempre desde las perspectiva de quienes lo usan: la ciudadanía, los empresarios y los autónomos. Spoiler: el Registro Mercantil actual es una zancadilla a la #transparencia 👇.https://t.co/wcupVFzDcH

— Jaime Gómez-Obregón (@JaimeObregon) December 30, 2020

La tercera, que es la que se utiliza en España, es que paguen todos los que usen el Registro: pagan las empresas cuando depositan una información, que a partir de ese momento pasa a ser pública; y pagan todo el que quiera consultarla (excepto los cuerpos de seguridad e investigadores judiciales). Ese dinero lo gestionan los registradores.

“Somos funcionarios públicos, pero con un sistema particular, como el de los notarios. Asumimos la gestión del servicio público que se nos encomienda y lo financiamos con los ingresos que obtenemos por el propio servicio público. Es decir, los ingresos que se abonan en el Registro Mercantil, cuando se hace esa consulta por ejemplo, sirven para pagar la estructura del Registro Mercantil, a los empleados que trabajan allí, al registrador también, por supuesto. Y no supone un coste para el Estado”, afirma Tabares.

Lucha contra la corrupción

Las fuerzas de seguridad y los organismos anticorrupción no pagan por acceder a los datos mercantiles. Más allá de ellos, los únicos que pueden librarse del arancel de acceso son los investigadores que lleguen a convenios especiales con los registradores, que les proporcionan datos anonimizados de las empresas. Es decir, pueden acceder a las cuentas, pero no rastrear a qué compañías pertenecen.

El vicedecano del Colegio de Registradores también rechaza que esta situación perjudique la lucha contra la corrupción. “No comparte” el argumento de que una labor vigilante de ciudadanos, periodistas y sociedad civil pueda desincentivar el fraude.

“Las autoridades que persiguen el fraude de verdad, que son las que desincentivan, como Hacienda, los cuerpos de seguridad del Estado y demás, quizá lo que deberían es tener más medios. No se trata de que los datos estén disponibles para todos, se trata de que los que persiguen el fraude dispongan de más personal y de más medios para poder utilizar todos esos datos. Si lo piensas, por mucho que pueda desincentivar una investigación particular, no deja de ser una investigación de un particular. Eso a una empresa que se dedica a estas actividades fraudulentas le da lo mismo, le da exactamente igual”, dice Tabares en conversación con este medio.

No se trata de que los datos estén disponibles para todos, se trata de que los que persiguen el fraude dispongan de más personal y de más medios para poder utilizar todos esos datos

José Manuel Tabares — vicedecano del Colegio de Registradores

La postura que sostiene el vicedecano del colegio de Registradores es muy discutida fuera de su gremio. No solo por ingenieros de datos como Gómez-Obregón, que ha diseñado herramientas de análisis de datos públicos premiadas por su valor en la lucha contra la corrupción. También por todas las organizaciones de transparencia. “Vale la pena recordar que, en la mayoría de las ocasiones, quienes sacan a la luz casos sobre corrupción o mal manejo de recursos, son periodistas u organizaciones de la sociedad civil que no cuentan con los recursos suficientes para tener acceso a toda la información contenida en estos registros”, insiste González, de Access Info.

Mantener un sistema que impide la consulta libre de datos públicos se cuestiona asimismo en directivas europeas, como la de Datos Abiertos, así como en estrategias nacionales de Moncloa. De hecho, el IV Plan de Gobierno Abierto de España cita expresamente la “mejora en el acceso a los datos recogidos en el Registro Mercantil” como uno de sus objetivos para el período 2020-2024: “En España actualmente la información está disponible solo para aquellas personas que paguen para obtenerla, creando una discriminación y desigualdad en el acceso a la información”.

Pese a ello, el Gobierno no ha explicado si piensa derogar la tasa. elDiario.es ha preguntado por ello al Ministerio de Justicia. El departamento que dirige desde hace dos semanas Pilar Llop ha dado acuse de recibo, pero una semana y varios recordatorios después no ha podido elaborar una respuesta oficial que pueda ser incluida en esta información.

La transparencia calculada

En la última década se han aprobado leyes de transparencia tanto españolas como europeas que marcan una línea contraria a la que perdura en el Registro Mercantil. Hay un truco que lo ha permitido, puesto que existe una vía para acceder gratuitamente a la información de las empresas españolas: se puede hacer examinando cada día las publicaciones oficiales de todas las delegaciones provinciales del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).

Son en torno a un centenar de referencias que enumeran cada uno de los cambios que comunican las empresas por provincia. Se publican en PDF, un formato práctico para los humanos pero muy complicado de leer para las máquinas, lo que genera muchas dificultades para extraer y categorizar automáticamente la información del BORME. “Se acogen a lo mínimo que pueden para cumplir las leyes de transparencia, pero sin que la información que publiquen sea útil. Para encontrar los datos de las empresas en el BORME tienes que saber de antemano dónde buscar. Pero si no lo sabes, que es lo normal, pues no encuentras nada”, explica Pablo Castellano.

Castellano es otro ingeniero informático con interés por la transparencia que se preguntó cómo es posible que el Registro Mercantil sea una base de datos pública pero con acceso gravado a los ciudadanos. En 2014, como proyecto de fin de carrera, diseñó una herramienta para enseñar a las máquinas a interpretar lo que dicen los PDFs del BORME, categorizarla y guardarla asignada a la empresa que corresponde. Luego desarrolló un buscador para bucear en la base de datos resultante. La denominó LibreBORME y publicó sus tripas en código abierto.

Castellano dejó su máquina funcionando y se dedicó a otros proyectos. Al cabo de los años LibreBORME se había convertido en una alternativa gratuita al Registro Mercantil. Al menos para los datos de las empresas a partir de 2009, fecha en la que la ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos obligó a digitalizar el BORME. Sin embargo, en 2019 recibió un burofax de una empresa que, en representación de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, le ordenaba interrumpir su actividad inmediatamente por violación de propiedad intelectual de la marca BORME. Le sugerían, como forma de llegar a un acuerdo amistoso, que les entregara gratuitamente el dominio LibreBORME.

Tras consultar a abogados y lograr una conversación directa con el director de la Agencia que gestiona el BOE, Castellano consiguió llegar a un acuerdo que permitía al proyecto seguir activo a cambio de que dejara de utilizar la palabra “BORME”. La solución de Castellano fue denominar su herramienta como “LibreBOR” y registrarla en el dominio .me.

El ingeniero no tiene dudas acerca de cómo su buscador de código abierto puede molestar a los registradores. “Choca con el modelo de negocio del Registro Mercantil. Si tú quieres información de una empresa tienes que pagar por una nota simple, que son unos 10 euros. Por cada consulta pagas otros 10 euros. Claro, si tu empiezas a publicar esos datos en un formato accesible estás hundiéndoles el modelo de negocio arcaico que tienen”, denuncia.