Regular la Inteligencia Artificial, definir el impuesto a las multinacionales tecnológicas, pautar la creciente robotización del empleo y preparar la reintegración en el mercado laboral de los trabajadores afectados, diseñar una Ley de Derechos Digitales, asegurar la seguridad de la red española de 5G y preparar el camino para los cambios que esta nueva velocidad de conexión provocará en la industria, en la sanidad o en el transporte. No son pocos los retos tecnológicos que el nuevo Gobierno tendrá que afrontar esta legislatura. Pedro Sánchez ha decidido que sea una persona de su máxima confianza quien se encargue de gestinarlos: Nadia Calviño.
“La vicepresidencia que liderará Nadia Calviño coordinará los asuntos económicos y la gran transformación digital que necesita España. Impulsará además el proyecto de digitalización de toda la Administración Pública, comprometido por el nuevo gobierno”, ha comunicado Moncloa.
Ya en el acuerdo programático de PSOE y Unidas Podemos quedó marcada “la revolución digital para impulsar el crecimiento económico y mejorar el bienestar de las personas” como uno de los principales objetivos del gobierno de coalición. Los objetivos marcados en el documento que deberá cumplir Calviño entroncan la digitalización de sectores productivos como el medio rural o las pymes, la preparación y reciclado de los trabajadores para el nuevo mercado laboral, con la modernización de la administración.
No obstante, los desafíos trascenderán la videpresidencia económica. Sobre el área de Cultura recaerá, por ejemplo, mediar entre usuarios, multinacionales digitales y autores en la transposición a España de la Directiva europea de Copyright y sus polémicos filtros automáticos de contenido para evitar que nada de lo que se sube a Internet viole derechos de autor. Sobre Educación, modernizar los programas lectivos de todos los niveles para adaptarlos a esos retos tecnológicos. Tampoco falta una perspectiva feminista, puesto que el Ejecutivo también ha anunciado un plan para aumentar la paridad en el sector, donde la gran mayoría de puestos están ocupados por hombres con cifras de hasta el 87% en algunas especializaciones, como programación.
Un marco legal para la Inteligencia Artificial
A su llegada al Gobierno, Pedro Sánchez paró la publicación de El libro blanco de la Inteligencia Artificial encargado en 2017 por el PP a un Grupo de Sabios sobre IA y Big Data. Para sustituir a ese documento (y para no incumplir el mandato de la UE a sus miembros de elaborar una 'Estrategia Nacional' en este campo antes de que concluyera 2019), el presidente presentó sobre la bocina, el mismo día que se disolvían las Cortes antes del 28A, la “Estrategia para la Inteligencia Artificial en I+D+I”.
No obstante, tanto Sánchez como el ministro Pedro Duque, firmante del prólogo del documento, reconocieron que este era solo un “embrión”. Lo que el nuevo Gobierno se ha comprometido a sacar adelante es una “ambiciosa Estrategia Española de Inteligencia Artificial” que paute las líneas maestras sobre la implantación y regulación de esta tecnología. Su desarrollo, que previsiblemente se controlará ahora desde la vicepresidencia de Calviño, afectará a múltiples áreas de Gobierno: en el “embrión” presentado en marzo colaboraron 11 ministerios.
La nueva estrategia no solo deberá resolver las preguntas de la industria que investiga e implanta Inteligencia Artificial en España. También las de los científicos, cada vez más escépticos con algunos de sus usos (el Instituto de IA de la Universidad de Nueva York pide en su informe de 2019 que se prohíba que esta tecnología tome decisiones sobre la concesión de ayudas sociales o la selección de candidatos a un puesto de trabajo por la “poca o nula validez científica” en que se basa); o las de los juristas: “¿A quién metemos en la cárcel si pasan determinadas cosas? ¿A la máquina? ¿Quién debe asumir la responsabilidad? Eso es lo que necesitamos y no se está haciendo, un marco legal que aporte seguridad jurídica”, pedía Borja Adsuara, jurista, en un reportaje de este medio sobre la regulación de la IA.
El impuesto a las multinacionales tecnológicas
Todo por definir. Sánchez anunció la tasa como uno de los objetivos del Gobierno socialista surgido de la moción de censura, pero no llegó a fraguar. El documento programático del nuevo gobierno mantiene esa aspiración, pero no podía ser más abstracto: “Aprobaremos el Impuesto sobre determinados servicios digitales con el fin de gravar aquellas operaciones de la Economía digital que actualmente no tributan, en línea con las recomendaciones de la Unión Europea”.
El impuesto a las multinacionales tecnológicas será uno de los puntos en el que la presencia de Calviño puede jugar un papel clave para aceitar el proceso. De momento, la industria ha “valorado positivamente” que el gobierno ponga sus manos la coordinación de las medidas tecnológicas y “destaca la importancia de que el proyecto digital se establezca como una de las prioridades de Gobierno, y cuente para ello, con el respaldo y liderazgo al máximo nivel del Ejecutivo”, ha manifestado Ametic, una de las patronales del sector, en un comunicado emitido este viernes.
Preparar la robotización
Según los datos de la Encuesta de percepción social de la innovación en España, publicada este jueves por la Fundación Cotec, dos tercios de los españoles piensan que la automatización del empleo afectará a una parte relevante de los puestos de trabajo actuales. El 34% prevé que los robots podrán hacer todo tipo de tareas en 15 años y hasta un 50% cree que sus labores podría ser realizadas en parte o completamente por un robot o algoritmo, pero el 80% piensa que la sociedad no se está preparando bien para estos cambios.
El Gobierno se ha comprometido a diseñar un nuevo “Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI” que “compagine la protección de los trabajadores y trabajadoras frente a los desafíos sociales, tecnológicos y ecológicos del siglo XX”. No obstante, en el documento programático de PSOE y Unidas Podemos no se anticipan sus planes específicos para regular el impacto de la robotización y la automatización en el mercado de trabajo.
“España es uno de los países que más va a sufrir con la automatización y tenemos que gestionar desde ya la transición. No soy catastrofista, no creo que lleguemos a una situación crítica de desempleo extendido. Pero lo que es cierto es que los trabajos que se van a ganar no serán en los mismos sectores que los que se pierdan. A aquellos con unas determinas aptitudes y formación pero cuyo empleo ha devenido obsoleto por el uso de la tecnología, ¿cómo los reintegramos? Es un debate urgente”, exponía Anna Ginès, profesora de la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (Esade) especializada en derechos laborales de los trabajadores en la nueva economía, en conversación con eldiario.es.
La Ley de Derechos Digitales definitiva
El Gobierno se ha comprometido a impulsar una nueva Ley de Derechos Digitales. España ya cuenta con una norma muy reciente en este sentido, puesto que en diciembre de 2018 entró en vigor la Ley de Protección de Datos y garantía de derechos digitales. No obstante, más que por los dos campos principales que le dan nombre, la norma se dio a conocer como “el Cambridge Analytica español” debido a la autorización que se concedieron los partidos políticos a rastrear Internet para perfilar ideologicamente a cada ciudadano y enviarle publicidad electoral segmentada. El punto de la ley que lo permitía, redactado por un diputado del PSOE, fue anulado en tiempo récord por el Tribunal Constitucional.
Antes de eso la ley ya había sido muy criticada tanto por la industria de servicios digitales como por juristas y expertos por la falta de debate público que rodeó a su aprobación, así como por la decisión de incluir los “derechos digitales” dentro de un concepto tan específico como la protección de datos. En cualquier caso, el impacto de los 17 nuevos derechos que incluye ha sido escaso, en el mejor de los casos, puesto que no han tenido ningún desarrollo normativo: el ansiado derecho a la desconexión digital, por ejemplo, solo se ha recogido en un 11% de los convenios laborales aprobados en 2019. La nueva Ley ofrecerá una oportunidad para corregir todo ello.
Educación para el mercado laboral que viene
Otro punto que no ocupa portadas pero sobre el que existe gran inquietud social. Según la citada encuesta de Cotec, un 79% de los españoles creen que el sistema educativo no responde a las necesidades formativas que demandará la futura sociedad tecnológica, mientras que un tercio de los trabajadores no se sienten capacitados para competir en el mercado laboral de los próximos años. Si se les pregunta por qué, un 48% contesta que cree que debe reciclarse pero no tiene recursos económicos para ello.
El Gobierno ha situado como una de sus máximas prioridades reformar el catálogo de cualificaciones profesionales para “adaptarlas a las necesidades laborales de la economía del siglo XXI” y ampliar especializaciones como ciberseguridad, robótica, Big Data y análisis de datos, Fabricación 3D o realidad ampliada y realidad virtual. Además, se ha comprometido a diseñar de una “Estrategia de Formación y Alfabetización Digital” que “garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a la digitalización en todos los niveles del sistema educativo y de la formación de los trabajadores para evitar la exclusión digital”.
Dejar de ser el único país que no protege a los alertadores
El programa de PSOE y Unidas Podemos no hace ninguna referencia a la ley de protección de alertadores de irregularidades y corrupción. El Congreso lleva desde 2016 negociando varias propuestas de ley en este sentido pero todos han quedado en papel mojado ante la consternación de las organizaciones de la sociedad civil que la consideran una norma clave para la salud democrática de un país.
No obstante, ya no hay tiempo para devaneos. España tiene dos años para aprobar la ley si no quiere enfrentarse a multas comunitarias. Es el plazo que da la UE, que aprobó un aplaudido paquete de protección de whistleblowers en 2019, para incluir sus directivas las legislaciones nacionales. España, que representa un caso único en la OCDE al no reconocer ni proteger esta figura en ningún sentido, “podría tener una de las mejores leyes de Europa” al ser de los primeros países en trasponer la directiva de la UE, explicó la experta internacional Anna Myers en entrevista con eldiario.es.
Nueva década, nuevo encontronazo por el copyright
Los años 20 del siglo XXI van a empezar casi exactamente igual que los años 10 en materia de derechos de autor: con la industria del copyright presionando para que los usuarios de Internet paguen por todos los contenidos protegidos que consumen. Si hace una década la Ley Sinde quería perseguir a los que descargaban incluso por la vía penal, el foco ahora está en las subidas de contenido a la red. En resumen: buena parte de la industria quiere que las plataformas digitales que permiten a sus usuarios subir archivos a Internet instauren filtros automáticos que los analicen. Si el archivo tiene derechos de autor y el usuario o la plataforma no tienen licencia de uso, la subida quedaría bloqueada.
El lobby del copyright consiguió que la renovación de la directiva de copyright incluyera la posibilidad de establecer esos filtros de contenido ante un mar de críticas, tanto de expertos técnicos (avisan de que la tecnología para ello no está suficientemente desarrollada) como de organizaciones de la sociedad civil (denuncian que los filtros suponen una amenaza para las libertades y una vía de censura previa) y también de otra parte de la industria (se quejan de que desarrollar los filtros es muy caro y hacerlos obligatorios supondrá una gran ventaja competitiva para las multinacionales que llevan años experimentando con ellos, como YouTube).
Aunque la directiva de la UE contempla los filtros, corresponde a los países la decisión última de implantarlos o no. Además, en los detalles va gran parte del juego. Hay posibilidades que cambiarían poco la situación actual del usuario, como hacerlos obligatorios solo para las plataformas más grandes, o determinar que no tumben la subida sino que permitan la publicación del contenido avisando al titular de los derechos de autor para que lo revise y eleve una solicitud de retirada si lo considera oportuno. El gobierno, por lo pronto, ha anunciado la creación de una “Oficina de Derechos de Autoría” dependiente de Cultura “que se encargará de velar por la protección de la propiedad intelectual”.
La promesa de modernizar la administración digital
Un encargo especial de Moncloa a Calviño. El Gobierno ha prometido un “Plan de Digitalización de la Administración” facilitar los trámites burocráticos a través de Internet. Una de sus medidas estrella será la “Carpeta ciudadana”, desde la que cualquier ciudadano podrá acceder a “todos los trámites y todos sus expedientes en relación con la Administración General del Estado en un único espacio web”.
Mejorar la transparencia del sector público es otro deberes para esta legislatura. La Ley de Transparencia cumplió seis años el pasado diciembre y aunque su aprobación supuso un paso adelante, no ha envejecido demasiado bien y más de un lustro de uso han dejado al descubierto sus costuras. El Portal de Transparencia, por ejemplo, sigue siendo poco accesible para el ciudadano y es muy lento, pudiendo tardar hasta dos meses en ofrecer un determinado dato público. Sánchez e Iglesias han prometido renovarla.
El 5G, la soberanía digital y la ciberseguridad
España es uno de los países líderes en la implantación de infraestructura 5G, una tecnología llamada a ser parte clave de una revolución. Aunque para el usuario medio hoy en día esta tecnología suponga poco más que jugar por Internet o ver series en su móvil mucho más rápido, su implantación puede ser determinante en el transporte, la banca, el sector energético o la sanidad. Desarrollos como el vehículo autónomo necesitan una transmisión de datos más rápida y estable que la actual para evolucionar. Pero el papel insustituible de Huawei en su desarrollo y las acusaciones de espionaje de EEUU han puesto esta tecnología en tela de juicio.
La UE lleva meses analizando la alarma elevada por el Gobierno de Donald Trump, que denuncia que los dispositivos de Huawei dejan puertas abiertas por las que pueden entrar espías chinos para robar información o llevar a cabo ciberataques. Una acusación que, por otra parte, es calcada a lo que Edward Snowden reveló sobre las multinacionales de software estadounidenses y el programa PRISM.
De momento, la UE no ha vetado a Huawei en las redes comunitarias y evita citar directamente a la empresa en los informes de la comisión que investiga los riesgos del 5G. No obstante, sí dice que “las principales amenazas” de esta nueva tecnología son “los proveedores y las cadenas de suministros” de “terceros países” en los que “no existan controles y equilibrios legislativos o democráticos” o con los que no haya “acuerdos de seguridad o protección de datos”. O sea, Huawei y China.
Calviño tendrá que navegar esta encrucijada. España y la UE quieren liderar la implantación del 5G y si bien hay elementos de la red que pueden ser instalados por fabricantes europeos, en otros la tecnología china lleva demasiada ventaja. Eliminar completamente a Huawei de la ecuación podría retrasar hasta dos años la implantación del 5G, explicaron fuentes del sector a eldiario.es.
Reutilizar, reparar o reciclar los aparatos electrónicos
Además de la transformación digital, Pedro Sánchez también ha elevado la lucha contra el cambio climático al rango de vicepresidencia con el ascenso de Teresa Ribera, hasta ahora ministra de Transición Ecológica. De esta última cartera deberán salir las medidas destinadas a reducir las emisiones de la industria digital (un solo día de uso de Netflix a nivel global produce las mismas emisiones que 300.000 taxis en un año), pero también las que ayuden a reducir la producción de basura electrónica, que se dispara año a año fomentada por las políticas empresariales de los fabricantes de dispositivos, que dificultan que los usuarios los reparen o renueven solo algunos de sus componentes para alargar su vida útil.
Según datos de la ONU, solo el 20% de los aparatos electrónicos se recicla adecuadamente, a pesar de los materiales valiosos que incluyen que podrían ser reutilizados. El primer informe del organismo sobre este problema, publicado este 2019, cifraba en 55.000 millones de euros el valor de esos componentes que se pierden por la ausencia de un adecuado circuito de reciclaje.
Medidas como obligar por ley a abaratar el cambio de algunos de los componentes con más desgaste de los dispositivos móviles, como las baterías o las pantallas, o permitir al usuario hacer pequeñas reparaciones en ellos por su cuenta, ayudarían a mejorar la situación. El Gobierno de coalición se ha comprometido a desarrollar la “Estrategia de Economía Circular para alcanzar el 'residuo cero' en el horizonte 2050” así como “medidas de eficiencia en sectores clave”, entre los que cita la “fabricación eléctrica y electrónica”.
Aumentar la paridad entre los trabajadores tecnológicos
Cuando eldiario.es ha preguntado a las mujeres que despuntan como profesionales en el sector de la tecnología por qué hay una diferencia tan grande entre el número de trabajadores y trabajadoras (las cifras rondan el 80%-20%), parte de la respuesta suele coincidir: “Faltan referentes”. “Siempre que hablamos de mujeres y tecnología decimos que hacen falta ejemplos que visualicen que se puede llegar”, explicó Rosa Díez, directora del Incibe; “Yo siempre digo que el motivo de que yo esté aquí es que tuve unos padres ejemplares. Yo pedí un garaje a los Reyes Magos y me lo trajeron”, dijo Elena García, investigadora del CSIC; “La mayoría de las niñas no descarta una carrera tecnológica a los 18 años sino antes de los 15”, afirmó Ana Freire, informática e investigadora.
Una de las políticas feministas que ha avanzado el nuevo Gobierno para esta legislatura es precisamente trabajar para reducir la brecha de género en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entre sus puntos se incluye formar en perspectiva de género al profesorado especializado o “programas específicos de fomento de vocaciones tecnológicas a partir de la etapa de primaria”.