Telegram ha modificado este lunes sus políticas de privacidad para informar de que a partir de ahora colaborará con las autoridades en la investigación de los delitos que se cometen en su plataforma, facilitando datos personales sobre los presuntos sospechosos. El cambio supone un giro de 180 grados en las actuales prácticas de Telegram, que hasta ahora presumía de no responder a este tipo de peticiones.
“Si Telegram recibe una orden válida de las autoridades judiciales pertinentes que confirme que eres sospechoso en un caso relacionado con actividades criminales que violen los términos de servicio de Telegram, realizaremos un análisis legal de la solicitud y podremos revelar tu dirección IP y número de teléfono a las autoridades”, se puede leer ahora en la política de privacidad de la plataforma.
Los términos de servicio de Telegram indican que se prohíbe su uso para enviar spam o estafar a los usuarios, “promover la violencia en canales de Telegram públicamente visibles”, “publicar contenido pornográfico ilegal en canales de Telegram públicamente visibles” o “participar en actividades reconocidas como ilegales en la mayoría de los países. Esto incluye el abuso de menores, vender u ofrecer bienes y servicios ilegales (drogas, armas de fuego, documentos falsos), etc.”.
Hasta ahora Telegram no hacía ninguna referencia a sus términos de servicio en ese punto de su política de privacidad. Al contrario, la plataforma especificaba que solo se plantearía atender este tipo de peticiones de información en los casos de terrorismo. No obstante, la propia red añadía que “nunca” había atendido ninguna.
“Si Telegram recibe una orden judicial que confirme que eres sospechoso de terrorismo, podemos revelar tu dirección IP y número de teléfono a las autoridades pertinentes. Hasta ahora, esto nunca ha ocurrido”, se informaba en la anterior redacción, según se puede comprobar en una captura de su página realizada este sábado por Internet Web Archive, una herramienta que permite a los usuarios ver versiones archivadas de sitios web en diferentes momentos del tiempo.
La modificación llega semanas después de la detención del fundador de Telegram en Francia, el empresario de origen ruso Pável Dúrov. Está imputado por una docena de delitos, entre los que se encuentran la complicidad con el tráfico de drogas, difusión de pornografía infantil o pertenencia a banda criminal. Actualmente se encuentra en libertad bajo fianza de cinco millones de euros. Forbes estima que su fortuna asciende a 15.500 millones de euros.
En sus primeras declaraciones tras salir en libertad, Dúrov confesó que el rápido aumento de miembros de Telegram (que tiene unos 950 millones de usuarios, según sus datos) “facilitó que los delincuentes abusaran de nuestra plataforma”. También prometió “mejorar significativamente las cosas en este sentido”.
La negativa de Telegram a colaborar con las autoridades la convirtió en sus primeras etapas en un servicio muy utilizado por movimientos opositores a los regímenes autoritarios de todo el mundo. Sin embargo, en los últimos años esas mismas prácticas la habían convertido en el canal de comunicación oficial de muchos grupos de delincuentes y ciberdelincuentes.
Además, las principales organizaciones de defensa de los derechos digitales recomiendan ahora a los activistas no recurrir al servicio de Dúrov para escapar de la vigilancia de regímenes autoritarios. El motivo es que Telegram no utiliza cifrado de extremo a extremo por defecto, al contrario que otras apps de mensajería como Signal. Este método de seguridad es el único que asegura que las comunicaciones digitales no pueden ser interceptadas por un tercero.