Así es cómo el anglicismo “whistleblower” torpedea una ley que todos los partidos apoyan
Hacía falta proteger a aquellos que llevan ante las autoridades los abusos de los poderosos o filtran a la prensa los tejemanejes de los corruptos. En una negociación rápida y limpia para los estándares comunitarios, el Parlamento Europeo aprobó en abril la directiva que incluye un paquete de medidas de defensa para estos ciudadanos con 591 votos a favor, 29 en contra y 33 abstenciones. El Congreso español intentó hacer lo mismo desde 2016 y en tres años fue incapaz de lograrlo. Uno de los motivos es que los eurodiputados negocian en inglés y sabían a quien querían proteger: a los whistleblowers. En el Congreso no estaba tan claro.
Whistleblower es un término recogido en los ordenamientos jurídicos anglosajones. Se compone de “whistle” (silbato) y el verbo “to blow” (soplar) y hace referencia a “una persona que informa a alguien con autoridad sobre algo ilegal que está ocurriendo, especialmente en un departamento del gobierno o en una empresa”, recoge el diccionario Oxford.
La palabra tomó nueva relevancia para referirse a los filtradores de las grandes revelaciones de información que se produjeron gracias a Internet, como Chelsea Manning (Wikileaks, condenada a 35 años en EEUU por revelación de secretos, hoy indultada), Edward Snowden (espionaje de la NSA, exiliado en Rusia) o Hervé Falciani (defraudadores apoyados por la filial suiza del banco HSBC, amenazado de muerte y varias veces detenido).
La persecución que sufrieron estos whistleblowers decantó la balanza de los legisladores de todo el mundo para dotarles de un escudo legal especial, pero definir a quién se le iba a colocar ese escudo ha generado muchos problemas en España. Soplón, delator o chivato tienen connotaciones peyorativas, mientras que filtrador “tiene un significado menos específico”, explica la Fundeu, el manual del español urgente: “Mientras que este puede haber filtrado cualquier información, como la fecha de lanzamiento de un producto, el término whistleblower se aplica exclusivamente a quien denuncia irregularidades o prácticas ilegales”.
La Fundeu recomienda usar en su lugar la palabra “denunciante”, un término complicado a la hora de encajarlo en una ley. “Denunciante tiene un significado específico y muy delimitado en nuestro ordenamiento jurídico”, explica a eldiario.es José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha).
Una de esas delimitaciones es que no puede ser una figura anónima, que es el principal mecanismo de protección que se contempla para los whistleblowers: si nadie sabe quién es la fuente, nadie puede vengarse de ella.
“En España, para preservar la seguridad jurídica del denunciado, el denunciante tiene que darse a conocer. De hecho, en los procedimientos tributarios forma parte del expediente administrativo, sobre todo si tiene documentos que han servido la regularización o han tenido un papel crucial en la investigación”, prosigue Mollinedo.
El que se chiva necesita ser anónimo
Las salvaguardas del ordenamiento español no cambian la realidad del denunciante anónimo, solo la entorpecen. “En el Ministerio de Hacienda la mayoría de las denuncias son anónimas, llegan por escrito y sin nombre, o con remitentes inventados”, revela el secretario general de Gestha.
“Nos vendría muy bien en muchas ocasiones poder contar con esas personas, para explicar cosas que no han quedado claras, para ayudar a la investigación, pero esto no ocurre. La mayoría de la gente no quiere que se le identifique, porque lo que no quiere es que se corra la voz de que ha denunciado a su empresa, para que no le hagan el vacío en otras compañías”, explica.
La solución no gusta a todos
La solución que han propuesto las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para defender las libertades digitales en España es huir del término whistleblower. Al contrario, proponen adaptar el término francés lanceur d'alerte: alertador. Es una palabra presente en el diccionario español y la definición tan concisa de la Real Academia encaja: “Que pone en alerta”.
La organización Blue Print For Free Speech mantuvo conversaciones con los partidos políticos la pasada legislatura para asesorarles sobre cómo actuaron el resto de países para proteger a los alertadores. No en vano, España se ha quedado sola como el único país de la OCDE que no los ampara ni con una ley especial ni mediante el ordenamiento jurídico de otras leyes. El uso de “alertador” como la figura que debe recibir esa protección centró gran parte de esas reuniones.
“Denunciante es un término presente en el derecho penal procesal. Eso involucra muchas dificultades a la hora de avanzar en la legislación de protección de alertadores, que tiene que estar muy bien aceitada y coordinada con el derecho penal procesal, y por otro lado trae grandes confusiones a la hora de discutir sobre ello”, confiesa en conversación con eldiario.es Bruno Galizzi, portavoz de Blue Print.
Galizzi explica que los representantes de los partidos tomaron conciencia de la dicotomía, pero eso no supuso que todos intentaran corregirla. “En esas conversaciones hubo un reconocimiento de que los dos conceptos son diferentes, pero no terminó de haber una puesta en práctica de esa diferenciación. Entre sus enmiendas seguía conviviendo el término alertador con el de denunciante”, lamenta.
La negociación de aquella ley terminó decayendo tras más de dos años y medio de negociaciones con la convocatoria de elecciones. Xnet, otra de las organizaciones que presionan para la aprobación de estas medidas de protección, aprendió la lección, se adelantó a los partidos y presentó una propuesta ley el primer día hábil del Congreso tras el 28A, gracias al apoyo de 15 diputados de Compromís y ERC.
Sociedad civil para sacarlos del enredo
La Proposición de Ley de Protección Integral de los Alertadores de Xnet supone una trasposición casi directa de la directiva europea e intenta marcar el marco de negociación a los partidos para evitar que sigan enredados con el término “denunciante”. Ya ha sido admitida a trámite.
“En esta situación solo podemos salir ganando. Esta propuesta de ley es muy completa y aunque los partidos la tumben, lo que harán será copiar sus medidas y pegarlas en sus propios textos. Es un win-win”, ha defendido en declaraciones a eldiario.es Simona Levi, portavoz del grupo hacktivista.
Es el primer intento de trasposición de esta directiva europea que se da entre los socios comunitarios, reto al que se suma el hecho que la “figura del alertador no existe en nuestro ordenamiento jurídico”, detalla Mollinedo, de Gestha, organización que ha colaborado en la redacción de la propuesta de Xnet.
Europa se fijará en lo que ocurra en España. Si la trasposición sale bien, el texto resultante servirá de ejemplo al resto de países. “España es la primera frontera de cómo los alertadores que reportan corrupción serán protegidos bajo la nueva directiva europea. Por eso es importante poder hacer una diferencia entre alertador y denunciante en términos legislativos”, pide Galizzi, de Blue Print.
Vox, de momento, presentó este lunes una propuesta propia: “Proposición de Ley de Protección Integral de los Denunciantes de Corrupción”.
