Ámsterdam quiere prohibir que inversores compren viviendas nuevas para luego ponerlas en alquiler

Ámsterdam quiere prohibir que se puedan alquilar las viviendas de nueva construcción recién compradas. La propuesta forma parte de un paquete de medidas para luchar contra la subida de precios de la vivienda, la escasez de pisos asequibles y la llegada masiva de turistas.

El responsable de Urbanismo de la ciudad, Laurens Ivens, ha indicado que “cada vez son más los inversores que compran una vivienda en Ámsterdam con el objetivo de alquilarla inmediatamente. Esto implica que en el actual contexto inmobiliario, los compradores ‘normales’ tienen menos posibilidades de hacerse con una vivienda y no nos gusta esta situación”.

Ámsterdam sopesa está medida en un contexto en el que los habitantes de la ciudad están alarmados por el hecho de que en los tres últimos años se ha disparado el precio de la vivienda y el problema de la falta de viviendas asequibles ha ido en aumento, como también la afluencia de turistas. Algunos habitantes y negocios de la ciudad creen que esta situación podría llegar a destruir el tejido urbano.

Se calcula que en Ámsterdam una de cada cinco viviendas termina en manos de un inversor. Solo el año pasado, en el periodo comprendido entre enero y noviembre, unos 10.000 extranjeros se mudaron a la ciudad. La misma cifra de holandeses se fue de la ciudad. Esta experimentó un aumento natural de 5.000 habitantes.

La semana pasada, Ivens anunció un paquete de medidas para hacer cumplir la norma que establece un precio máximo para las viviendas de nueva construcción habitadas por sus propietarios. También impulsará una campaña contra el subalquiler de viviendas sociales; una práctica que está prohibida.

Las autoridades también quieren controlar los alquileres cortos al estilo Airbnb, que representan el 12% de las pernoctaciones turísticas en la ciudad. La ministra holandesa de Interior, Kasja Ollongren, ha anunciado un plan para crear un registro nacional. Por otra parte, sobrepasar el máximo de días permitido de alquiler a través de este tipo de plataformas (en el caso de Ámsterdam, el máximo anual es de 30 días) podría tipificarse como un delito castigado con multas elevadas.

“No creemos tener una solución mágica, pero queremos impulsar un paquete de medidas para que Ámsterdam sea una ciudad más habitable para los que viven en ella”, indica una portavoz del Ayuntamiento: “La prioridad de una ciudad es que se pueda vivir, en segundo lugar, que se pueda visitar”.

En los últimos años, Ámsterdam ha atraído a negocios internacionales, especialmente desde la victoria del Brexit. En 2017, Ámsterdam pasó a formar parte de la lista de ciudades que integran el índice global de la burbuja inmobiliaria del banco de inversión suizo UBS y ahora es la séptima después de Londres y Nueva York en términos de relación precio-ingresos, con un precio medio de venta de 448.000 euros en el último trimestre de 2018. Según la Federación de Asociaciones de Vivienda de Ámsterdam (AFWC), no hay suficientes viviendas asequibles, a pesar de que el 39% de las casas de la ciudad son viviendas sociales.

“Constantemente hacemos referencia a personas que ya han cumplido 31 años y no tienen más remedio que seguir viviendo con sus padres o que compran una casa que terminarán de pagar sus nietos”, indica Egbert de Vries, director de AFWC: “La población va a crecer, debido al aumento de la esperanza de vida y por el hecho de que en los últimos 50 años se ha registrado un aumento de la inmigración. En la última década hemos construido 60.000 viviendas menos, y aquellos que consiguen una casa han estado en la lista de espera durante 15 años”. Si bien considera que la construcción de viviendas asequibles es la principal acción que se debe impulsar, también cree que impulsar medidas para garantizar que aquellos que compran una vivienda tienen intención de vivir en ella contribuiría a mejorar la situación.

David Wachsmuth, experto en planificación urbana y gobernabilidad de la Universidad McGill de Montreal, ha estudiado cómo los alquileres vacacionales reducen el parque de viviendas. Señala que la medida de prohibir alquilar viviendas de nueva construcción recién compradas serviría para limitar los alquileres turísticos en otras ciudades que también tienen un problema de falta de viviendas asequibles como Londres.

“Es evidente que muchas viviendas de nueva construcción pasan al mercado del alquiler tan pronto como se compran, por lo que tratar de garantizar que estas propiedades estén ocupadas por residentes a largo plazo es una buena política pública”, comenta Wachsmuth.

“Y lo que es más importante, evidencia los retos a los que se enfrentan Ámsterdam y muchas otras ciudades al regular los alquileres a corto plazo... sobre todo porque Airbnb y otras plataformas similares siempre intentan eludir y burlar la normativa que restringe su crecimiento”, añade.

Sin embargo, otros expertos han expresado su preocupación por la medida. Emile van Gelder, de la agencia inmobiliaria de Ámsterdam Peter Bruin, ha indicado que una norma que obligara a comprar una vivienda y habitarla sería una “vulneración inaceptable del derecho de propiedad” y que la solución pasa por construir más viviendas.

Según Stephen Hodes, del centro de estudios Ámsterdam in Progress, con esta medida las autoridades municipales están tratando los síntomas en lugar de la enfermedad. Hodes se pregunta lo siguiente: “¿Qué pasa si los padres compran una casa para que sus hijos estudien en Ámsterdam o si yo compro una casa y me envían al extranjero por seis meses para trabajar? El verdadero problema son los inversores que compran varias casas para alquilarlas, y esta regulación les afectará, pero también afectará la libertad de los residentes 'normales'”.

En un comunicado, Airbnb ha indicado que ha ayudado a sus 20.000 anfitriones de Ámsterdam a cumplir con las reglas y pagar impuestos: “Desde hace tiempo hemos apoyado la creación de un registro nacional, como una herramienta fácil de usar que permite a las ciudades de los Países Bajos obtener los datos que necesitan y desalienta eficazmente las malas prácticas... Esperamos poder trabajar junto con los responsables políticos en la implementación de un sistema que sea justo, proporcionado y acorde con la legislación de la UE”.

Traducido por Emma Reverter