Los británicos no solo han votado Brexit: las ideas de Johnson, en cinco claves

La campaña de Boris Johnson para las elecciones, en las que arrasó el pasado jueves, pivotó principalmente sobre una medida: hacer efectiva la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Sin embargo, durante su carrera hacia la presidencia, Johnson hizo una serie de promesas y comentarios que dan pistas sobre sus futuras políticas gubernamentales.

Especialistas en cada materia de The Guardian analizan qué se puede esperar del nuevo Gobierno en áreas clave como la sanidad, la educación o el orden público.

Sanidad

Johnson afirmó que el sistema nacional de sanidad pública (NHS, por sus siglas en inglés) sería una prioridad de su Gobierno. Durante la campaña, lanzó una serie de promesas –que incluyen el presupuesto, contratación de personal y nuevas instalaciones– que tendrían el propósito de revivir un servicio en visible agonía, que según los directores de los hospitales está “arrodillado”. El apoyo locuaz de Johnson a una institución que “representa lo mejor de nuestro país” provoca que se vaya a mirar de cerca si cumple sus promesas, varias de las cuales pueden resultar muy difíciles de llevar a cabo.

Johnson ha prometido aumentar el presupuesto del NHS en el Reino Unido en 24.500 millones de euros en términos reales (descontada la inflación), hacia 2023-24. Es una cifra menor a los más de 30.000 millones de euros que prometía el laborismo. Si bien sería el mayor aumento de presupuesto que haya recibido el NHS, los aumentos anuales del 3,4% son menores que el promedio histórico del sistema sanitario y menos que lo que los expertos consideran que es necesario, dada la demanda de pacientes, que está aumentando rápidamente.

Los conservadores se han comprometido a construir 40 hospitales nuevos en Reino Unido para 2030. Solo seis de estos –que recibirán 3.200 millones de euros y deberían estar listos en 2025– han sido identificados hasta ahora. Otros 21 centros de atención del NHS compartirán un capital inicial de 120 millones de euros para diseñar los restantes 34 proyectos. Los expertos afirman que los 40 hospitales costarán casi 29.000 millones de euros, aunque el Gobierno calcula unos 15.500 millones de euros. No queda claro si el dinero saldrá del presupuesto del NHS o si saldrá del capital aparte que han prometido Johnson y su secretario de sanidad, Matt Hancock.

Uno de los mayores problemas del sistema sanitario británico es la falta de personal. Johnson fue criticado por prometer la contratación de 50.000 enfermeros nuevos y luego admitir que 18.500 de ellos serían en realidad enfermeros que ya trabajan en el NHS y a los que se les impedirá jubilarse anticipadamente. Restablecer las becas de 9.500 euros al año para estudiantes de enfermería podría mejorar el reclutamiento, pero los expertos en la materia dudan que se llegue a las 50.000 plazas prometidas.

El mismo escepticismo existe en torno a la promesa de contratar 6.000 nuevos médicos generales, dado que la cantidad de médicos en realidad ha bajado a pesar del compromiso de 2015 de aumentar la cantidad de médicos de familia en 5.000 plazas. Si no se contratan más médicos generales, la promesa de tener 50.000 contrataciones nuevas será una ilusión, incluso si se consiguen más fisioterapeutas, farmacéuticos y otros profesionales de la salud para liberar un poco a los médicos de familia.

Los tiempos de espera en las salas de urgencias, para operaciones planificadas y tratamientos contra el cáncer han empeorado tanto en los últimos años que el centro de estudios Fundación para la Salud ha advertido de que “la red de seguridad del NHS está a punto de romperse”. Los retrasos son peores que nunca, desde que se tiene registro. Es muy probable que el peor problema de sanidad al que se enfrente Johnson sean los millones de personas afectadas por los tiempos de espera cada vez mayores. Johnson no tiene ningún plan específico para resolver esto, aparte de mayor presupuesto, más personal y apoyo al plan de largo plazo del NHS, que busca que la gente adopte hábitos más saludables.

Educación

Las políticas del nuevo Gobierno en materia de educación en Reino Unido son más conocidas, ya que las propuestas para escuelas, institutos y universidades se anunciaron incluso antes de que comenzara la campaña electoral.

En términos de reformas, las políticas más importantes ya se están implementando desde el Gobierno de David Cameron: convertir escuelas de gestión local en academias y utilizar el dinero de matrículas y préstamos para estudiantes para financiar la demanda de educación superior. Si bien Theresa May quería revisar el sistema de matrículas y préstamos, Boris Johnson no ha mostrado intención de hacerlo, más allá de su propuesta de recortar la tasa de interés que pagan los estudiantes.

El escueto programa del Partido Conservador promete más dinero para las escuelas, dando marcha atrás a los recortes en términos reales que se están realizando desde 2009. La intención de Johnson es aumentar el gasto por alumno a al menos 4.800 euros en escuelas primarias y 6.000 euros en institutos, aunque muchas escuelas en zonas pobres y urbanas ya tienen un presupuesto mayor. Gavin Williamson, secretario de educación, ha anunciado que el salario inicial de los maestros será aumentado a 36.000 euros al año, para promover la contratación. Sin embargo, los maestros que ya están contratados no están contentos con la promesa de los conservadores de incrementar las inspecciones realizadas por la Oficina de Normas en Educación, Servicios y Habilidades para Niños.

Las promesas sobre los primeros años de escolarización han sido difusas. Se mencionó un “fondo de 1.200 millones de euros para cuidados infantiles”, pero no hay compromiso de aumentar el presupuesto en salud mental para la niñez y la juventud. Respecto de la educación para mayores de 16 años, los conservadores ya habían prometido un aumento de presupuesto de 480 millones de euros, una cifra que ni siquiera se acerca a lo necesario para detener la caída del presupuesto por estudiante, especialmente en los dos últimos años del instituto que son optativos.

Con Michael Gove en el Gobierno, es poco probable que la gestión de Johnson se meta con las estructuras escolares, aunque puede haber medidas legislativas que busquen convertir las escuelas financiadas por las autoridades locales en academias.

Por otro lado, hay algunas leyes educativas que deben ser reformadas urgentemente: es probable que Williamson o quien sea que lo suceda tenga que ocuparse de los centros de formación profesional y los servicios para la primera infancia. Y, si bien los rectores universitarios pueden quedarse tranquilos porque se mantendrán los valores de las matrículas, estarán nerviosos por saber cómo se resolverá el presupuesto para investigación en el contexto pos-Brexit.

Orden público

En cuanto Johnson asumió el poder, el enfoque de mano dura de los conservadores respecto de los asuntos penales y judiciales quedó clara. Una de sus primeras promesas fue la incorporación de 20.000 agentes de policía. Esta contratación es más bien una restauración, ya que los gobiernos conservadores de los últimos nueve años han recortado la cantidad de policías en la misma cifra.

La medida marcó la pauta. Fue posteriormente reforzada con planes de ampliar los poderes para detener y cachear a personas, reduciendo las autorizaciones que necesitan los agentes para emplear esta táctica y disminuyendo el grado de certidumbre que hace falta para determinar que puede ocurrir un hecho violento. El Gobierno también está aumentando la cantidad de pistolas de descarga eléctrica que poseen las fuerzas del orden.

Durante la campaña, a menudo Johnson y su equipo hablaron de planes para aumentar las penas de los delitos sexuales y violentos, especialmente en relación al ataque terrorista en el Puente de Londres, algo que fue criticado por la familia de una de las víctimas.

En el congreso conservador de septiembre, el secretario de Justicia anunció que los condenados por delitos violentos y sexuales con las sentencias máximas de prisión perpetua, así como quienes estén condenados a al menos cuatro años de prisión, tendrán que cumplir con dos tercios de la condena antes de poder pedir la libertad condicional, en contraste con la normativa que exige el cumplimiento de la mitad de la condena.

Durante la campaña, se comprometieron a condenar “de por vida” a toda persona que asesine a un niño, prometiendo que estos criminales morirán en la cárcel y no podrán ser puestos en libertad. En realidad, esta medida se podría aplicar a muy pocos casos y recibió las críticas de quienes la consideraron una promesa populista de campaña.

La propia estrategia del Gobierno contra el crimen violento reconoce que este tipo de delito está claramente vinculado a “condiciones pobres de vida”. En el programa conservador se habla poco de hacer algo para solucionar estas cuestiones más complejas que yacen detrás del crimen.

Medios de comunicación

Durante la campaña, los conservadores se burlaron de la BBC de no dejar que el primer ministro fuera entrevistado por Andrew Neil, poniendo sobre el tapete el presupuesto público de la cadena y amenazando el futuro de Channel 4.

Lo que no ha quedado claro es qué partes eran informaciones beligerantes de la prensa conservadora que pretendían cambiar la narrativa diaria y cuáles eran propuestas reales de políticas sobre medios de comunicación. Fueron reveladoras las reflexiones de Johnson sobre la necesidad de revisar si una tasa impuesta a hogares que tengan un aparato determinado es sostenible en la realidad actual –pronunciada en respuesta a una pregunta durante un evento de campaña, no en una intervención planificada–.

Sería difícil lograr una supresión del canon, y sería necesaria cierta legislación, ya que la carta real de la BBC garantiza la existencia del mismo hasta 2027. Un mayor factor de riesgo para la BBC son las negociaciones sobre el coste del canon para el período 2022-27. Esto le da a la empresa dos años para argumentar que la tasa debe seguir aumentando, ya que la alternativa sería aceptar recortes justamente cuando la organización cumpla 100 años.

Más preocupantes para la cadena han sido los comentarios del secretario de Justicia, Robert Buckland, cuando afirmó que el partido está analizando la despenalización de la falta de pago del canon, lo cual podría socavar los ingresos presupuestarios de la BBC.

El futuro de Channel 4 será debatido al final de las sesiones parlamentarias de 2024. Los conservadores que ya están exasperados con la programación de la cadena han asistido a vídeos de la cobertura de las elecciones que mostraban a la audiencia abucheando los sondeos a pie de urna.

El nuevo secretario de Cultura tendrá que decidir cómo regular Internet para reducir los daños virtuales, e incluso decidir si se financia un nuevo ente regulador, aunque el programa conservador ha sido impreciso, algo típico, sobre este tema.

Mientras el laborismo culpa a los medios de comunicación de derechas por su derrota, la industria mediática británica se enfrenta a un duro período con menor apoyo público, en un momento en que muchos medios tradicionales ya están en problemas.

Constitución

Los velados compromisos del programa conservador de revisar “la relación entre el gobierno, el parlamento y los tribunales” han aumentado el temor de que se vea amenazada la independencia del Poder Judicial y la Ley de derechos humanos.

Una víctima inevitable será la poco querida Ley de Parlamentos de Plazo Fijo. En el programa se dedica solo una página a cuestiones constitucionales. Si bien la ausencia de detalles puede esconder intenciones radicales, también podría revelar la falta de políticas elaboradas.

El rápido reemplazo de secretarios de Justicia y la distracción del Brexit han impedido la aprobación de leyes, incluso aquellas que contaban con apoyo de todo el espectro de partidos, como la ley de divorcio, disolución y separaciones que introducía el divorcio sin culpa y la ley de violencia doméstica, que impedía el contrainterrogatorio de las víctimas.

Las repetidas promesas de protección a miembros de las fuerzas armadas contra “acusaciones legales acosadoras” han sido criticadas por la Oficina de Irlanda del Norte y el Ministerio de Defensa por el nivel de inmunidad que se ofrece a casos históricos.

Las declaraciones de que “después del Brexit”, “en nuestro primer año formaremos una comisión sobre Constitución, Democracia y Derechos que analice estas cuestiones en profundidad” dejaron en claro que no es una prioridad del Gobierno generar una revolución de la Constitución.

De igual forma, ha sido impreciso el compromiso de actualizar la Ley de derechos humanos para asegurar “un equilibrio adecuado entre los derechos de las personas, nuestra seguridad nacional y la efectividad del Gobierno”. Johnson ha sido incluso menos explícito que la promesa de May de retirarse del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, anunciada en 2016.

Sin embargo, la agitación en ciertos think-tanks conservadores ha sugerido que, tras sucesivas derrotas del Gobierno ante el Supremo, podrían hacerse nombramientos políticos de jueces de importantes tribunales. Otras personas como el Consejero de la Reina, Martin Howe, han propuesto reemplazar al Tribunal Supremo por un grupo de jueces “de más bajo perfil y menos activista”.

¿Es posible que una referencia en el programa al “acceso a la justicia para la gente común” sea una insinuación de conservadurismo One-nation? Los abogados están desesperados por que se mejore la financiación de un sistema judicial derruido: desde 2010, el Ministerio de Justicia ha sufrido recortes del 40% de su presupuesto, sobre todo en el Palacio de Whitehall.

Una de las promesas del programa conservador, hecha en varias ocasiones pero nunca cumplida, irónicamente podría haber logrado la derrota del referéndum de 2016 sobre el Brexit. Eliminar la norma que prohíbe votar en elecciones parlamentarias desde el extranjero a los británicos que llevan 15 años fuera podría darles el derecho al voto a casi un millón de votantes pro-UE. Si Johnson decide cumplir con esta demorada promesa, podría dar una idea de cuán comprometido se siente con su programa.

Traducido por Lucía Balducci