La destrucción del planeta es un crimen que debería ser castigado

¿Por qué esperamos a que alguien fallezca para rendirle tributo? Creo que deberíamos aprender a superar la vergüenza que nos produce hablar bien de alguien que está vivo y elogiarlo en vida. Y es precisamente con esta filosofía que quiero hablarles de la labor que está haciendo Polly Higgins y que está cambiando el mundo.

Higgins es una abogada que ha consagrado su vida a dar forma a un nuevo crimen internacional: el ecocidio. Cometen ecocidio aquellos que causan graves daños o la destrucción del hábitat natural y del ecosistema terrestre. Si esta propuesta prosperara, las personas que cometen estas acciones, como altos directivos de una empresa o los ministros de un gobierno, tendrían que rendir cuentas ante un tribunal penal por el daño que causan a los demás. Al mismo tiempo, existiría la obligación legal de cuidar de los seres vivos de la Tierra.

Creo que la tipificación de este crimen lo cambiaría todo. Cambiaría radicalmente el equilibrio de poder, obligando a cualquiera que se plantee un acto de vandalismo a gran escala a preguntarse a sí mismo: “¿Terminaré rindiendo cuentas ante el Tribunal Penal Internacional por mis acciones?” Podría marcar la diferencia entre un planeta habitable y uno inhabitable.

En la actualidad no existen protecciones eficaces que impidan que unas pocas personas, empresas o Estados poderosos causen daño medioambiental para acumular dinero o poder. Aunque sus acciones pueden llevar a la muerte de millones de personas, se saben intocables. Su impunidad –al participar en posibles asesinatos en masa– revela un enorme vacío en el derecho internacional.

La semana pasada, por ejemplo, el grupo de investigación InfluenceMap informó que las cinco mayores empresas de petróleo y gas del mundo que cotizan en bolsa, lideradas por BP y Shell, se gastan cerca de 200 millones de dólares anuales en grupos de lobby para presionar a los políticos y convencerlos de que retrasen las medidas encaminadas a prevenir la degradación del clima. Según la organización Greenpeace en Reino Unido, BP ha conseguido convencer al gobierno de Trump para que revoque las leyes aprobadas por la Administración Obama que impiden que las empresas liberen metano, un poderoso gas de efecto invernadero, a la atmósfera. El resultado, equivalente a la emisión de otros 50 millones de toneladas de CO2 en los próximos cinco años, acelera el efecto invernadero en la Tierra.

A las playas de Francia están llegando cientos de delfines muertos, a menudo con heridas horribles. ¿Por qué? Porque las empresas que pescan lubina con técnicas de arrastre no toman las precauciones básicas para evitar que los delfines queden atrapados en las redes. Los delfines se ahogan en las redes o, si son capturados heridos, son apuñalados hasta la muerte (para que se hundan) por los pescadores. Por un aumento marginal de sus ganancias, las empresas pesqueras podrían estar llevando a los delfines comunes a la extinción.

En Papúa Occidental, ocupada ilegalmente por Indonesia, el grupo ecologista Mongabay informa de que un consorcio internacional tiene la intención de deforestar una selva tropical del tamaño de Somerset para plantar palma aceitera. Los pueblos indígenas no han dado su consentimiento. El proyecto Tanah Merah está abriendo un agujero en una enorme extensión de selva virgen en la que habitan especies que no se encuentran en ningún otro lugar. Según Mongabay, si este plan se lleva a cabo, anualmente producirá tantos gases de efecto invernadero como el estado de Virginia.

Cuando los gobiernos son cómplices de estas acciones (como en todos estos casos), ¿cómo se pueden prevenir estas atrocidades? Los ciudadanos pueden interponer demandas civiles, si tienen el dinero y el tiempo para hacerlo, pero lo peor que le puede pasar a una empresa es tener que pagar una multa o una indemnización. Ninguno de sus ejecutivos será llevado ante un tribunal, aunque se haya lucrado con esta destrucción. Puede continuar atacando a los seres vivos del Planeta.

Las demandas contra los gobiernos pueden dar más frutos, pero solo si la legislación nacional (o europea) lo permite o si el Gobierno está dispuesto a acatarla. Es el caso de la demanda impulsada por un grupo ecologista contra el Estado holandés, cuyo objetivo final era tener un ordenamiento jurídico que promueva la reducción de los gases de efecto invernadero. Si este no es el caso, nos encontramos ante una situación en la que en las cumbres internacionales los autores de estas atrocidades se sientan junto a los Estados ante los cuales deberían rendir cuentas y lo único que podemos hacer es pedirles amablemente que no maten a nuestros hijos. Estos crímenes de lesa humanidad no deben ser objeto de negociación; simplemente deberían ser castigados.

Hasta 1996, los borradores del Estatuto de Roma, que enumera los crímenes internacionales contra la humanidad, incluían el crimen de ecocidio. Sin embargo, a medida que se avanzaba en el redactado final, el crimen de ecocidio fue descartado a instancias de tres Estados: el Reino Unido, Francia y los Países Bajos. El ecocidio parecía una causa perdida hasta que Higgins decidió defenderla hace 10 años.

La abogada dejó su trabajo y vendió su casa para financiar esta campaña en nombre de todos nosotros. Ha redactado modelos de leyes para mostrar cómo sería el delito de ecocidio, ha publicado dos libros sobre el tema y, a menudo, y a pesar de una fuerte oposición, ha presentado sus propuestas en encuentros internacionales. Fundó el grupo de Protectores de la Tierra, que ahora quiere financiar la campaña a través de una plataforma de crowdfunding. Recientemente Higgings ha estado trabajando con la República de Vanuatu con vistas a presentar una enmienda al Estatuto de Roma, con el objetivo de que se introduzca una reforma y subsanar este vacío legal.

La semana pasada a Polly, de 50 años, le diagnosticaron un cáncer agresivo que se ha propagado por gran parte de su cuerpo. Los médicos le han dicho que le quedan seis semanas de vida. Teniendo en cuenta su determinación y el apoyo de los que la rodean, espero que desafíe este pronóstico, ante el que ha reaccionado con una entereza asombrosa. “Si este es mi momento de partir”, me dijo “mi equipo legal continuará mi labor”. Millones de personas están preocupadas por su futuro y se sienten impotentes y me gustaría que empezaran a comprender que esta ley, tan simple en realidad, podría proteger la Tierra y que se percataran de que es posible, incluso sencillo. Ojalá pueda vivir lo suficiente para ver a un millón de Protectores de la Tierra apoyando esta campaña, porque creo que tarde o temprano lo harán“.

La labor que ha empezado Higgins no termina aquí. Si la apoyamos y se consigue tipificar el delito de ecocidio se podría conseguir la misma protección que tienen las minorías vulnerables con el delito de genocidio. Se protegería un ámbito que en la actualidad está desprotegido. Que este sea su legado.

Traducido por Emma Reverter