Los narcos mexicanos aprovechan la crisis del coronavirus para ganarse el favor de la población

En un vídeo, grabado con un teléfono móvil en la ciudad de Apatzingán, se ve a hombres con fusiles de asalto en actitud vigilante junto a la camioneta de la que sus compañeros sacan bolsas con comida para repartir entre una multitud de mujeres, casi todas mayores. Al hombre que graba no se lo ve pero sí se le escucha decir que la ayuda viene del jefe criminal de la zona, “que dirige las cosas aquí”, en esta ciudad del estado del estado de Michoacán.

Mientras México se prepara para llegar en mayo al pico de contagios por coronavirus, las bandas criminales del país toman posiciones para explotar la pandemia en su propio beneficio. En los últimos 20 años, los sucesivos Gobiernos mexicanos han demostrado ser incapaces de frenar a estos grupos armados fuera de la ley cuyo control creciente sobre el territorio provoca cada vez más muertos.

Según un análisis que la ONG Crisis Group hizo a partir de información pública, hay unos 200 grupos criminales activos en el país, con nuevos máximos en el número de homicidios cada año. En 2019, el año más sangriento desde que en los noventa comenzaron los registros modernos, hubo 34.582 homicidios.

En otros países de América Latina la pandemia ha reducido los niveles de violencia porque las bandas, desde Brasil hasta El Salvador, han impuesto toques de queda. Pero en México, los enfrentamientos armados entre facciones rivales han seguido durante marzo y principios de abril. Sólo el mes pasado se registraron 2.585 homicidios.

Con las autoridades mexicanas concentradas en el control de la pandemia, los analistas temen que los grupos criminales aprovechen la crisis para sacar aún más al Estado de su territorio. Según personas cercanas a Los Viagras, como se llama la banda que protagoniza el vídeo de reparto de comida de Apatzingán, el grupo está pidiendo “contribuciones” a las empresas del lugar para financiar las bolsas.

A sólo 30 kilómetros de allí, un lugarteniente de una banda rival dijo que se habían dado “instrucciones” al municipio para que creara un banco de alimentos con el que los criminales organizarían los repartos de comida. Alejandrina Guzmán, hija del narcotraficante encarcelado Joaquín “El Chapo” Guzmán, publicó la semana pasada un vídeo en Facebook donde ella y otras mujeres arman “paquetes del Chapo” con papel higiénico, alimentos enlatados, frijoles y arroz.

Según Vanda Felbab-Brown, investigadora de la Brookings Institution, “las fuerzas del orden en México se van a centrar en las medidas de confinamiento relacionadas con la COVID-19 y está claro que los grupos criminales están aprovechando la crisis económica y el encierro para ganar capital político”.

Bandas criminales como protectoras

Las bandas de México oprimen a las comunidades bajo su control ejerciendo la violencia, organizando secuestros y chantajeando a las empresas y a la población general. Pero también actúan como guardianes y protectores. Cuando el Estado es incapaz de proporcionar seguridad básica en poblaciones marginadas, los grupos delictivos intervienen como defensores autoproclamados, llevándose a su terreno a la población local.

El apoyo de la comunidad puede servirles como un cordón de seguridad contra incursiones de las fuerzas del Estado y de las bandas rivales. En una entrevista reciente, el jefe del Cártel del Sur (uno de los grupos que compiten por la Sierra de Guerrero, en el sur de México y donde se produce la mayor parte de la heroína del país), lo dijo claramente: “Si protegemos a la gente del lugar, ellos también nos protegerán”.

Los ciudadanos bajo el dominio de bandas criminales comprenden perfectamente el motivo de las ayudas. “No es que ninguno de ellos sea buena gente”, dijo una persona de Michoacán, “pero la verdad es que no podemos esperar mucho de nadie más, por lo menos a ellos los conocemos, de alguna manera son la solución menos mala”.

Las poblaciones más pobres van a ser las más afectadas por la parálisis de la COVID-19 y por el mínimo histórico del precio del petróleo. Las estimaciones del Banco Mundial hablan de un decrecimiento económico del 6% para 2020. Sólo entre mediados de marzo y principios de abril se perdieron 346.000 empleos en la economía formal de México. El problema es que más de la mitad de la fuerza de trabajo del país está empleada en el sector informal, que posiblemente se verá más perjudicado.

El desalentador panorama económico también es una amenaza para el plan anticrimen de Andrés Manuel López Obrador, el presidente que llegó al poder con la promesa de abordar las causas socioeconómicas que convierten a los jóvenes en soldados de los grupos criminales. El inminente retroceso económico va a dificultar sus programas sociales, que todavía no habían terminado de arrancar.

Según David Ramírez, coordinador del programa de seguridad del centro de estudios México Evalúa, “a estos programas les faltaba algo desde el principio”. “Los documentos donde se detallan ni siquiera mencionan el crimen, la violencia o la inseguridad”, afirma.

Ahora que las autoridades mexicanas tienen que concentrarse en temas de salud pública, algunos grupos criminales pueden verse tentados a iniciar nuevas peleas territoriales. En el último mes se han registrado muertes, desapariciones y desplazamientos forzados en todo el país, incluyendo los estados de Tamaulipas (norte), Michoacán y Guanajuato (centro) y Guerrero (sur).

El Cártel de Jalisco Nueva Generación, nuevo centro neurálgico criminal tras la extradición a EEUU del Chapo Guzmán (Cártel de Sinaloa), intensificó a principios de abril su avance hacia el densamente poblado estado de México, que rodea a la capital.

En gran medida, el impacto a largo plazo de la COVID-19 en el crimen organizado de México dependerá de la duración de la pandemia. Según un abogado mexicano que ha negociado acuerdos entre el Cártel de Jalisco y las autoridades, a los delincuentes también les preocupan las consecuencias económicas del brote: “Ahí fuera todo el mundo está preocupado. El transporte marítimo ha disminuido y los grupos criminales están teniendo problemas para conseguir los componentes [para hacer metanfetamina y fentanilo], y el hecho de que haya menos vuelos comerciales desde Colombia significa que está llegando menos cocaína”.

El abogado también dijo que algunas bandas habían dejado de pagar el salario a sus miembros. “Por ahora, la sacudida es temporal, pero si la presión dura más, muchos van a recurrir a medidas alternativas como la extorsión y el secuestro”.

Traducido por Francisco de Zárate