Una periodista colombiana logra justicia 19 años después de ser secuestrada y violada
El año pasado 477 periodistas fueron amenazados o atacados, en un contexto de luchas entre distintas facciones para hacerse con el territorio que en el pasado controlaban las FARC
Han pasado casi veinte años desde su calvario, pero a la periodista y activista colombiana Jineth Bedoya todavía se le quiebra la voz cuando describe el día en que fue brutalmente atacada por un grupo de hombres. “Es difícil entender lo que pasó, todo lo que sé es que quería morir”, afirma.
Bedoya estaba investigando los escuadrones de la muerte paramilitares de derechas. En mayo del año 2000, cuando supuestamente se dirigía a una cárcel para entrevistar a un líder de la milicia, fue secuestrada, drogada, violada por un grupo de hombres y torturada. “En realidad no iba a una entrevista, sino que fui víctima de una trampa”, explica Bedoya. “No sé la secuencia de los hechos. Pasaron tantas cosas que ni siquiera sabía dónde estaba”.
En mayo, en la que representa una inusual victoria contra la impunidad, dos de los hombres que atacaron a Bedoya fueron condenados a décadas de prisión. Pese a esta victoria judicial, las organizaciones que velan por la libertad de prensa alertan de que las amenazas y los ataques contra los periodistas colombianos vuelven a ser cada vez más frecuentes, especialmente en las zonas rurales más remotas.
El año pasado, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), con sede en Bogotá, registró 477 casos de ataques o amenazas a periodistas, un aumento del 53% respeto a 2017. Tres reporteros colombianos fueron asesinados, en comparación con un asesinato en 2017.
En 2016 el Gobierno alcanzó un acuerdo de paz con los rebeldes izquierdistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). A pesar de que el acuerdo debía marcar el inicio de un periodo pacífico en el país, la violencia persiste ya que las facciones guerrilleras disidentes y los paramilitares de derechas luchan por hacerse con el control del territorio que antes estaban en manos de las FARC.
La cifra de ataques contra los activistas y los líderes sociales no tiene precedentes. De hecho, 702 han sido asesinados desde que se firmó el acuerdo. Por otra parte, 135 excombatientes también han sido asesinados.
En este contexto, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha sido acusado de poner cortapisas para que los acuerdos no se materialicen, ya que ha arremetido contra el tribunal especial de reconciliación que se constituyó y ha criticado las medidas previstas para el desarrollo de las zonas rurales.
Esto se produce en un contexto en el que a los periodistas cada vez les resulta más difícil hacer su trabajo en estas zonas del país.
“Es un hecho particularmente preocupante, ya que es precisamente en estos lugares donde los grupos armados están más presentes y es más difícil acceder a la información”, señala Pedro Vaca, de Flip. “En Colombia hay pocos medios de comunicación nacionales, por lo que la cobertura de la situación del país se vuelve más vital y los ataques contra un periodista propician una cultura de autocensura”.
Los medios de comunicación extranjeros también han tenido dificultades para hacer su trabajo. El corresponsal del New York Times, Nicholas Casey, y el fotógrafo Federico Ríos Escobar tuvieron que abandonar el país después de informar sobre una orden militar que abogaba por establecer un sistema de cupos de asesinatos de combatientes enemigos. Miembros del partido en el Gobierno, el Centro Democrático, atacaron a Casey en Twitter, y una senadora, María Fernanda Cabal, lo acusó de tener vínculos con los rebeldes.
Cuando más tarde se supo que el prestigioso semanario local 'Semana' había sido el primero en conocer la orden, pero había optado por no publicar la noticia, uno de sus columnistas, Daniel Coronell, criticó esta decisión en una de sus columnas a finales de mayo. Fue despedido a finales de esa semana, aunque el semanario tuvo que readmitirlo porque muchos lectores se quejaron.
A veces se hace justicia, pero es dolorosamente lenta
Después de ser atacada en mayo de 2000, Bedoya fue dada por muerta. Sin embargo, más tarde se vio obligada a investigar por su cuenta este brutal episodio de su vida ya que la investigación oficial no esclareció los hechos.
“Básicamente, durante años el Gobierno optó por no investigar”, señala Bedoya. “Así que después de querer estar sola, después de querer suicidarme, tuve que hacerlo yo misma”.
En mayo, Diecinueve años después de los hechos, dos exparamilitares, Alejandro Cárdenas Orozco y Jesús Emiro Pereira Rivera, fueron condenados a penas de 40 y 30 años de cárcel respectivamente por su participación en el ataque. Sin embargo, no se han presentado cargos contra más de una veintena de sospechosos.
“El día de la victoria judicial mucha gente me felicitó pero opté por apagar el teléfono, no conectarme a las redes sociales y encerrarme en casa porque no tenía nada que celebrar, afirma Bedoya.
Durante el juicio, Bedoya tuvo que relatar el ataque frente a los atacantes, algo que ella describió como “una experiencia tan terrible como todo lo que me hicieron”.
“Esta sentencia ha llegado con un retraso increíble, y es sólo el comienzo”, afirma Vaca. “Esta decisión no habría sido posible sin la tenacidad, la valentía y el liderazgo de Jineth Bedoya.”
Bedoya cree que todavía tiene que enfrentarse a muchas cortapisas para poder informar. “Incluso ahora, debido a que todavía recibo amenazas, tengo que desplazarme siempre con tres guardaespaldas y en un vehículo blindado, y así es como tengo que informar”, señala. “¿Qué libertad de expresión es esa?”.
Su pronóstico para el país es igualmente sombrío. “Colombia está retrocediendo en derechos y libertades”, afirma.
“Cuando ves que los líderes sociales reciben amenazas, cuando te cuentan que a las mujeres las amenazan con violarlas si no se callan, cuando ves que atacan a los periodistas que no acatan la versión oficial del Gobierno, es desgarrador. Demuestra que le estamos dando la espalda a los elementos que componen la paz que tardamos años en alcanzar.
Traducido por Emma Reverter
