El presidente de México impulsa una 'ley garrote' que le habría llevado a él a la cárcel en los años 90
El presidente de México, un hombre que se dio a conocer hace años durante el bloqueo a instalaciones de Pemex (la compañía petrolífera estatal) en el sureste del estado de Tabasco, su estado natal, está siendo criticado por mostrar su apoyo a una ley estatal que endurece la criminalización de esta misma forma de protesta.
El lunes, miembros del partido MORENA de Andrés Manuel López Obrador aprobaron una ley que aplica severos castigos a la protesta social. Con penas de hasta 20 años de prisión para quien impida el acceso a empresas y 13 años para quien impida el trabajo en obras públicas.
Y esto sucede al tiempo que el hombre conocido como AMLO anuncia el comienzo de la construcción de una refinería en el estado con una inversión de 8.000 millones de dólares (€ 7.177 millones), un proyecto que no quiere ver demorado más allá de los cuatro años proyectados y del que aún está pendiente el plan de impacto medioambiental.
El secretario de gobierno del estado, Marcos Medina Filigrana lo ha explicado de la siguiente manera: “No es una ley anti protesta. Es una reforma contra la extorsión. Está claro”.
López Obrador se ha hecho eco del mismo punto de vista en una conferencia de prensa reciente, en la que explicó que Pemex y sus empresas subsidiarias han sido extorsionadas en el pasado por individuos cobrando derecho de piso en las carreteras que llevan hasta las instalaciones petrolíferas.
Quienes critican la medida la califican de hipócrita dada la historia del propio AMLO, un dirigente que ha lanzado a sus partidarios al bloqueo de calles o se ha negado a pronunciar una condena al sector disidente del sindicalismo magisterial, que en el pasado ha bloqueado ciudades por todo el país e incluso la capital.
“Es hipócrita para alguien que ha basado toda su carrera en su reputación para el bloqueo y la protesta”, opina Gerardo Priego, opositor en Tabasco. “¿Quién va a definir qué es extorsión y qué no lo es? ¿No serán sus aliados manifestantes legítimos y extorsionistas sus opositores?”
La etiqueta #LeyGarrote vinculada con imágenes de López Obrador, ensangrentado tras enfrentamientos con el ejército en su juventud, se ha convertido en tendencia en las redes mexicanas.
López Obrador comenzó su carrera política como delegado estatal del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco y como activista junto a las comunidades cuyas tierras resultaban afectadas por la contaminación generada por PEMEX y no recibían compensación alguna. Después dirigió largas marchas hasta la Ciudad de México en protesta por los escándalos electorales de mediados de la década de los 90. Sus propios partidarios acamparon el Paseo de la Reforma durante seis meses en 2006 cuando consideraron que les habían robado las elecciones.
López Obrador arrasó en las elecciones de 2018 al conseguir tanto la presidencia como la mayoría en el congreso tras ser capaz de capitalizar el descontento con la corrupción y sobre promesas de terminar con la represión contra los activistas, defensores de derechos humanos, ambientalistas y periodistas.
Los gobernadores de varios estados como Quintana Roo, donde se encuentra Cancún, han sido acusados en el pasado de corrupción generalizada y han aprobado leyes similares contra la protesta social. Su argumento: Afectaría al turismo.
El apoyo popular a AMLO sigue firme por encima del 60 por ciento, pero comienzan a oírse voces discordantes desde la izquierda, a la que afirma pertenecer. No gustan anuncios relativos a la aprobación de medidas de austeridad, la creación de una policía militar para la pacificación del país o sus ataques a la prensa más crítica.
El periodista Javier Garza, que dirigió el diario El Siglo de Torreón en el norte del país, cree que “[AMLO] se benefició de marchas, protestas y periodismo de investigación que reveló casos de corrupción e ineptitud de políticos a quienes se opuso. Ahora que es presidente, la protesta y la investigación periodística van contra él. Y no le gusta”.
