Avanzando hacia la autosuficiencia energética: adiós al “impuesto al sol”
El Gobierno acaba de derogar el denominado “impuesto al sol”, uno de los disparates más absurdos heredados de la etapa de Mariano Rajoy. España, gracias a dicho disparate, se había convertido en el único país desarrollado en el que, en lugar de incentivar la generación de electricidad a partir de energías renovables, producida por los propios consumidores, se le establecían trabas y costes absolutamente injustificables. Ello se unía a los cambios regulatorios que, sobre todo a partir de 2011, habían afectado gravemente a las energías renovables en nuestro país, provocando la destrucción de 80.000 empleos en el sector, así como la ruina de pequeños y grandes inversores.
El Gobierno, una vez más, ha dado cumplimiento a una de las numerosas iniciativas parlamentarias apoyadas por la mayoría de los grupos del Congreso, cuya tramitación quedó varada por la negativa del anterior Ejecutivo -con la excusa de un supuesto impacto presupuestario inasumible-.
Pero, más allá del amplio consenso político y social suscitado por la derogación de dicha norma, conviene resaltar la importancia de la decisión del actual Gobierno, -incorporada en el Real Decreto Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética- desde el punto de vista económico, social y ambiental.
La posibilidad de generar electricidad en el propio domicilio (o empresa, o centro comercial o edificio público), utilizando energía renovable, significa beneficiarse de tecnologías cuyo coste se ha reducido drásticamente durante los últimos años. En el caso de la energía fotovoltaica, dicha reducción ha sido del orden del 80% en los últimos diez años, acercando así el coste de su utilización al de la electricidad producida por otras fuentes convencionales; con la importante diferencia de que el sol es gratuito, mientras el precio de los hidrocarburos -que marcan el precio de la luz en el mercado mayorista de la electricidad-, tiende a crecer, y supone además una carga notable en la balanza comercial española. Consumir más energía solar, energía eólica, geotérmica o procedente de la biomasa será, por lo tanto, cada vez más barato que obtenerla a partir de las fuentes convencionales, y al mismo tiempo reducirá la dependencia económica y geopolítica de España respecto de terceros países.
Desde el punto de vista social, el autoconsumo eléctrico renovable permitirá disminuir la situación de “pobreza energética”, que hoy afecta a numerosas familias de nuestro país en situación de vulnerabilidad, de forma análoga a lo que ya está sucediendo en el continente africano, donde millones de personas están accediendo a la electricidad solar de forma asequible. El autoconsumo comporta, además, un empoderamiento de los ciudadanos frente al tradicional dominio del oligopolio, en línea con las directrices establecidas por la Comisión Europea, que exige a los gobiernos mayor protección de los consumidores en el sector de la energía, así como las máximas facilidades para que produzcan directamente la electricidad que necesiten.
Y, por supuesto, la derogación del injustificable “impuesto al sol” permitirá a España reducir más rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático. Resulta paradójico que Alemania, con la mitad de horas de sol que España, disponga de una capacidad de generación de electricidad con energía solar diez veces superior a la de España, producida en gran medida a partir de un millón de instalaciones de autoconsumo, frente al millar de instalaciones análogas existentes actualmente en nuestro país. Además, el autoconsumo va a favorecer un uso más eficiente de la electricidad, gracias a una participación más activa y responsable de los ciudadanos en la gestión de su propia demanda. Y va a contribuir, asimismo, a la urgente electrificación, con energía renovable, de los vehículos, que podrán recargarse en los domicilios, conforme a lo establecido en la Directiva europea sobre eficiencia energética de los edificios, aprobada el pasado mes de junio.
Uno de los elementos más importantes del citado Real Decreto Ley es la nueva definición del autoconsumo, que incorpora el factor de proximidad para dar cabida al denominado “autoconsumo compartido”. Hasta ahora, la instalación de placas fotovoltaicas podía resultar onerosa para una familia de ingresos medios, ya que no se contemplaba la posibilidad de compartir dicha instalación en una comunidad de vecinos, o de aprovechar la cercanía de un edificio público o privado con la suficiente capacidad de generación para compartirla con otras viviendas individuales o colectivas. Ello supone la posibilidad de reducir significativamente la inversión inicial en la adquisición de las placas fotovoltaicas, acelerando su amortización. Hay que tener en cuenta que, con los costes actuales, al disminuir el coste total de la factura de la luz -incluso para aquellas familias que complementan su autoconsumo con electricidad adquirida en el mercado a través de su conexión a la red- la inversión inicial comporta una rentabilidad en torno al 5%, muy superior a la que garantizan otras opciones de colocación del ahorro.
Por último, el Real Decreto Ley elimina además la inseguridad jurídica que existía actualmente, al haberse eximido temporalmente a las pequeñas instalaciones de la aplicación del “impuesto al sol”, sin ninguna garantía frente a la eventualidad de un cambio normativo que encarecería el uso de la instalación.
Todo lo anterior demuestra la voluntad del gobierno socialista, comprometido con la transición energética -de la que el citado RDLey constituye el primer conjunto de medidas-, en el contexto de la implementación de la Agenda 2030, cuyo Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 7 es, precisamente, el de garantizar el acceso universal a energía limpia y segura.
