Coronavirus: el racismo que la pandemia deja al descubierto

La crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha puesto en evidencia la situación de gran vulnerabilidad en que nos encontramos las distintas comunidades de personas migrantes y racializadas que habitamos el Estado español, víctimas de un entramado racista institucional y social que nos categoriza siempre como ciudadanas de segunda, o que directamente nos deshumaniza.

Los hechos hablan por sí solos. Primero fue el discurso de odio y ataques racistas contra la comunidad asiática. Varios miembros de esta comunidad denunciaron la prohibición de entrar a determinados comercios y establecimientos, el acoso que estaban sufriendo en colegios e institutos y diversas agresiones verbales en la vía y transporte públicos. La situación llegó a tal punto que a comienzos de marzo un joven estadounidense de ascendencia china sufrió un ataque racista en Madrid, que le llevó a pasar dos días inconsciente en el Hospital 12 de Octubre, donde tuvo que ser intervenido por un hematoma craneal.

Personajes públicos como el actor y director de cine, Santiago Segura, y el diputado y secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, contribuyeron a este clima de odio con mensajes racistas en sus respectivas cuentas de Twitter. Segura afirmó en un tuit, que calificó de “desahogo”, que se cagaba “en el puto chino” que se había comido un pangolín y una sopa de murciélago. Por su parte, Ortega Smith publicó un mensaje en el que afirmaba que sus “anticuerpos españoles” estaban luchando contra “los malditos virus chinos”.

Ambos personajes, de forma totalmente irresponsable, hicieron un señalamiento público de la comunidad china ante sus miles de seguidores. Ningún contexto de alarma social, ni ninguna premisa, ni siquiera la de la libertad de expresión, puede justificar la propagación del odio racial, cuyas consecuencias son terribles para las comunidades que lo sufren.

Antigitanismo

Paralelamente a las agresiones físicas y verbales contra la comunidad asiática, el colectivo gitano también fue víctima del rebrote de racismo surgido a raíz del coronavirus. Mucho antes de que el Gobierno decretase el estado de alarma en todo el Estado español, en algunas provincias como La Rioja, en la localidad de Haro, ya se estaban prohibiendo los mercadillos y las actividades en las Iglesias evangélicas, lugares tanto de trabajo como de encuentro de la comunidad gitana.

Pero no solo eso. En Haro, la Consejería de Salud de La Rioja llegó a acordonar un barrio entero del colectivo gitano, enviando furgones policiales y agentes con trajes de protección biológica. A ello se sumaron una serie de artículos de medios locales que señalaban constantemente la etnia gitana de algunas personas contagiadas, haciéndose eco de bulos que afirmaban que unas cuantas de ellas se negaban a seguir los protocolos sanitarios, cuestión que luego fue desmentida por la propia Guardia Civil.

Estas medidas, que hasta ese momento no se estaba aplicando con ningún otro grupo de personas en ningún otro sitio de España, tuvieron como resultado la estigmatización de la comunidad gitana de esta localidad, señalada como un “foco de infección”, con el consiguiente acoso por parte del resto de la ciudadanía y la continua propagación de bulos a través de las redes sociales.

Todas estas cosas han sido denunciadas por colectivos como Camelamos, Pretendemos gitanizar el mundo y la Plataforma Khetane. Tal como afirman algunos de sus integrantes, esto es producto del racismo antigitano que siempre ha estado ahí, pero que, en el contexto de psicosis colectiva, y avalado por las medidas tomadas por el Gobierno de La Rioja, adquiere ribetes de legitimidad. Y esa es precisamente la gravedad del asunto: que en lugar de velar por el respeto e igualdad de trato hacia todas las personas que viven en un territorio, las autoridades se conviertan en agentes legitimadores de la discriminación hacia un colectivo específico.

El privilegio de quedarse en casa

El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de decretar el estado de alama y dar la orden de “quedarse en casa”, no estuvo acompañado de medidas que tomaran en cuenta la situación que viven miles de personas migrantes y racializadas que, por el tipo de trabajo u oficio que ejercen, o debido a su situación administrativa, no están en condiciones de acatar dicha orden.

¿Qué pasa, por ejemplo, con las trabajadoras del hogar y de cuidados, a quienes sus empleadores no les permiten darse de baja estos días? Tal como nos recuerdan las compañeras del colectivo Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), este trabajo es ejercido en su inmensa mayoría por mujeres migrantes. ¿Quién cuida y atiende a sus hijos -que no están acudiendo al colegio debido al estado de alarma-, mientras ellas atienden y cuidan a los hijos de otras y otros, exponiéndose permanentemente al contagio al estar en contacto con personas mayores? Recordemos también que muchas de estas mujeres son internas, ¿de verdad alguien cree que una persona que trabaja de interna está en condiciones de darse de baja unos días, viviendo en la misma casa que su empleador/a?

¿Qué pasa con los hermanos del colectivo mantero quienes debido a la orden de quedarse en casa no pueden ejercer la venta ambulante, única fuente de ingresos que les permite sobrevivir? La Ley de Extranjería condena a la manta a miles de personas que llegan al Estado español sin un contrato de trabajo, quienes encuentran en la venta ambulante la única forma de obtener ingresos. Por ejercer esta actividad reciben multas que después, debido a su elevado coste, no pueden pagar, lo que luego les impide obtener papeles aunque cumplan todos los requisitos para ello. Es el círculo infinito del racismo. ¿En estos días de cuarentena, sin dinero al no poder salir a vender, cómo van a comprar comida y otros productos de necesidades básicas mientras permanecen recluidos?

¿Qué pasa, también, con algunos de los hermanos y hermanas temporeras, la mayoría de ellos de origen africano, que siguen trabajando en los campos de recogida de la fruta? No pueden quedarse en casa. Y cuando regresan a ellas después de una jornada laboral, lo que se encuentran son asentamientos de chabolas con paredes de plástico, sin agua, sin electricidad y cuyo saneamiento público son hoyos en el suelo. ¿Qué medida de higiene pueden tomar en estas condiciones?, ¿quién está velando por que no se contagien con el COVID-19?

¿Qué pasa con los miles de gitanos y gitanas que en estos días de cuarentena no pueden salir a vender a mercadillos ni ejercer otros oficios que les proporcionan ingresos? ¿Cómo van a hacer frente a la cuarentena?

¿Y qué pasa con los sin papeles, con los que están en situación de calle, con los menores extranjeros que migran no acompañados y que tras cumplir la mayoría de edad son abandonados a su suerte? ¿Dónde se van a recluir en estos días de cuarentena obligada, cómo se van a alimentar? Tal como denuncia la plataforma Es Racismo, a la situación de desamparo en la que se encuentran, se suman las identificaciones policiales por perfil étnico-racial en las calles, una práctica habitual contra las comunidades racializadas, y que ahora, debido al estado de alarma, se han visto incrementadas en barrios como el de Lavapiés, en Madrid.

La grave situación dentro los CIEs

Estos últimos días hemos visto cómo en el CIE de Aluche, al grito de “¡libertad, libertad!”, las más de 40 personas que permanecen allí recluidas iniciaron una serie de protestas en el patio y tejado del recinto para visibilizar la grave situación que están viviendo a raíz del coronavirus.

A través de la plataforma CIEs No Madrid denuncian que se encuentran en celdas colectivas con personas que presentan sintomatología, a las que no se les están realizando ningún tipo de pruebas médicas, que no cuentan con acceso libre a jabón, a sábanas limpias, ni a las mínimas condiciones higiénicas que se requieren en estos momentos.

En los Centros de Internamiento para Extranjeros se recluye a personas que no han cometido ningún tipo de delito. Están allí por no tener papeles y según la legislación española no tener papeles constituye solo una falta administrativa que no conlleva pena de cárcel. Pese a ello, se les criminaliza encarcelándolos en estos centros definidos eufemísticamente por el Ministerio del Interior como “establecimientos públicos de carácter no penitenciario”.

Lo cierto es que los CIEs son cárceles racistas donde se recluye a hermanos y hermanas que lo único que han hecho ha sido migrar intentando buscar un futuro mejor. ¿Cómo es posible que en pleno auge de esta crisis sanitaria el Gobierno no haya tomado la decisión inmediata de poner en libertad a todas las personas internas en los CIEs, quienes solo se encuentran en una falta administrativa?

¿Acaso no merecen también tomar todas las precauciones para evitar contagiarse con el COVID-19, tal como lo está haciendo resto de la población? Al cierre de este artículo se estaba poniendo en libertad a las personas internas en el CIE de Barcelona, pero no se había tomado todavía ninguna decisión respecto de los otros seis CIE existentes en el Estado español.

Racismo estructural

Cuando Pedro Sánchez presentó su nuevo Gabinete dijo que su gobierno sería “el de la igualdad”. Nos preguntamos ¿igualdad para quiénes? ¿Qué seres humanos entran en ese concepto de “igualdad”? ¿Está incluida ahí la población migrante y racializada?

Desde el movimiento antirracista denunciamos la existencia del racismo estructural como un entramado compuesto por una serie de leyes, instituciones, normativas y prácticas institucionalizadas dirigidas hacia nuestras comunidades, con el fin de deshumanizarnos y así despojarnos de derechos, algo que ha quedado más en evidencia que nunca estos últimos días a raíz de la crisis sanitaria.

Nuestras vidas siempre importan menos. Nuestros derechos y necesidades siempre pueden esperar o directamente se ignoran.

Por esto, y por todas las situaciones enumeradas anteriormente, diversos colectivos antirracistas nos hemos unido bajo el lema Emergencia Contra El Racismo para visibilizar las graves situaciones que están viviendo nuestras comunidades debido a la crisis sanitaria, y también para dar a conocer medidas concretas que puede tomar el gobierno, con el fin de que colectivos como el de las empleadas de hogar y de cuidados, los manteros, los menores no acompañados, las personas sin papales y la comunidad gitana, entre otros, pueden hacer frente a esta crisis.

Precisamente este sábado, 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, exigimos que se ponga fin al racismo estructural e institucional que nos deshumaniza y reivindicamos nuestro derecho a ser tratados como seres humanos, en igualad de trato con el resto de la población.