En defensa de las universidades públicas y por el control de las malas prácticas ocasionales

En nuestra condición de docentes de universidades públicas españolas, a la vista del escándalo provocado por las muy serias dudas sobre la legalidad y legitimidad de la obtención de un título de máster en la Universidad Rey Juan Carlos por la Sra. Cristina Cifuentes, y sea cual sea el desenlace de este asunto en las vías administrativa y judicial o en lo referido a las responsabilidades políticas de los implicados, ante el conjunto de la comunidad académica española y la opinión pública en general queremos manifestar:

1. Nos parece discutible la estrategia de silencio de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) –más allá de una comunicación meramente formal- y tememos que su llamativa discreción pueda ser confundida con corporativismo o solidaridad con quienes se entregan a malas prácticas y corruptelas, donde quiera que esto ocurra.

2. La presunción de inocencia tiene pleno sentido y merece total respeto en los procesos penales, pero nada más que ahí. Es obligación básica de los rectores y sus equipos, de los decanos y de los directores de departamento velar por la integridad de los comportamientos y la legalidad de los procedimientos y poner en marcha cualesquiera medidas jurídicamente válidas para la sanción de las acciones indebidas.

3. La absurda y estéril burocratización del sistema universitario español ha llevado a la abundancia de fiscalizaciones puramente aparentes por parte de agencias y entidades de evaluación que, en lo que a los títulos universitarios se refiere, a menudo no sirven más que para disfrazar el desgobierno y la arbitrariedad.  Que, junto a una mayoría de títulos y estudios de alto nivel y elevada exigencia, se hayan colado en el sistema universitario otros que no son sino oscuros negocios y “chiringuitos” descarados es prueba más que concluyente de la ineficiencia de los actuales sistemas de evaluación y fiscalización de las enseñanzas universitarias.

4. Estimamos que incidentes graves como el que actualmente afecta a la URJC y a determinado máster de ella dependiente no deben usarse para la crítica genérica e indiscriminada de las universidades públicas españolas y de los estudios que ofrecen. El esfuerzo y sacrificio de la gran mayoría del profesorado, personal y estudiantes consigue que la regla sea la calidad y la seriedad. Por eso mismo somos los docentes de las universidades públicas los más interesados en un control estricto de la enseñanza y los títulos, tanto en las universidades públicas como, por supuesto, en las privadas. La inquietud actual ha de ser acicate para un análisis riguroso de cómo se organizan y se gestionan los títulos, especialmente los de segundo y tercer ciclo, en todas las universidades, con particular atención a algunas universidades privadas.

5. Instamos a las autoridades estatales y autonómicas, a los rectores y a los responsables universitarios en general a incrementar el esfuerzo y los medios para que haya efectivo control y verdadera inspección de la calidad y la seriedad de todos y cada uno de los títulos universitarios. Confiamos en que las universidades públicas entiendan que su objetivo es científico y docente, y no económico o político, y que las universidades privadas comprendan que su legítimo afán de lucro e influencia social no ha de estar reñido con el servicio que prestan, único factor que social y jurídicamente justifica su existencia.

Este manifiesto ha sido firmado por Juan Antonio García Amado, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de León; Rafael Alcácer, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos; Manuel Cancio Meliá, docente de la Universidad Autónoma de Madrid, y otros 490 profesores de universidades públicas españolas. El listado completo puede consultarse aquí.aquí