El futuro de RTVE

En medio de una prolongada campaña electoral, la agenda sobre Políticas de Comunicación parece, como siempre, brillar por su ausencia. Todo lo más que cabe esperar es la denuncia de la cobertura de RTVE y de los medios autonómicos para, una vez más, reeditar el sintomático vacío político sobre un tema que nos afecta sobremanera, si el objetivo es conformar, como sería deseable, un marco o espacio político democrático maduro.

La esperanza que expertos, profesionales y organizaciones sociales pusimos en el concurso público de RTVE es un primer paso en esta dirección. Pero pareciera prevalecer la falta de voluntad política de la mayoría de fuerzas partidarias, más interesadas en replicar el modelo discrecional y de cooptación, heredado del franquismo, que de cumplir con la asignatura pendiente de superar el déficit democrático en este ámbito central para la deliberación y participación ciudadana.

Cabría esperar que desde el gobierno, aún en funciones, se tomara la determinación, por necesidad urgente, de cumplir con un mandato que se ha dilatado en el tiempo más de lo debido, sumiendo al ente público en una situación de provisionalidad y cierta zozobra que no solo padecen a diario los profesionales en persona, sino todos los ciudadanos que defendemos que sin información no hay libertad, sin medios de titularidad del Estado no es posible una democracia abierta con dominio público que garantice el derecho de acceso  y la necesaria representación de todas las voces que conforman el proyecto común, plurinacional, rico y diverso que llamamos España.

Herramientas fundamentales en la función social informativa, que desde la independencia garantiza todo servicio público, los medios de titularidad del Estado sufren hoy sin embargo un doble ataque en la disputa por la crisis del régimen y la proliferación de nuevos canales de intercambio y representación que promueve la revolución digital. Como resultado, se ha venido asumiendo, como un síntoma de la posverdad que nos circunda, que la modernidad en comunicación pasa por asumir el neocolonialismo de plataformas como Netflix, identificando los medios y canales de dominio público como instituciones obsoletas, pese a la apelación a principios democráticos de transparencia y rendición de cuentas que debieran regir en el espacio de la comunicación, un ámbito, no olvidemos, que, como la calle, es de todos y para todos, pues afecta a lo común.

Los intentos de manipulación partidista por parte de los gobiernos y el ataque de los medios de comunicación privados, controlados por grandes corporaciones y grupos de presión que pretenden hacer negocio con la información y el entretenimiento, dibujan hoy un escenario preocupante para el futuro de la RTVE y para la propia democracia. Cabe por ello recordar:

1. Que la ciudadanía tiene derecho a unos medios de comunicación que sean garantes de las libertades democráticas y del acceso de la ciudadanía a los mismos.

2. Que los medios de comunicación públicos prestan un servicio público esencial, teniendo en cuenta la pluralidad social, atendiendo a las minorías y ofreciendo programaciones de calidad.

3. Que el sistema radiotelevisivo debe ser un servicio universal fomentando el acceso a las infraestructuras de telecomunicación en todos sus soportes.

4. Que es preciso inspirar y salvaguardar el desarrollo de la creatividad audiovisual en nuestro territorio.

5. Que la titularidad y gestión directa por el Estado debe venir acompañada de una financiación estable que garantice su sostenibilidad y el futuro desarrollo del sector audiovisual.

6. Que, en coherencia con la exigencia de autonomía profesional y de los derechos sociales a la comunicación, deben garantizarse condiciones de trabajo basadas en la independencia y el prestigio profesional que los medios públicos han tenido y mantienen en la tradición jurídica y profesional del continente, tal y como ilustra la historia de plataformas como la UER.

En esta línea, y a fin de garantizar el principio de pluralismo y participación de la sociedad civil, cabe exigir al gobierno concluir el concurso público en pro de un modelo de gobernanza democrático cuya estructura directiva obedezca a la voluntad mayoritaria de servicio y atención a la mayoría con respeto a las minorías. Como es conveniente evitar la histórica discrecionalidad del Ejecutivo de turno y/o las mayorías absolutas en el Congreso, estamos convencidos que procurar el consenso por criterios o principios de profesionalidad y buen gobierno de los entes públicos, es un primer paso en esta dirección que ha de resolverse cuanto antes a fin de evitar cuanto antes el indeseable perjuicio que se ocasiona a la principal empresa de comunicación del país, a sus trabajadores, y a la ciudadanía. Esta fue la intención de tratar de positivar, en forma de norma, los criterios del concurso público, con sus pros y contras, que el Comité de Expertos tuvo a bien garantizar evitando, por sorteo y el anonimato, la costumbre de imponer un proceso de nombramiento que limita en la práctica la autonomía real de RTVE.

Somos conscientes que, al tratarse de un proceso de innovación política en nuestro país, y ante la falta de autocrítica necesaria en la profesión y en la cultura de rendición de cuentas de las instituciones del Estado, las dificultades han sido mayores a los factores que coadyuven a buen puerto este proceso, pero participamos de la idea de que el futuro de la RTVE pasa por abrir este debate, con todo lo que ello implica. Empezar por contrastar los dichos y los hechos, la acción y la norma que regula el servicio público sienta, a nuestro juicio, las bases materiales necesarias para un modelo de administración meritocrático, ejemplar, leal con la función de servicio público que da sentido a la empresa, eficaz, transparente, fiscalizado, innovador y, además, más productivo. Lo corrobora el hecho de que muchas de las propuestas de los proyectos de gestión de los candidatos a dirigir la corporación aportan un semillero de nuevas ideas que hoy debiera convertirse en laboratorio de experimentación para el diseño del plan estratégico de RTVE, vía el Instituto Oficial de RTVE o, esperemos, en el marco del necesario Consejo Estatal de Medios Audiovisuales que inicialmente tenía previsto la Ley Audiovisual.

La crisis de audiencia, la falta de financiación y la ausencia de un modelo sostenible en plena revolución digital exige actuar cuanto antes para reforzar el papel de los medios públicos en nuestro país desde nuevos principios y marcos de actuación. Y es que la crisis estructural de la televisión en abierto suscita cuestiones inaplazables sobre la función social de la radiotelevisión del Estado, el modelo institucional de organización y la propia oferta de un ecosistema audiovisual en pleno proceso de mutación radical de los hábitos culturales de la población. Por ello, hoy más que nunca es preciso abrir un debate entre profesionales, académicos, poderes públicos y ciudadanía sobre el papel de la RTVE en la construcción del proyecto de país. La ausencia de un modelo estratégico fruto de la deliberación pública dejaría en papel mojado la voluntad democratizadora que ha expresado el gobierno.

Para salir del actual círculo vicioso del discurso de los oligopolios e intereses creados en el sector y avanzar propuestas de futuro es necesario, además de resolver el déficit democrático en comunicación, hacer válida la sentencia de Castoriadis según la cual la transformación de la sociedad de nuestro tiempo se revela como inseparable de la autosuperación que movimientos como la huelga feminista, la toma de la plaza pública de la Puerta del Sol, la lucha de los afectados contra la hipoteca o las preferentes de Bankia vienen desplegando en contra de un capitalismo de amiguetes que todo lo cerca, empezando por los propios medios de comunicación, sean públicos o privados.

Con información, con debate, con un esfuerzo colectivo de pedagogía política, sabemos que todo es posible. Por ello, en el caso de la RTVE, hoy toca afirmar la libertad, el diálogo y participación de medios y mediadores imbricados en el presente y futuro de la empresa, con las puertas abiertas a todos y a todas. En este proceso, el concurso abierto es un logro histórico que, esperemos, no sea solo el punto de llegada para un tiempo nuevo en la concepción y funcionamiento del servicio público audiovisual, tal y como se observa desde algunas fuerzas políticas empeñadas en descalificar a los profesionales del ente por la pérdida de credibilidad de los informativos, cuando en verdad lo que debería preocuparles no es tanto el problema de audiencia como la ausencia de un proyecto de servicio público audiovisual del Estado en un proceso de cercamiento y privatización, impulsado desde la UE por ex comisarios y colaboradores de Silvio Berlusconi como Mario Monti.

En otras palabras, el reto y futuro de la RTVE pasa más bien por definir ahora qué modelo de gobernanza es el adecuado, qué proyecto de RTVE para la actual sociedad española, con qué medios y para qué horizonte de futuro. En este debate nadie sobra, pero sí están de más ciertos discursos y estrategias de cooptación y control. Si no lo han advertido, hoy es el tiempo de la información y la libertad. Este es el principio esperanza para una nueva RTVE.