La recuperación económica verde postcoronavirus debe incluir el abandono de las prospecciones de hidrocarburos
La crisis sanitaria provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, dada su brusquedad, nos ha permitido, por un lado, vislumbrar repentinamente la insostenibilidad medioambiental de nuestra forma de vida y, por otro, constatar la fragilidad de nuestro sistema económico.
Si bien la lucha contra esta pandemia ha forzado a ralentizar significativamente nuestra actividad a nivel mundial y, en consecuencia, el planeta ha empezado a respirar un poco mejor, todos sabemos que ésta es una situación meramente coyuntural. Mientras tanto hay que pensar en la necesaria recuperación económica y debemos hacerlo recordando que el cambio climático sigue siendo el principal riesgo para el planeta y para la Humanidad.
El cambio climático es otra emergencia planetaria que también pone en riesgo nuestra supervivencia y para cuya solución (en este caso la “vacuna” existe ya) se necesita igualmente la adopción de medidas urgentes y de gran calado. Afortunadamente ya han surgido iniciativas como la European Alliance for a Green Recovery cuyo objeto es “trabajar para construir unos planes de recuperación y transformación que consagren la lucha contra el cambio climático y la biodiversidad como un pilar clave de la estrategia económica”.
En el nuevo marco de la recuperación económica para superar la crisis del COVID-19 no sólo se deben incentivar las inversiones bajas en carbono sino también aplicar todo tipo de medidas para desincentivar el uso de carbón, petróleo y gas, principales causantes del cambio climático, así como arbitrarse acciones legales para abandonar de forma progresiva pero urgente su utilización.
Hace ahora diez años del desastre provocado por la plataforma petrolífera Deepwater Horizon en el Golfo de México, en el que se liberaron al mar más de 4 millones de barriles de crudo (más de 715 millones de litros, equivalente a lo que se consume en toda España durante casi 4 días) creando una marea negra que cubrió un área estimada de 149.000 km2 (tanto como la superficie conjunta del País Vasco, Cataluña, Valencia, Madrid y Castilla-La Mancha).
El 20 de abril de 2010, la rotura del pozo Macondo de British Petroleum causó una explosión en la unidad móvil de perforación Deepwater Horizon que finalmente provocó su hundimiento y la muerte de 11 tripulantes. Los esfuerzos iniciales para tapar el pozo después de la explosión no tuvieron éxito, de modo que la descarga incontrolada de ingentes cantidades de petróleo y gas continuó durante 97 días, hasta que el 15 de julio de 2010, casi tres meses después, pudo taponarse la boca de dicho pozo e interrumpir la fuga de hidrocarburos al medio marino.
Además, para tratar de acelerar la degradación del crudo, se aplicaron unos 7 millones de litros de dispersantes químicos, tres de ellos directamente a la boca del pozo durante el vertido y el resto en la superficie contaminada. Las consecuencias ecológicas de la utilización sin precedentes de grandes cantidades de estas sustancias como parte de la respuesta a esta marea negra son todavía ampliamente desconocidas, aunque hay evidencias científicas de la citotoxicidad y genotoxicidad del Corexit 9527 y del Corexit 9500, los dos productos dispersantes utilizados.
La gravedad del accidente de la Deepwater Horizon no se debe solo al enorme volumen de crudo vertido sino también por haberse producido en alta mar y a gran profundidad (1.500 metros), lo que facilitó la distribución del petróleo en un área extensísima y su deposición en grandes cantidades en el subsuelo marino, agravando así significativamente su impacto ecológico.
Tal y como reflejan numerosos informes científicos, una década después, siguen aumentando las evidencias de que el medio ambiente del Golfo de México aún está lejos de recuperarse totalmente y de que la salud humana y la economía local siguen sufriendo las consecuencias de la marea negra. Este vertido causó graves daños en una variedad de especies y hábitats. Se han documentado efectos toxicológicos en comunidades de peces bentónicos y pelágicos, comunidades
propias de estuarios, mamíferos, aves y tortugas, corales de aguas profundas, plancton, foraminíferos y comunidades microbianas.
Si bien en los primeros momentos tras el desastre la mayor parte de la investigación sobre sus efectos se centraron en la contaminación en superficie de los hábitats costeros y en las especies de fauna cercanas al litoral (incluidas las de peces de interés comercial), en los últimos años se ha dedicado un mayor esfuerzo científico a analizar los efectos del vertido de petróleo en alta mar y en el fondo marino (donde se depositó, según cálculos recientes, hasta un 47% del petróleo que se liberó en el accidente y no se recuperó, es decir el 80% del total vertido), en hábitats poco conocidos y con escasos datos de referencia.
Los resultados que se van conociendo demuestran que las especies oceánicas fueron las que se vieron afectadas con mayor intensidad por este derrame, pues estuvieron directamente expuestas a cantidades sin precedentes de hidrocarburos y dispersantes. Debido a ello, los impactos agudos y crónicos a nivel poblacional de esta exposición probablemente fueron más altos de lo que inicialmente se estimó. Han podido confirmarse disminuciones continuas en la presencia de diferentes especies de mamíferos marinos y tortugas, lo que puede estar relacionado con un menor éxito reproductivo y la persistencia de un estado de salud deficiente (enfermedades pulmonares, respuesta deteriorada al estrés por alteraciones en las glándulas suprarrenales, depresión del sistema inmune, etc.), efectos que también confirmados en especies de distribución más costera.
En cuanto a la pesca, en general, se pronostica que la recuperación de las poblaciones con una alta tasa de renovación ocurrirá a lo largo de esta década, pero algunas poblaciones de crecimiento más lento pueden tardar más de 30 años en recuperarse por completo.
La de la plataforma Deepwater Horizon es sin duda una de las mayores catástrofes ocasionadas por la industria petrolera, de las muchas que ésta ha protagonizado a lo largo de su sucia trayectoria. Pese a la gravedad creciente del cambio climático, las compañías petroleras tratan de continuar con su contaminante negocio como si ese problema no existiera.
En un contexto de emergencia climática como el actual no tiene sentido seguir llevando a cabo actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. Algunos países, como Francia, ya han aprobado legislación para poner fin a estas actividades en su territorio nacional.
En España, el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética recoge la prohibición a cualquier nuevo proyecto de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, incluido el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, pero, sin embargo, de forma incoherente, permite prorrogar los permisos de investigación y las concesiones de explotación de yacimientos de hidrocarburos ya vigentes hasta el 31 de diciembre de 2042.
En un día como hoy, décimo aniversario de la catástrofe de la Deepwater Horizon, OceanCare quiere pedir al Gobierno que aumente la ambición del Anteproyecto de Ley de Cambio Climático, prohibiendo todas las actividades de exploración de hidrocarburos (no concediendo nuevos permisos y archivando todos los proyectos actualmente en proceso administrativo) y no otorgando nuevas prórrogas a las actuales concesiones de explotación cuando expiren sus respectivas licencias. La concesión de estas prórrogas es una decisión puramente potestativa por parte de la Administración: no otorgarlas no genera ningún derecho a indemnización por lucro cesante.
No podemos arriesgarnos a que se vuelva a producir otro desastre como el de la Deepwater Horizon. OceanCare considera que seguir apostando por la exploración y la explotación de hidrocarburos va en sentido contrario a los compromisos internacionales adquiridos por la Unión Europea y el propio Estado español de lograr un sector energético profundamente descarbonizado, basado al 100% en el ahorro, la eficiencia y las energías renovables, que son la única respuesta sostenible al problema del cambio climático.
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