La salud pública NO está por encima de todo

“La salud pública está por encima de todo”. Cuando escuchamos esta frase en los inicios de la crisis de la COVID-19, nos quedamos atónitos, por el atrevimiento de la misma y por venir de quien venía. Algunos de nosotros llevamos décadas trabajando en salud pública, reclamando muchas veces sin éxito la implantación de políticas de probada eficacia para mejorar la esperanza y la calidad de vida de la población, y jamás se nos ha ocurrido pensar que la salud pública estuviese por encima de todo, porque no lo está. Hay valores superiores, que en ningún caso pueden estar por debajo de la salud pública, como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, consagrados en el artículo primero de nuestra Constitución y desarrollados en la sección primera del capítulo segundo, de los derechos fundamentales y las libertades públicas.

Esto no significa que no puedan restringirse de forma temporal algunas libertades públicas por razones de salud pública, en situaciones extremas como las actuales, siempre que las intervenciones sean efectivas, proporcionadas y se justifiquen adecuadamente ante la población. Este es el primer principio que justifica las acciones para defender la salud pública. En presencia de cierto grado de incertidumbre, que es el terreno natural de la ciencia, en el que han de tomarse muchas de las decisiones para contener esta nueva pandemia, y ante graves riesgos para la salud de la población, podemos tener que aplicar medidas restrictivas de las libertades individuales si existen indicios razonables de su eficacia, aunque estos no sean concluyentes, por un principio básico de precaución. Hasta aquí nada que objetar, la respuesta global ante la crisis parece sensata y proporcionada, y la aplicación de medidas extremas de confinamiento en las primeras fases de la epidemia podría justificarse por la falta de experiencia reciente en este tipo de intervenciones a escala poblacional.

Pero incluso cuando se actúa con la mejor de las intenciones, en cualquier crisis de salud pública siempre existe el riesgo de aplicar medidas demasiado extremas, propias de un paternalismo que llamamos duro. Se trata de medidas que se toman por el propio bien de las personas, sin tener en cuenta sus opiniones y preferencias, desde la desconfianza de las autoridades en la ciudadanía, con habilitación de mecanismos de control y represión para combatir la ─supuestamente─ inevitable irresponsabilidad ciudadana, en un exceso de celo injustificado.

Para evitar estas demasías, en salud pública contamos con otros dos principios fundamentales, el de necesidad y el de mínima vulneración o medios menos restrictivos. El principio de necesidad nos guarda de limitar las libertades individuales salvo en caso estrictamente necesario, porque no existan otras alternativas disponibles. Es el principio que han aplicado los países que han basado su respuesta en la identificación rápida y aislamiento de casos y contactos, como Corea del Sur o Taiwan, o los que cuentan con un sistema sanitario robusto, como Alemania, que les han permitido aplicar medidas suaves de confinamiento. Pero para eso es preciso disponer con antelación de un plan de respuesta adecuado, de los recursos necesarios para llevarlo a cabo y de un sistema sanitario público bien dotado, con margen de maniobra suficiente para responder en situaciones de emergencia o catástrofe.

En descargo de muchos países, incluido el nuestro, cabe mencionar que los propios coreanos reconocen que el aprendizaje durante la experiencia del SARS les sirvió para disponer de ese plan de respuesta y que en Taiwan hubo restricciones muy estrictas entonces, que prepararon a la sociedad para otra epidemia semejante, como la que nos golpea ahora.

El segundo principio, de mínima vulneración o de los medios menos restrictivos, al que todavía debemos atenernos aun cuando el confinamiento haya sido necesario en muchos países, nos obliga a implantar las medidas de salud pública de forma que la limitación de las libertades individuales sea la mínima imprescindible. Y es aquí donde uno echa de menos a los liberales de Madrid, sobre todo si consideramos que, tras un mes largo de confinamiento, las poblaciones madrileña y española han demostrado un alto grado de responsabilidad, que nada tiene que envidiar al comportamiento de la ciudadanía de otros países.

Hay actividades como el ocio al aire libre de forma individual y la salida controlada de los menores a la calle, acompañados por sus padres, que no suponen un riesgo significativo de transmisión del SARS-CoV-2, y, en caso de que este exista, sería mucho más bajo que el de otras actividades no esenciales ya permitidas. Lo dicen muchos expertos, en base al conocimiento científico disponible actualmente, y la Asociación Madrileña de Salud Pública se ha pronunciado recientemente en este sentido, recomendando el levantamiento de las medidas de confinamiento relativas a la práctica individual de ejercicio y la salida de menores acompañados de sus padres. ¿Es que nadie se pregunta por qué somos el país europeo con las medidas más restrictivas, el que durante más tiempo confina a los niños en casa y prohíbe el ejercicio individual al aire libre, o por qué batimos el récord de multas por incumplimiento del confinamiento en el contexto de una respuesta global ciudadana que podríamos calificar de ejemplar?

Hay muchas cosas que causan tantas muertes o más que el nuevo coronavirus, como el tabaco, la contaminación atmosférica, el alcohol, la obesidad y la alimentación no saludable, por no hablar de las enfermedades desatendidas u olvidadas, como la malaria o el dengue, olvidadas para nosotros, porque en los países donde causan los mayores estragos las tienen muy presentes. Y hay muchas políticas de salud pública que pueden aplicarse para promover la salud de la población y prevenir o posponer la aparición de múltiples enfermedades ─no vamos a añadir “salvar vidas”, esa expresión la dejamos para los políticos populistas de uno y otro signo─. Medidas que los científicos, expertos de salud pública y la Organización Mundial de la Salud llevan mucho tiempo recomendando, tanto como el que la mayoría de los gobiernos llevan ignorando.

Y eso pese a que se trata de intervenciones muy rentables (coste- efectivas), que no solo no restringen las libertades individuales, sino que, en muchos casos, las promueven, al aumentar la capacidad de las personas para elegir libremente su modo de vida, mediante la toma de decisiones bien informadas y libres de influencias ajenas interesadas. Entre estas medidas de salud pública, muchas de ellas promotoras de la libertad individual, que toda democracia liberal aspira a promover y que brillan por su ausencia en nuestro medio, cabe mencionar el control de la publicidad encubierta del tabaco y el alcohol, programas de ayuda para dejar de fumar, políticas de precios para promover una alimentación saludable, políticas de promoción del transporte activo y disuasorias del transporte contaminante, sistemas de información fácilmente interpretativos, promoción de una oferta alimentaria saludable en centros sanitarios, deportivos y educativos, regulación de la publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigida a menores, etc. etc.

La salud pública no está por encima de todo, pero es un bien valioso que conviene preservar. Contrariamente a lo que se suele pensar, la defensa de la salud pública raramente colisiona con las libertades individuales; más bien al contrario, las políticas de salud pública tienden a proteger la libertad individual, y en particular la de los menores, al promover el libre desarrollo de su personalidad en un entorno exento de influencias ajenas interesadas y perniciosas. Además, disfrutar de un buen estado de salud es uno de los requisitos necesarios, como tener cubiertas el resto de necesidades básicas, para el pleno disfrute de los derechos y libertades consagrados en nuestra Constitución. Si la salud pública importa de verdad, hay que dejar a un lado las frases grandilocuentes y demostrarlo con los hechos.