“A vuesa merced”: el manifiesto de las penalistas mujeres ignoradas por el ministerio de Justicia
La historia se repite incansablemente. Desde que la reforma penal de 1989 iniciara, llena de desaciertos, la regulación de delitos vinculados a la violencia de género, no se ha concedido presencia alguna a académicas de acreditada trayectoria profesional y constatada sensibilidad para aportar al Derecho una perspectiva que represente, desde un conocimiento situado, los derechos y los intereses de todas las mujeres.
Posteriores iniciativas legislativas, más de cinco, han hecho patente la ausencia de una visión auténticamente feminista en una errática política criminal que no satisface a nadie. Buena muestra de este descontento es la inquietud que se viene manifestando en las calles y otros foros públicos por los feminicidios que no cesan, por las mujeres víctimas de trata que permanecen invisibilizadas o por los acosos y agresiones sexuales que invaden nuestra vida diaria y por fin empiezan a denunciarse. El caso de la manada no ha hecho más que revelar esa falta de empatía del sistema penal con las mujeres. Que la solución sea una reforma legislativa apresurada o una llamada de alarma a la ética judicial no es solo el problema. Más preocupante es que, sin dar tiempo a un debate a fondo sobre esas alternativas complejas, se decida institucionalmente acordar una modificación de los delitos sexuales sin más rumbo que acallar la protesta social.
Y, ¡vaya escándalo!, la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia a la que se encomienda el estudio preliminar de esta reforma está compuesta por veinte hombres. Nunca había sido un problema, pero los tiempos han cambiado y bastó que se hiciera pública la lista de expertos para que saltaran todas las alarmas. ¿Cómo no iba a haber mujeres en un asunto que afecta fundamentalmente a las mujeres? La solución no ha tardado en llegar. El Ministro de Justicia ha tenido a bien autorizar que se nombre a seis catedráticas para que, puntualmente, complementen esa representación hasta ahora indiscutida de sabios. Lo llamativo de esta iniciativa, que pudiera parecer razonable, es su carácter excepcional.
No han entendido nada. No se trata de llamar a unas cuantas expertas, que sin duda hay de sobra, para maquillar una operación legislativa políticamente correcta. Bajo un reconocimiento forzado, y seguramente inconsistente, de una sensibilidad de género que no saben lo que es, vuelve a aparecer una discriminación inquietante. Sin duda una legislación sobre violencia contra las mujeres en la que no participen académicas especializadas en temas de género va a ser una mala legislación. Pero no es solo eso. Lo que se ha puesto al descubierto con este penoso incidente es la falta de reconocimiento a esas y otras muchas mujeres penalistas de su saber académico, lo que nosotras llamaríamos sensibilidad jurídica, profusamente demostrado en tantas obras científicas y en el liderazgo de proyectos de investigación de amplio reconocimiento. Por fin algunas van a recibir la venia de expertas en temas de género para silenciar el escándalo, pero los sabios en asuntos generales –léase Comisión de Codificación- siguen siendo los mismos.
Sigan, sigan, estamos a vuesa merced.
Este texto está firmado por: Elena Larrauri Universidad Pompeu Fabra; María Luisa Maqueda, Universidad de Granada; Patricia Laurenzo, Universidad de Málaga; Adela Asua, Universidad del País Vasco, María Alcale, Universidad de Cádiz. Firmas de adhesión: Maria Luisa Cuerda, Universidad Jaume I Valencia; Patricia Farraldo, Universidad de la Coruña; Mercedes García Arán, Universidad Autónoma de Barcelona; Maria Angeles Jareño, Universidad de Valencia, Carmen Juanatey, Universidad de Alicante; Margarita Martinez Escamilla, Universidad Complutense de Madrid; Mercedes Perez Manzano, Universidad Áutónoma de Madrid; Teresa Rodriguez Montañés, Universidad de Alcalá de Henares; Maria Angeles Rueda, Universidad de Zaragoza ; Carolina Villacampa, Universidad de Lleida.
