Las entidades de gestión exigen al Gobierno el regreso del canon digital
Las entidades de gestión de derechos de autor se han plantado ante el ministro José Ignacio Wert y el secretario de Estado, José María Lassalle, para dar un no rotundo a la nueva Ley de Propiedad Intelectual que se encuentra en tramitación parlamentaria. En un acto celebrado esta mañana en el Círculo de Bellas Artes y en el que han estado presentes entre el público artistas como Víctor Manuel, Pasión Vega, Benito Zambrano o Carlos Bardem, los presidentes de las ocho entidades (AGEDI, AIE, AISGE, CEDRO, DAMA, EGEDA, SGAE y VEGAP) han exigido la retirada de esta norma y el fin del Real Decreto que regula la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
“Es un texto regresivo que nos aísla de Europa y que no ha sido elaborado con un consenso. Queremos que se abra un proceso real de debate”, ha leído José Luis Acosta, presidente de la SGAE, en un comunicado firmado por todas las asociaciones, en el que también se ha insistido en que la regulación actual de la copia privada “es arbitraria e injusta ya que ahora pagamos todos vía Presupuestos Generales”.
Este levantamiento de las entidades y el sector cultural se produce en un momento particularmente caliente, con la ley a punto de llegar al Senado –lo hará el 31 de octubre- y cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de señalar que este cargo a los presupuestos es contrario a las directivas europeas que regulan la compensación por copia privada.
Pocos datos y muchas quejas
La petición de las entidades de gestión se basa precisamente en que la compensación ya no salga de los presupuestos y que vuelva el canon digital, una tasa en la comercialización de los dispositivos electrónicos. “Nuestra propuesta es lo que había entonces, que los distribuidores, productores, fabricantes de productos tecnológicos paguen el 1% que estaba establecido entonces”, ha asegurado José Luis Acosta a eldiario.es.
¿Regresar a la Ley Sinde? “Volver a una propuesta en la que sean los distribuidores los que paguen ese canon. No es verdad que antes estuviéramos pagando más caro. Ahora es cuando se está pagando más caro y además se ha quitado el impuesto a compañías que no pagan sus impuestos en España y que no generan empleo aquí. Además también se les quita el 20% que por ley la copia privada tiene que invertir en el tema social, educativo y de formación”, ha insistido recalcando en que la gran beneficiaria de la retirada del canon fue la industria tecnológica.
Cuando le hemos preguntado por esas empresas tecnológicas que según él, están fuera de la legalidad o no pagan impuestos, se ha negado a nombrarlas. “Todos las conocemos”, dijo y agregó: “No pretendemos ir en contra de nadie, pero queremos que la ley sea equitativa. Yo estoy encantado con que se hagan ricos con los contenidos, pero que también los que producen los contenidos se vean compensados. El origen de todo el streaming, de toda la industria cultural, parte de un señor que escribe su música”, ha añadido.
Las entidades han manifestado que el PP no ha tomado en consideración ninguna de las enmiendas que le ofrecieron tras la aprobación de la LPI en el Consejo de Ministros del pasado 14 de febrero. Sin embargo, no han ofrecido datos para mostrar el perjuicio que están sufriendo con esta regulación o las ventajas que tienen ahora, según ellos, las empresas tecnológicas. Sólo han recalcado que desde el fin del famoso canon digital calculan que han dejado de ingresar más de cien millones de euros, un dato que, según Acosta, sale del 1% de impuestos que recibían antes sobre la venta de los aparatos, aunque entiende que son cálculos “complejos”.
Precisamente, con el canon, las gestoras recibían 115 millones de euros al año por lo que sus ingresos se han recortado en un 95%, después de que el Gobierno decidiera recortar también aquí y dejara la partida en 5 millones de euros.
“Pedimos a Europa que nos rescate”, ha afirmado a su vez Luis Cobos, presidente de AIE (Artistas, Intérpretes y Ejecutanes), que ha sido confundido por la presentadora del acto por el presidente de otra de las entidades, un lapsus quizá procedente de la gran cantidad de ellas que han acudido al acto, en el que también se ha pedido la retirada del 21% del IVA cultural.
Cobos ha insistido en la transparencia de las entidades de gestión, afirmando que la gestión colectiva “no es un negocio, sino un servicio que las sociedades prestan a la sociedad civil y su deber es que sea reconocido. No son empresas opacas sino que están controladas por sus órganos de dirección. Son organizaciones colectivas y privadas que se rigen por el derecho privado. Mantienen la solidaridad del colectivo porque aseguran los derechos de todos. No necesitan que sean metidas en cintura porque ya están dentro de la legalidad”.
