El think tank estadounidense The Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) ha colocado a España entre los seis países con peor política de innovación en 2014 por la nueva Ley de Propiedad Intelectual que incluye la denominada “tasa Google”. En el informe, elaborado por la analista Michelle Wein, comparte tal valoración con países como China, India, Nigeria, Rusia e Indonesia. Estas naciones, según ITIF, no han cumplido con los requisitos de la innovación como principal impulsora de la economía, y, por el contrario, han afianzado políticas mercantilistas basadas en prácticas proteccionistas en relación con los productos tecnológicos.
En concreto, en relación a España, el informe critica la obligación de hacer pagar a Google (y otros agregadores) una tasa a los periódicos por los contenidos enlazados, ya que rompe con el concepto del fair use. Según analiza Michelle Wein, “un sistema efectivo de copyright se basa en el equilibrio entre compartir, innovar y proteger. Se debe prohibir la piratería, pero a la vez se debe proveer de alguna seguridad a los proveedores digitales legales”.
Como ejemplo normativo pone la Digital Millenium Copyright Act de Estados Unidos que “aporta una protección al copyright y a la vez garantiza que los proveedores de contenidos legales, la computación en la nube y los servidores de todos aquellos servicios que funcionan con responsabilidad en Internet puedan funcionar online”. Por último, esboza el mantra de este think tank hacia las políticas de libre mercado: “Utilizar una ley sobre el copyright solamente para proteger a las empresas nacionales [en este caso, ciertos periódicos] poniendo tasas a las empresas extranjeras es un claro caso de mercantilismo proteccionista”.
ITIF fue fundado en 2006 y es un firme defensor de las políticas de libre mercado en relación con la industria tecnológica. Considera que el crecimiento económico, en un mundo globalizado como el actual, vendrá de la apuesta por la innovación, los mercados abiertos y la recepción de la inversión extranjera. “La innovación también ayuda a los desafíos globales, mejora la educación, combate el cambio climático y aumenta los ingresos”, apunta Wein también en su informe. De ahí que no solamente dé un toque de atención a España, sino a la Unión Europea en general que, según ellos, está embarcada “en un camino populista antiamericano” en relación a sus críticas a las empresas de Silicon Valley.
Para Wein, estas ideas en realidad “proceden de los propios lobbies europeos”, que no quieren perder su posición de prevalencia, como el conglomerado mediático alemán Axel Springer, cuyo consejero delegado Mathias Döpfner llegó a escribir una carta al director ejecutivo de Google, Eric Schmidt, afirmando que “Google está sentado sobre el gran tesoro que suponen todos los datos de la humanidad como el gigante Fáfner en El anillo del Nibelungo”. Una respuesta muy alemana, por otra parte, que Wein contesta aduciendo que “los datos no están más seguros o inseguros estando fuera o dentro de la UE. Las violaciones de datos pueden ocurrir en cualquier parte del mundo. La localización de los servidores no tiene ningún efecto, ni bueno ni malo, en la privacidad”.
Políticas contra el libre mercado
Es por ello que en esta lista, además de España, están Indonesia, Rusia y Nigeria. A los dos primeros se les critica que hayan implementado leyes en 2014 para que empresas como Facebook o Google tengan sus centros de datos en los países donde operan, lo que para ITIF va en contra de la expansión del mercado digital. Además, una medida de este calibre “incrementaría el coste del servicio y el precio para los consumidores”. En el caso de Nigeria se critica que su nueva ley de Información y Telecomunicaciones es demasiado proteccionista con las empresas tecnológicas locales –requerimiento de contenido y hardware autóctono, innovación local y restricciones al flujo de datos- lo que provocará “una competitividad ineficiente”, puesto que sus productos no podrán competir con los que ya han desarrollado empresas foráneas que tienen mayor calidad.
En relación a China se apunta al abuso de la ley antimonopolio, que impide el desarrollo comercial de las empresas extranjeras, además de la técnica de tirar los precios con sus paneles solares –baratos y de mala calidad, ya que están fabricados con materias fósiles- que han llevado a la bancarrota a numerosas empresas del sector en EEUU. Con respecto a La India el argumento es su rechazo a las patentes extranjeras de medicamentos anticancerígenos como el Abraxane, del laboratorio estadounidense Abraxis BioScience, o el Glivec, de la suiza Novartis.
Una LPI que no gusta a nadie
Michelle Wein vende en su informe las bondades de la apertura de mercados, principalmente en cuanto a la economía digital al indicar que habría un mayor crecimiento y desarrollo si se anulan las tasas en los productos tecnológicos, se amplían los mercados digitales, se alienta la competitividad, se protege la propiedad intelectual y se acortar las barreras comerciales. El texto es duro con Europa –de hecho ITIF fue contrario a las demandas de Francia contra Amazon por los descuentos a los ebooks-, pero se olvida de que hay que pagar impuestos –como ha ocurrido con Uber-, como sí recordaba estos días la eurodiputada del Partido Pirata, Julia Reda, con su crítica al LuxLeaks, a la vez que también criticaba la ley española por la Tasa Google.
Este quizá sea uno de los grandes problemas que tiene la LPI, que no es admitida ni por las voces europeas que pretenden un equilibrio entre la protección y la libertad de los contenidos digitales, y las voces más liberales procedentes de EEUU. Es decir, no gusta a nadie.