A comienzos de diciembre de 2013, la prensa española se hacía eco del varapalo que el Consejo de Estado daba al Gobierno por el anteproyecto de Ley de Propiedad Intelectual. La institución que aconseja sobre las leyes de nuestro país señalaba que aquel texto era demasiado laxo.
Lo que no se conocían entonces eran las maniobras que había habido detrás por parte de la MPAA –Asociación Cinematográfica de Estados Unidos, en sus siglas en inglés- el lobby norteamericano de productores y distribuidores de Hollywood, que incluso había llegado a contratar al abogado español Santiago Muñoz Machado para que presionara a favor de un texto mucho más duro frente a las descargas en Internet, el P2P y las licencias abiertas.
Así consta en los correos intercambiados entre la MPAA y Sony en diciembre de aquel año desvelados por Wikileaks. Según se expone en uno de ellos, enviado el 21 de diciembre de 2013 por parte de la MPAA a miembros de productoras y distribuidoras como Paramount, Warner, Fox y Disney, la Asociación se felicita por el revés que se le ha dado al Gobierno y por la toma en consideración de las propuestas de la Coalición de Creadores.
Se remachan puntos como que el texto “no garantiza la protección de los derechos de autor, tiene una gran cantidad de términos vagos e imprecisos; el bloqueo de la página web debe ser considerada una prioridad ya que es la medida más eficiente para remediar la violación de los derechos de autor” y que “el actual régimen de sanciones es disfuncional, deficiente y falto de coherencia”.
A su vez, se congratulan porque:
A continuación señalan que pronto comenzarán a aparecer artículos en la prensa a favor del endurecimiento de la ley y que esta no logrará ser presentada por el ministro José Ignacio Wert hasta mediados de enero de 2014.
Campaña de la MPAA
La campaña de presión de la MPAA al Gobierno español y su injerencia en asuntos de Estado, no obstante, había comenzado mucho antes. No solo con el contrato del abogado Muñoz Machado en abril de 2012.
Incluso cuando aún gobernaba el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero varios miembros de la Asociación se dirigieron a él para que el texto de la que sería la llamada Ley Sinde fuera mucho más duro en relación con las descargas. Con el cambio de Gobierno trasladaron su presión a los nuevos miembros, ya que el Partido Popular había garantizado que modificaría la Ley de Propiedad Intelectual.
Así, hubo correos y reuniones como la que se llevó a cabo en secreto en Moncloa entre el presidente Mariano Rajoy y el presidente de la MPAA, Christopher Dodd, en enero de 2013 y de la que no trascendió nada al considerarse “privada”.
El 22 de marzo de 2013 fue aprobado en Consejo de Ministros el anteproyecto de la ley. Entonces se remarcó que las webs con contenido “ilegal” serían perseguidas. Pero aún quedaban muchos pasos: el informe del Consejo de Estado, la aprobación de la ley por el Consejo de Ministros, su paso por el Congreso, Senado y vuelta al Congreso.
Fue entonces cuando la MPAA puso en marcha su maquinaria más agresiva. De hecho, entre los artículos en pos de una ley más dura destaca el que publicó el propio Muñoz Machado en El País, Perdidos en el ciberespacio, en octubre de 2013. Poco después de este artículo es cuando el Consejo de Estado emitió su informe desfavorable al anteproyecto.
Tras pasar por el Consejo de Ministros el 14 de febrero de 2014, la ley llegó al Congreso donde fue aprobada el 22 de julio de 2014 (antes de llegar al Senado) con los votos del PP. Sin embargo, el texto, que ya había sido ampliamente criticado por, entre otras cosas, el llamado Canon AEDE, no gustó a la Coalición de Creadores ni, por supuesto, la MPAA, que creían haber obtenido un primer triunfo. De hecho, según se desvela en otro correo del 6 de agosto de 2014 enviado por este Asociación, hay un fuerte descontento, pese “a la presión a los titulares de Justicia, incluidas una carta de Dodd y del embajador estadounidense [James] Costos a Rajoy. La Coalición de Creadores espera que el texto sea mejorado en el Senado”.
Los emails continúan, esta vez emitidos por Sony el 22 de septiembre de 2014, donde, además de reflejar la “difícil situación de España” por el aumento del IVA y los recortes en Cultura, muestran su preocupación por el trámite que la LPI sigue en el Parlamento.
Finalmente la LPI fue aprobada sin cambios el 30 de octubre de 2014 en el Congreso sólo con los votos del PP (172 votos a favor, 144 en contra y 3 abstenciones) para su entrada en vigor el 1 de enero de 2015. Desde entonces las críticas de la Coalición han continuado, principalmente a través de sus estudios sobre piratería, y han repetido que la LPI no funciona. Su mano es tan alargada que incluso llega a los poderes del cine en EEUU.
Foto: Junta de Andalucía
Muñoz Machado: académico, medalla de Oro y azote de la LPI
Santiago Muñoz Machado (Pozoblanco, 1949) es abogado, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas y, desde 2012, de la Real Academia Española (RAE), de la que es su actual secretario.
Fue nombrado vicepresidente de Gestevisión Telecinco, actualmente Mediaset España, en los comienzos del canal privado, cuando estaba presidido por Miguel Durán. Imputado por un supuesto fraude a la Hacienda pública en el llamado ‘caso Telecinco’ a finales de los noventa, tanto él como el resto de imputados fueron absueltos por la Audiencia Nacional.
Posteriormente puso una querella por prevaricación al juez Baltasar Garzón, quien le había imputado, que fue finalmente archivada por el Tribunal Supremo en 2009. En 2010 publicó en la editorial Edhasa la novela Riofrío: La justicia del señor juez, en la que se ensañaba con el magistrado por cómo había llevado el caso.
Desde entonces a este abogado, que tiene su propio bufete en Madrid y Sevilla, ha tenido un excelente reconocimiento público. Ha sido nombrado doctor Honoris Causa por la Universidad de Valencia, y es Premio Nacional de Ensayo por ‘Cataluña y las demás Españas’, del que Luis María Anson escribió una exultante crítica en El Cultural de El Mundo.
La Junta de Andalucía en febrero de 2014 le entregó la Medalla de Oro de Andalucía, meses después de que el lobby cinematográfico estadounidense MPAA ya le hubiera contratado para presionar al Consejo de Estado.