Si se aprueba el proyecto de ley de Propiedad Intelectual con el Canon AEDE (Tasa Google) tal como ha sido presentado, el impacto económico sería de 1.133 millones de euros al año para los usuarios de internet en España, ya que el tiempo de búsqueda para acceder a contenidos informativos se incrementaría.
Esta es una de las principales conclusiones de un informe elaborado por Analistas Financieros Internacionales (Afi) para la Coalición Pro Internet (informe completo, PDF), en momentos en que se tramita en el parlamento el texto refundido de la ley de Propiedad Intelectual (LPI) que instaura el “derecho irrenunciable” de los editores de prensa a percibir un canon de los prestadores de servicios electrónicos de agregación.
Refiriéndose a esta ley, Arsenio Escolar, director de la AEEPP, la mayor asociación de editores españoles, dijo que “además de una chapuza, es un error económico notable”, afirmó. “Se produce esta iniciativa sin haber medido económicamente las consecuencias. Como queremos ayudar al Gobierno, encargamos este informe, que debía ser hecho lo más exhaustiva y lo más rápidamente posible.”
La prisa en tener estos datos viene a raíz del intento del Gobierno de aprobar esta ley de urgencia antes del verano, para lo que ha pedido al Parlamento que habilite una sesión extraordinaria en julio. La Coalición Pro Internet enviará el informe a todos los grupos parlamentarios para que sea tenido en cuenta.
Sin justificación económica
El equipo de economía aplicada de la Afi analizó el impacto de las tecnologías de la información sobre el crecimiento económico. Emilio Ontiveros, presidente de la Afi, dijo que “no hay justificación económica, ni fallo de mercado que justifique la intervención pública”.
El estudio estima el tiempo adicional que los usuarios lectores de noticias en España, unos 17,2 millones, tendrían que dedicar a buscar y localizar la información deseada en ausencia de agregadores, un tiempo que se deja de dedicar a otras actividades productivas. Es precisamente este “coste de oportunidad” el que se valora en términos monetarios a partir del ingreso medio por hora de todas las personas que usan internet.
A un usuario medio, un incremento de sólo un segundo en el tiempo que debe dedicar para encontrar cada noticia supondría una merma de su bienestar individual valorada en 67,7 euros al año. El impacto agregado sobre el bienestar ascendería a unos 1.133 millones de euros anuales, lo que equivale al 0,11 % del PIB.
Además del perjuicio generado a los usuarios, podrían derivarse efectos negativos también sobre la estructura de mercado del sector editorial, en la medida en que los nuevos medios encontrarían mayores dificultades para posicionarse.
Consecuencias en lo macroeconómico
Las implicaciones se extienden a lo macroeconómico, ya que Afi considera que podrían producirse procesos de deslocalización de actividad y empleo en sectores de elevado valor añadido; se desincentivaría la innovación tecnológica y empresarial directamente relacionada con los servicios de información y comunicación y, finalmente, de producirse la modificación legislativa, sería un cambio normativo discrecional en detrimento del interés general, lo que iría en menoscabo de la seguridad jurídica en España.
Un derecho irrenunciable que atenta contra la libertad de empresa
El carácter irrenunciable de la compensación es otro de los puntos analizados: los analistas consideran que atenta contra la libertad de empresa y puede perjudicar a los editores de menor tamaño, especialmente a aquellos que producen contenidos bajo licencias diferentes al copyright (por ejemplo las Creative Commons) o que podrían querer establecer acuerdos particulares con los agregadores. Medios que reciben visitas provenientes de agregadores como Menéame o redes sociales como Twitter o Facebook, como es el caso de eldiario.es por ejemplo, podrían verse seriamente afectados.
Las consecuencias negativas de la modificación de la ley también han sido advertidas en el rechazo de la CEOE y de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, además de numerosos colectivos relacionados con la prensa digital, como los que se agrupan bajo la Coalición Pro Internet.
Los agregadores de contenido: aliados de los usuarios
Los agregadores de contenidos digitales son, según el informe, uno de los instrumentos que más han contribuido a corregir los efectos negativos de la sobrecarga de información en internet. Estas herramientas aportan valor específico y diferencial a los usuarios, puesto que no se limitan meramente a referenciar contenidos, sino que ofrecen otros servicios de valor añadido que permiten la recopilación automática o a través de mecanismos sociales de información relevante para cada usuario. El informe también clasifica los distintos tipos de agregadores de contenidos:
* los agregadores algorítmicos (ejemplo: Google News), donde la agregación es totalmente automática y se realiza a través de algoritmos que llevan a cabo un análisis de contexto y clasificación de titulares procedentes de diversas fuentes
* lectores de fuentes automatizadas (ejemplo: Feedly, Flipboard), herramientas que permiten al usuario suscribirse a contenido público sindicado por los medios originales por medio de formatos como Atom o RSS, para recibir las actualizaciónes de contenido a medida que se producen
* agregadores colaborativos: (Ej: Menéame, divoblogger, divúlgame), la información es aportada o compartida por la propia comunidad de participantes. Los usuarios votan las noticias, decidiendo el ranking de contenidos que figura en la portada. Además, Menéame permite incluir comentarios dentro de cada uno de los titulares publicados, lo que refuerza el carácter “social” de este agregador
* redes sociales (Facebook, Twitter), que permiten a cualquier usuario reproducir de manera pública o restringida noticias o contenidos que éste considere de interés para sus seguidores o contactos. En algunos casos, la redifusión de estos contenidos contiene fragmentos no significativos extraídos manual o automáticamente de los originales.
El informe afirma que los agregadores de contenido no entran en competencia directa con los editores, y que más bien se observa una relación complementaria, donde los agregadores multiplican el tráfico de visitas que reciben los editores a través de los enlaces que facilitan los primeros. También se recoge la posibilidad de implementación de mecanismos de opt-out sencillos y gratuitos, como robots.txt, para quienes se consideren afectados por los agregadores. El informe completo puede leerse en la web de la Coalición Pro Internet o descargarse desde aquí (PDF).