Se supone que el Estado protege los intereses de sus ciudadanos. Lo cual incluye defender a sus empresas y fomentar la economía, pero también evitar que las corporaciones abusen de sus clientes. En los últimos tiempos el Gobierno de Estados Unidos parece decidido a garantizar protecciones a algunas de sus industrias que dejan a los ciudadanos indefensos y perjudican sus intereses.
Y no sólo dentro de sus fronteras: a través de tratados internacionales y de labores de ‘lobby’ sobre el proceso legislativo de otros países, procura extender estas normas a todo el mundo. Y para evitar críticas el proceso se lleva a cabo en secreto y sin permitir participar a representantes de la ciudadanía.
Como ha revelado la filtración por parte de WikiLeaks del capítulo dedicado al ‘copyright’ del anteproyecto de tratado conocido como TPP (Trans-Pacific Partnership Agreement, acuerdo de asociación transpacífica en el que participan EEUU, Canadá, Japón, Australia y varios otros países de la cuenca del Pacífico), el Gobierno estadounidense presiona a sus socios comerciales para que adopten normas draconianas que suponen un programa de máximos para los defensores de la propiedad intelectual extrema y perjudican severamente a los consumidores, y aún más: dañan la competencia y la innovación y ponen en riesgo derechos básicos como la libertad de expresión.
De aprobarse, sus provisiones acabarían con certeza incorporadas al TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership, asociación transatlántica de comercio e inversión), que se negocia en estos momentos (también en secreto) con la Unión Europea. En la práctica, EEUU pretende que el mundo entero acepte su visión sobre la propiedad intelectual e industrial, y que lo haga sin pasar por parlamentos y sin discusión pública.
El TPP se lleva negociando en secreto desde hace años. Un primer borrador, filtrado algún tiempo atrás, indicaba ya la dirección que estaba tomando el texto hacia el endurecimiento del régimen de protección del copyright en los países firmantes. Pero el nuevo texto filtrado es mucho peor de lo que esperaban incluso los críticos más escépticos.
La filtración de WikiLeaks incluye el texto base y las objeciones de diversos países negociadores a puntos concretos, lo cual permite conocer las posturas de cada Gobierno. Y la visión es estremecedora: la postura oficial de EEUU es imponer el punto de vista más extremo de las industrias estadounidenses, en especial de sectores como el copyright, la industria farmacéutica y el software.
EEUU pretende que el TPP fuerce a sus firmantes a aceptar que se patenten seres vivos, como animales o plantas modificadas genéticamente, lo que facilitaría el control por parte de multinacionales de semillas transgénicas o de tratamientos desarrollados por estos procedimientos.
También se quiere incluir la posibilidad de patentar procedimientos médicos, lo que permitiría proteger legalmente métodos quirúrgicos o de diagnóstico. En el borrador se incluye extender la vigencia de las patentes más allá de los 20 años y facilitar algunos de los trucos que utilizan las farmacéuticas para extender su monopolio legal, como las patentes solapadas. Esto dificultaría el lanzamiento de genéricos y tendría el efecto de hacer más caros los nuevos medicamentos. En su conjunto, la medicina sufriría notablemente de aprobarse las peticiones estadounidenses en su totalidad.
Derecho de autor y libertad de expresión
En la misma línea, el texto incorpora drásticas definiciones y procedimientos para proteger el derecho de copia en el ámbito digital, muchas de ellas sacadas casi textualmente de leyes estadounidenses que han sido muy polémicas allí, como la DMCA (Digital Millenium Copyright Act, ley de copyright del milenio digital).
Y otras que ni siquiera han sido aceptadas en EEUU, como la idea de que generen copyright incluso las copias ’técnicas’, lo cual en la práctica haría casi imposible el funcionamiento normal de Internet. La información en la red viaja a base de copiarse en ordenadores intermedios; si estas copias ‘técnicas’ generasen regalías y necesitaran permiso, no se podría navegar.
Con todo, lo peor y más peligroso desde el punto de vista político está en los apartados dedicados a los métodos de protección y cumplimiento de las leyes de derecho de autor, que, si se instauraran, implicarían una severa amenaza a la libertad de expresión en Internet.
El texto de máximos hace responsables a los proveedores de acceso a Internet de controlar el acceso de sus clientes a contenidos prohibidos, lo que aumentaría notablemente sus costes y provocaría políticas de cierre preventivo a la mínima queja, al transformar a los proveedores locales en 'policías del copyright’. De hecho, los mecanismos previstos se asemejan a los bloqueos rápidos que puso la DCMA en los EEUU, que han causado numerosos abusos por parte de la industria y están siendo muy contestados.
En cuanto al software, lo que EEUU pretende introducir en el TPP son draconianas prohibiciones de alterar los ‘cerrojos’ tecnológicos que vienen incluidos en algunos productos o servicios, lo que conllevaría, por ejemplo, criminalizar la desprotección de teléfonos móviles (el 'jailbreaking') e incluso su ‘liberación’ de un determinado operador de telefonía.
Esto supone que el cliente no llegue a ser verdaderamente propietario de su máquina, que estaría controlada por su proveedor de servicio o tecnológico sin que el dueño tenga derecho a hacer con ella lo que le venga en gana. Los sistemas de protección de contenidos tipo DRM (Digital Rights Management, gestión de derechos digitales) estarían igualmente blindados por la ley.
Y por si todo esto fuera poco, el proyecto contempla que los países que no cumplan con sus provisiones se enfrenten a serias sanciones comerciales por parte del resto de los firmantes. Esto complicaría mucho que los parlamentos de cada país puedan modificar los términos del tratado una vez firmado, limitando la soberanía local.
La guinda del pastel es que quienes negocian el tratado son los Gobiernos, pero no hay representación del público ni de los consumidores; para la sección de derechos de autor y propiedad industrial tan sólo hay un comité asesor en el que se sientan 15 representantes de la industria discográfica, farmacéutica y tecnológica. Y entre estos últimos no hay siquiera ninguna empresa de Internet; lo más parecido son AT&T, Cisco y Verizon. Ni buscadores, ni redes sociales, ni cibercomercios. No es extraño, pues, que negocien en secreto: todo huele bastante mal.
Es cierto que el tratado no se ha aprobado, y que hay otras versiones de las propuestas más drásticas, defendidas por otros países. Pero hay que tener en cuenta el peso económico y político de EEUU y su capacidad de influencia sobre los Gobiernos de países más pequeños. Sabemos por filtraciones anteriores de WikiLeaks lo activa que puede ser la embajada estadounidense cuando se trata de exigir legislación más drástica. El hecho de que estas peticiones estén mezcladas en el TPP con otros apartados comerciales da a EEUU mucha capacidad de presión.
Si bien la filtración ya está forzando a algunos países a aclarar que no aceptarán las medidas más estrictas y hace crecer la presión para que el proceso se abra a la vigilancia por parte de organizaciones de la sociedad civil, está claro lo que quiere la industria de EEUU. Desean mayores controles en Internet, aunque pongan en peligro la libertad de expresión, y mayores ventajas legales para sus industrias del conocimiento. Y si no pueden convencer a los parlamentos de que las aprueben, están dispuestos a saltarse el control del legislativo para imponer por tratado internacional lo que desean.
No sólo quieren imponer malas leyes, que ya han causado mucho daño en su propio país: además quieren hacerlo por métodos muy poco democráticos. Sería malo para los consumidores, y también un pésimo precedente que sin duda se extendería a la UE y al resto del mundo.