Imaginen que montan una nueva página web para su empresa de comercio electrónico y deciden que, en vez de colocar el famoso icono del carrito de la compra para la adquisición del producto, quieren que el usuario lo compre con la técnica del one-click. Podrían hacerlo, pero antes tendrían que pagar a Amazon por la licencia de uso, ya que es quien tiene la patente de este software desde 1999. De hecho, esto es una historia real: cuando Apple quiso que las canciones en iTunes se compraran mediante la fórmula one-click, tuvo que pagar una gran cantidad a Amazon para poder usar esa invención.
Este ejemplo, un tanto simplón, explica de forma muy gráfica las consecuencias que, según denuncia la comunidad de software libre española y que está moviendo en las redes Xnet, podría tener la nueva Ley de Patentes aprobada en Consejo de Ministros el pasado noviembre, y en el cual el ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró que establecería “un nuevo régimen de la propiedad industrial en España”.
Pero, si se mira la letra pequeña, esta reforma de la Ley actual [de 1986] es algo mucho más que eso. Es cambiar completamente la percepción que se tiene en la Unión Europea con respecto a las creaciones que poseen, no una propiedad industrial, sino intelectual, como es el caso de películas, libros, música, y también, en este caso, el software.
Excluido del sistema de patentes
Una patente es un título que conceden las autoridades públicas y que da un monopolio de 20 años para explotar una invención en exclusiva. Así, se impide a terceros fabricarla, venderla o utilizarla sin consentimiento del titular. Surgieron a finales del siglo XIX, con la revolución industrial, para evitar que las empresas secuestraran y hasta mataran a los ingenieros de otras empresas con el fin de que les informaran de las ideas que habían tenido para la elaboración de un determinado artefacto.
Desde el principio se articuló que para otorgar una patente a un producto este debía tener unas características técnicas –modificara la materia o la energía-, que fuera inventivo, produciendo unos efectos nuevos medibles, y que no fuera obvio. Quedaba fuera todo lo que tuviera que ver con el arte o las operaciones matemáticas, por ejemplo. Décadas más tarde, ya en 1973 con la creación del Convenio europeo de patentes, que armonizaba las patentes de los diferentes países, se especificó en su artículo 52.2 que el software quedaba fuera, ya que ya estaba protegido por las leyes de propiedad intelectual.
Sin embargo, la Oficina de Patentes Europea, creada también ese año, y a la que a día de hoy pertenecen 32 países –entre ellos, España-, pero que es un organismo privado que no forma parte de las instituciones de la Unión Europea, pronto comenzó a mover ficha para que el software también fuera objeto de 'patentabilidad'.
De hecho, durante los primeros años de los 2000 influyó para que la UE redactara una directiva sobre patentes que incluyera a los programas informáticos, que finalmente fue rechazada el 6 de julio de 2005 por un 87% de los miembros de la Eurocámara, ya que se argumentó que ya estaban protegidos por las leyes de propiedad intelectual. El software quedaba así fuera de la posibilidad de ser patentado en los países de la Unión.
La fuerza de las multinacionales
El problema, según comenta a eldiario.es, Roberto Santos, de la Open Knowledge Foundation de España (OKFN) es que “la mayoría de las Oficinas de Patentes estatales están controladas por la oficina europea, que está transmitiendo las directrices para que se incluya también el software”. Y ahora, cuando el Gobierno ha decidido llevar a cabo esta reforma, lo ha incluido echando mano de una pequeña trampa en el articulado al introducir la expresión “como tal” en el apartado que, en principio, excluiría al software. Es decir, un programa informático no sería patentado, pero como afirma Santos, “si es un artefacto con software, entonces se consideraría que sí. Se deja la puerta abierta y ahora no hay ningún proceso industrial en el que no haya software”.
¿Cuáles son las consecuencias? Desde la Oficina Española de Patentes y Marcas (OPEM), su directora, Patricia García Escudero –hermana del presidente del Senado, Pío García Escudero- defiende esta patentabilidad porque otorgaría “un instrumento” a las pymes para poder “otorgar una licencia a un tercero” y “obtener royalties por ello”, según señaló hace unos días a rtve.es. Además, según la OPEM, la nueva ley seguiría la tendencia europea. De hecho, la Oficina de Patentes Europea ya ha otorgado 100.000 patentes a programas informáticos.
Sin embargo, aunque el mensaje es positivo a priori –cobrar a terceros por el uso de nuestras invenciones-, desde la comunidad de software libre no se ve con tan buenos ojos. Al contrario. Como reconoce Santos, en realidad, “al Gobierno le interesa que haya más patentes, ya que genera más recaudación, a las oficinas de patentes les interesa que haya más áreas de patentes porque son su negocio, y, sobre todo, a las multinacionales, porque ellos tienen la fuerza legal y hace que se elimine la competencia sobre las pymes”. En términos económicos, el registro de una patente está en torno a los 1.200-1.500 euros, aunque varía mucho dependiendo del invento en sí.
El software ya tiene propiedad intelectual
Además del ejemplo del one-click, sólo hay que echar una ojeada a las patentes de software existentes en Estados Unidos y que manejan las grandes empresas. Allí sí están permitidas, aunque ahora se discute la posibilidad de acabar con ellas, ya que hacen mucho daño a todas las empresas que se dedican a ello. Por ejemplo, está patentado el doble click del ratón (Microsoft); desbloquear el móvil usando el gesto de deslizar (Apple); los doodles (Google); o las teclas de subir y bajar páginas (Microsoft). Y así un buen puñado.
Como dice Fernando Acero, miembro de la comunidad de software libre, si la reforma sale adelante el daño sería muy grande para la competitividad. “Las empresas grandes se pasan el día litigando por patentes, y llegan a acuerdos de intercambio, pero las pymes tienen una capacidad más reducida. Por ejemplo, Microsoft está cobrando a Google por Android, y Google se lo puede permitir, pero ¿una pequeña empresa?”. Y pone otro ejemplo: imagine usted que patenta una determinada idea informática y la comienza a usar una gran empresa como Microsoft. Aunque usted exija a esta multinacional que le pague por ella, lo más probable es que esta a cambio le intente llevar a los tribunales por todas las patentes que usted usa (desde ese doble click). Y usted sabe que saldría perdiendo.
Además, hay una cuestión de concepto que siempre ha defendido la Unión Europea y que tiene que ver con la contradicción entre la propiedad industrial –de los objetos- y la intelectual –de las personas-. Como argumenta a eldiario.es Alberto Barrionuevo, tesorero de la patronal de empresas de software libre en España (ASOLIF), “la propiedad industrial cuando se aplica a la creación intelectual lo que hacemos es monopolizar la idea”. ¿Y quién sale beneficiado? Las de siempre: “Las multinacionales, pero no las pequeñas empresas españolas. Lo que no quieren es que les salga ningún Google por ningún lado”, añade.
De momento, los diferentes partidos políticos están discutiendo sobre este asunto que el Gobierno quiere finalizar antes de que acabe la legislatura. Roberto Santos se ha puesto en contacto con todos ellos y, por ahora, sólo el PSOE y UPYD se han mostrado en contra de patentar el software. Mientras, el resto medita su respuesta. El plazo para presentar enmiendas en el Congreso culminará el próximo 17 de marzo.