Cuando las revelaciones de Snowden fueron publicadas el 5 de junio 2013, sólo un periódico español, El País, les dio espacio en su portada, pero sólo el 7 de junio y en los siguientes términos: “EEUU justifica la vigilancia masiva por motivos de seguridad”. Lo que salió en portada dos días despues fue la reacción oficial de Estados Unidos y no las revelaciones.
Esta precaución y la presencia de la respuesta oficial han sido la norma en el debate en los medios de comunicación españoles. Esto, junto con la minimización del tema por parte del gobierno de EEUU, ha determinado en gran medida el debate público sobre los efectos de la vigilancia masiva.
A mediados de junio, el Gobierno español emitió un comunicado declarando que “si un ciudadano es consciente de que algo extraño está sucediendo, debe ponerlo en conocimiento de las fuerzas del Estado para que se lleve a cabo una investigación'” La Agencia Española de Protección de Datos, a su vez, declaró que las autoridades de la UE ya habían reaccionado solicitando más información de EEUU y que este asunto tenía que ser tratado a nivel continental.

En julio, Edward Snowden pidió asilo al gobierno español, a través de la embajada en Moscú, y se le dijo que debía estar en suelo español para procesar la solicitud (en ese momento se encontraba en Hong Kong) y que su petición no tenía efectos jurídicos debido al procedimiento utilizado para presentarla. Poco después, al avión presidencial de Evo Morales se le negó el derecho a volar sobre España con el pretexto de la sospecha de que Edward Snowden pudiera estar viajando en él. Sólo se le permitió repostar en las Islas Canarias después de que Bolivia aceptara el registro del avión, en una clara violación de la soberanía boliviana.
A pesar de esto, a nivel parlamentario las revelaciones Snowden se han abierto camino en el Congreso, aunque siempre a petición de la oposición y con resultados pobres en términos de transparencia y rendición de cuentas. En julio de 2013, Izquierda Unida presentó una serie de preguntas sobre la posibilidad de que Snowden consiguiera el estatus de asilado España, y sobre las medidas que se habían tomado para proteger su vida y su libertad de expresión. El gobierno respondió en septiembre declarando cuál es el procedimiento para solicitar asilo y la conformidad de todas sus actuaciones con el marco jurídico vigente.
En noviembre de 2013, el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) compareció a puerta cerrada ante la Comisión de Secretos Oficiales. Su comparecencia fue acordada después de que los medios de comunicación revelaran que España era un aliado de “segundo grado” de los EEUU, y que el CNI había permitido o ayudado a ese país a recoger 60 millones de llamadas telefónicas sólo entre diciembre de 2012 y enero 2013.
Esto fue negado por el director de la NSA Keith Alexander, quien hizo hincapié en que los metadatos generados habían sido recogidos en el marco de la colaboración regular entre países miembros de la OTAN, y que éstos se referían únicamente a las actividades sospechosas en terceros países (como Malí y Afganistán). A los parlamentarios que asistieron a la comparecencia se les pidió específicamente no revelar los detalles de la sesión, pero los que hablaron brevemente con los medios de comunicación mostraron satisfacción y mencionaron que el director de la CNI había dejado claro que España siempre había actuado de acuerdo con la ley, que los datos de los ciudadanos españoles no se habían visto comprometidos por las actividades de la NSA y que era la inteligencia de EEUU la que debía dar nuevas explicaciones.
En diciembre, la oposición de izquierdas pidió permiso para que Snowden pudiera viajar a España y comparecer ante la Comisión de Justicia, pero la petición parece haber sido ignorada por el gobierno. En marzo de 2014, la Comisión de Libertades Civiles de la UE publicó su informe sobre la Vigilancia Electrónica Masiva, y la oposición de Izquierda Unida utilizó sus recomendaciones para presentar una serie de preguntas al gobierno. En concreto, el 30 de abril le preguntaron:
“¿Qué medidas se han adoptado por el gobierno para cumplir las catorce recomendaciones del informe de la comisión LIBE sobre los programas de vigilancia masiva de la agencia de vigilancia de EE.UU. (NSA)? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles son esas medidas? Si la respuesta es negativa, ¿por qué?

Como recomienda el informe, se han tomado medidas legales contra el ataque a la soberanía de España y la violación del derecho internacional público general a través de los programas de vigilancia masiva? Si la respuesta es negativa, ¿por qué?“

La respuesta oficial del gobierno puede tomar aún varios meses. Y mientras que otros partidos han expresado sus planes para llevar a cabo acciones similares, como informó recientemente eldiario.es, esto no ha sucedido todavía.
Por lo tanto, si bien es difícil establecer una relación directa entre el debate parlamentario y el mediático, los dos parecen compartir una falta de interés por el tema. Si en el Parlamento la oposición de izquierdas es la excepción a la regla, en los medios de comunicación las revelaciones de Snowden sólo han aparecido de forma sostenida en la sección de tecnología de eldiario.es. La regla, sin embargo, sigue siendo la indiferencia generalizada.
El impacto de las revelaciones Snowden fuera de los medios de comunicación y el parlamento es difíciles de evaluar a sólo 12 meses después de haber ocurrido, aunque esto puede cambiar en el futuro. El cambio social no se puede medir en un corto período de tiempo, sobre todo cuando no se realizan esfuerzos en este sentido. La Agencia de Protección de Datos podría haber publicado un informe o materiales específicos, pero no lo ha hecho. Además, su informe de 2013 aún no ha sido publicado, por lo que es imposible buscar ahí indicadores pertinentes.
Lo mismo puede decirse del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Los últimos datos relevantes que encontramos en sus encuestas sobre confianza, protección de datos y sensación de inseguridad son muy anteriores a Snowden, aunque en los próximos años esto ya no debería ser así.
Hasta entonces, no podemos hacer sino conjeturas. El debate sobre la privacidad en España parece tener cada vez más presentes las revelaciones de Snowden y el reto que supone la protección de datos. En la reciente VI Conferencia sobre Vigilancia y Sociedad celebrada en Barcelona, donde se abordó específicamente el contexto posterior a Snowden, los medios de comunicación se mostraron reacios a cubrir el evento en términos de la vigilancia estatal y parecieron estar más dispuestos a vincularla a la protección de datos en las redes sociales y la responsabilidad de los usuarios.
Del mismo modo, la exposición Big Bang Data, inaugurada recientemente en Barcelona, se centra en gran medida en la experiencia del usuario y las redes sociales, con pocas referencias a Snowden, a pesar de que los curadores han manifestado que las revelaciones cambiaron su concepción de la totalidad del proyecto.
En general, el debate Snowden parece estar contribuyendo a un debate más general sobre la privacidad en línea y la comercialización de los datos, mientras que las preocupaciones sociales parecen seguir centradas en el desempleo, la crisis y la corrupción. Esto no es sorprendente en un país post-autoritario donde la vigilancia de arriba hacia abajo ha sido la norma más que la excepción durante la mayor parte del siglo pasado, donde no hay una tradición de “whistleblowers” (personas que denuncian malas prácticas desde dentro), donde la mayoría de personas confiesan desconfiar de sus vecinos y donde la crisis financiera ha hecho que todos los demás problemas pasen a un segundo plano. Pero España es también un país que ha visto ejemplos notables de resistencia a la proliferación de videovigilancia y donde la protesta sobre la vulnerabilidad de datos de WhatsApp llevó a dos millones de personas a buscar -sin éxito- alternativas de mensajería instantánea más respetuosas con la privacidad.
Hay señales de que el debate se ha suscitado, por lo menos en los ambientes específicos y en relación a la ciberseguridad, las redes sociales y los problemas de privacidad. Y mientras los medios de comunicación y la pasividad política son un desafío inmediato, la preocupación por la privacidad va en aumento. En este contexto en evolución, cada nueva revelación sobre el uso y abuso de los poderes de vigilancia está contribuyendo al fortalecimiento de la necesidad de un verdadero debate público sobre las posibilidades y los riesgos de la sociedad de la vigilancia.
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