La política energética también requiere de gestos a corto plazo: España debe rechazar el MidCat y la autopista eléctrica del Golfo de Vizcaya

El nuevo gobierno de Pedro Sánchez ha entrado fuerte en la dialéctica de la transición ecológica, para empezar poniéndole ese nombre nada menos que a un ministerio. Que la ministra de Medio Ambiente sea la también la Ministra de Energía puede verse a priori como una buena noticia o como una mala noticia. La experiencia en España hace temblar a los que saben que cuando el medio ambiente ha ido acompañado de otra cartera, por lo general ha acabado subyugado a esta. La política del agua respondiendo a intereses del sector agroindustrial en detrimento de los caudales ambientales, son solo un ejemplo en ese sentido.

Sin embargo el nuevo Ministerio de Transición Ecológica suena desde luego mucho más a una oportunidad que a una amenaza. Llevamos años criticando, por ejemplo, que mientras los ministros de medio ambiente se reúnen en la cumbres de cambio climático para marear la perdiz y hacer declaraciones de buenas intenciones, sus colegas del ramo energético se quedan en casa firmando permisos de exploración y explotación de hidrocarburos y otorgando subvenciones a la industria fósil, como si las negociaciones climáticas no fueran con ellos. En nuestro país la política ambiental/climática y la política energética han sido dos realidades que no se han tocado apenas. Han vivido de espaldas y en residencias desiguales; energía en una mansión en la parte alta de un rascacielos, medio ambiente abajo en una chabola, si se me permite la expresión.

Por eso, la sola idea teórica de que ahora la política energética pudiera acabar supeditada a los dictados de la crisis climática y ecológica es algo tentador. Hablar de teoría implica que aún no hay hechos, como es lógico por el corto recorrido del nuevo gobierno. Se han producido varios anuncios, algunos de los cuales no suenan nada mal. La nueva ministra compareció recientemente ante el Congreso de los diputados y desgranó algunas de sus intenciones. Aprobar la ley de cambio climático, presentar el plan integrado de energía y clima, cerrar el carbón en 2020, acabar con el impuesto al sol, prohibir las prospecciones marinas, cerrar las nucleares al cumplir su vida útil,.... Habló incluso de poner a la ciudadanía en el centro del modelo energético y huir del actual modelo centralizado. Un modelo que ha facilitado que la política energética esté al servicio de los intereses de las grandes corporaciones, que han concentrado poder, maximizado ganancias y excluido a la población.

La debilidad del gobierno de Pedro Sánchez, con una aritmética parlamentaria complicada y una legislatura muy corta, quizás le incapacite para llevar a buen término algunos cambios de calado, pero no le impide tomar medidas inmediatas en la buena dirección. Muchas de las cosas anunciadas podrían materializarse en los próximos meses y en los próximos dias si cabe. No se puede cambiar el modelo energético de la noche a la mañana, pero si se pueden hacer gestos. Al partido socialista se le ha acusado muchas veces de basar su política más en estos gestos que en cambios estructurales aunque al mismo tiempo también se le ha reconocido que los gestos son necesarios y actúan de bálsamo tras una etapa larga de un gobierno hostil. Ciertamente muchas de las cosas anunciadas por la ministra en el Congreso podrían empezar a aterrizarse en los próximos meses, pasando así de la teoría a los hechos. Y estos cambios serían unos símbolos muy potentes para comenzar a andar la senda de esa transición ecológica.

Pues bien, el gobierno de Sánchez tiene una oportunidad de oro de empezar a cambiar las cosas en los próximos dias. El próximo dia 27 se celebra en Lisboa una minicumbre energética entre España, Francia, Protugal y la Comisión Europea para hablar de interconexiones. Si el gobierno socialista quiere pasar de la teoría a los hechos puede hacer dos cosas desde ya:

Por un lado puede rechazar el proyecto de gasoducto MidCat, que pretende duplicar la capacidad de interconexión con Francia. La Unión Europea lleva años poniendo el gas en el centro del modelo con la excusa de huir de la dependencia del gas ruso. Desde luego este argumento no se sostiene, toda vez que Alemania pretende seguir adelante con el proyecto del NordStream2, precisamente para traer más gas procedente de Rusia. Pero en cualquier caso, lo importante es que la planificación de las necesidades gasistas en la Unión Europea está corrompida de partida, dado que son las propias empresas encargadas de la construcción de las infraestructuras las que hacen una estimación de lo que se necesita, a traves del organismo ENTSO-G. Así, empresas como la española Enagás deciden cuales son las “necesidades comunes de la población” para beneficiar a su cuenta de resultados. No es de extrañar que el mencionado organismo siempre sobreestime unas proyecciones de demanda que nunca se cumplen, como se puede observar en la figura que se muestra a continuación.

En nuestro país se habla bastante del oligopolio eléctrico, pero el oligopolio gasista pasa más desapercibido. Enagás, una de las empresas con mayor número de puertas giratorias del IBEX 35, es quien está detrás del proyecto de gasoducto MidCat. También tiene una participación del 16% en el TAP, el tramo transadriático del Corredor de Gas del Sur (que pretende traer gas desde Azerbaiyán a Italia), otra de las megainfraestructuras que junto al MidCat se planean construir en Europa. El gobierno italiano ya planteó recientemente que revisará la decisión de construir dicho gasoducto por considerarlo innecesario. El gobierno español también puede y debe ahora revisar la decisión de MidCat porque al igual que el TAP, también es innecesario. Así lo evidencia un informe recientemente filtrado por el diario La Marea, que desmonta los argumentos que hasta ahora el anterior gobierno español del PP y el Comisario Miguel Arias Cañete habían esgrimido para defenderlo. Al conocerse el informe filtrado, la actual ministra de Transición Ecológica yaexpresó en  la red social twitter que “tenemos un serio problema a la hora de identificar dónde invertimos en nuestro futuro”, en relación a la falta de idoneidad de seguir realizando grandes inversiones en proyectos energéticos que nos alejan del Acuerdo de París. En la comparecencia ante el Congreso de los diputados no fue tan explícita pero pidió “cautela” para las infraestructuras de gas y “no dejarse llevar por los delirios de grandeza”. El regulador francés de la energía (CRE) ya expresó dudas respecto al gasoducto, al igual que la empresa francesa GRTgaz. España debe aprovechar este momentum.

El gas es un combustible fósil que contribuye al cambio climático. Su combustión produce CO2 y además a lo largo de la cadena de suministro se producen fugas de metano, un gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento 86 veces superior al del CO2 en los veinte primeros años de vida. Cada vez más investigaciones científicas demuestran que las fugas de metano no han estado bien contabilizadas y representan un problema climático mayor del que se creía. Apostar por el gas es incompatible con el Acuerdo de París. Invertir en infraestructuras que están pensadas para perdurar varias décadas es incompatible con cualquier plan de transición ecológica, que exige unos tiempos de reacción mucho más rápidos. Así lo está poniendo de manifiesto la recientemente creada red Gas no es Solución, una alianza informal de organizaciones, partidos y luchas locales surgida en el Estado español para oponerse al desarrollo del gas en diversos ámbitos.

La segunda cosa inmediata que el gobierno de Sánchez puede hacer es rechazar la interconexión eléctrica submarina que partiría del municipio vizcaíno de Gatika, algo que probablemente también esté en la agenda de la cumbre del dia 27 de julio. Apostar por un modelo descentralizado “no basado en la oferta, sino basado en la gestión de la demanda” y “con una amplia participación e implicación de la sociedad, para colocar al ciudadano en el centro del modelo”, como defendió la ministra en el Congreso, debería permitirnos avanzar hacia una menor necesidad de interconexiones energéticas.

Y si rechazamos la energía nuclear no podemos obviar que Francia es uno de los mayores productores. No necesitamos más interconexiones eléctricas; no son necesarias. Hay que desmontar la visión errónea de la península ibérica como una isla energética. El cálculo de las interconexiones en base a la potencia instalada y no a los picos máximos, sobredimensiona las infraestructuras. El seguir adelante con el proyecto de la interconexión de Gatika solo facilita la entrada de energía nuclear proveniente de Francia, ya que en un mercado común como el europeo si se produce sobreproduccion por parte de un país (Francia), otro país del mercado (España) la absorberá. Según Red Eléctrica Española (REE) -otra empresa líder en puertas giratorias- la electricidad de origen nuclear consumida en España alcanzó el 21,5% en 2017, pero la cuota nuclear en realidad asciende al 26,8% si contabilizamos las importaciones desde Francia. En definitiva a mayor número de interconexiones mayor la capacidad para transferir esa producción energética. Portugal decidió (sabiamente) en su dia no aventurarse por la senda nuclear y España parece ahora más decidida a abandonarla. Rechazar esta autopista eléctrica, en el sentido de lo demandado por la Red de Apoyo Mutuo en Respuesta a los Megaproyectos Energéticos, sería un paso coherente en esa dirección.

La repercusión de estas interconexiones sobre el precio de la energía para los usuarios no debe ignorarse. En nuestro país una de cada diez personas no pueden calentar su casa, al no poder hacer frente a los recibos de la luz y/o el gas. En principio, si Francia no siguiera adelante con su calendario de cierre nuclear, las interconexiones como la de Gatika subirían enormente el precio de la luz. Del mismo modo las infraestructuras gasistas pueden encarecer el precio final para los consumidores. El sobredimensionamiento de nuestro sistema gasista ya ha generado una deuda acumulada de 1000 millones de euros que se han revertido a la ciudadanía, como ha ocurrido también en el caso del fallido almacen de gas Castor, que ha generado una deuda ilegítma de 2400 millones de euros a pagar en 30 años. Los españoles pagamos la energía un 30% más cara que el promedio europeo. Si las razones climáticas y ambientales no bastaran, los 4,5 millones de personas en situación de pobreza energética deberían decidir al gobierno español a eliminar estos proyectos.

Agradezco a Javier Andaluz sus comentarios.