El pasado 11 de marzo se cumplía el 6º aniversario del accidente de Fukushima-Daiichi, tan grave como el de Chernóbil, aunque de características diferentes. Las consecuencias del accidente persisten y la situación todavía no están controladas.
Por un lado, no se conoce a ciencia cierta el estado de los reactores números 1, 2 y 3, aunque se sabe que están fundidos. Se han introducido tres robots en el reactor número 2 para averiguar el estado y posición del núcleo del reactor, pero no han podido soportar las altísimas dosis de radiactividad y han dejado de funcionar a las pocas horas. La dosis registrada en ese reactor oscila entre los 500 y 650 Sv/h (Sievert por hora), suficiente para matar un a persona en pocos segundos.
Antes de estropearse, los robots pudieron tomar fotos y películas que confirmaban que el núcleo está fundido y forma lo que se llama corium (un amasijo de combustible nuclear y metal) de muy difícil manipulación, y que será necesario que pase mucho tiempo antes de plantearse el desmantelamiento. De hecho, ya se baraja la alternativa que se ha puesto en marcha en Chernóbil: construir sarcófagos que confinen los reactores hasta que el nivel de radiación baje sensiblemente, lo que puede ocurrir en décadas.
Por otro lado, aún no se ha controlado totalmente el flujo de agua radiactiva que se vierte en el mar, compuesto por aguas subterráneas que fluyen desde las montañas vecinas y se contaminan al pasar por el subsuelo de los reactores, para acabar en el mar. Estos vertidos siguen siendo un problema grave, puesto que no se han detenido totalmente a pesar de que se bombea agua constantemente. De hecho se calcula que habrá que gestionar más de 900.000 Tm de agua. Se está en proceso de construir un muro de hielo de 30 metros de profundidad en torno a los reactores para evitar que el agua se contamine, pero no estará operativo hasta 2021.
Las autoridades japonesas han renunciado a una descontaminación total y por eso los niveles de radiación de las zonas descontaminadas son 20 mSv/año, 20 veces los permitidos para el público en general. Esto hace que unas 50.000 personas se nieguen a regresar a sus hogares, a pesar de las gratificaciones económicas ofrecidas por el gobierno a quienes lo hagan, que superan los 6000 euros. Además, una zona próxima a la central es inhabitable y seguirá siéndolo indefinidamente.
El accidente de Fukushima ya ha provocado la emisión al medio de aproximadamente el 40% de la radiactividad que se emitió el de Chernobil, pero con la particularidad de la grave contaminación marina, que es un desastre sin precedentes. Las características de este accidente son especialmente graves: ocurre en una potencia tecnológica de primer orden como es Japón y se produce por un incidente externo a la central, lo que introduce serios problemas a la hora de evaluar la seguridad de los reactores nucleares: ¿se pueden tener en cuenta todos los sucesos externos que potencialmente pueden dañar el reactor?
No podemos permitir que estos desastres vuelvan a ocurrir y debemos abandonar paulatinamente el uso de la energía nuclear que, además del riesgo que conlleva, genera miles toneladas de residuos de altas actividad, que son radiactivos durante decenas de miles de años.
Sin embargo, los oligopolios de la electricidad siguen promoviendo y utilizando la energía nuclear. En España apuestan por prorrogar el funcionamiento de las nucleares hasta los 60 años, con el consiguiente aumento de la inseguridad y de la cantidad de residuos a gestionar. Con la extensión del funcionamiento más allá de los 40 años entramos en un terreno donde no se sabe cómo se comportarán los diferentes sistemas.
Y eso sin haber tenido lugar un estudio global de la seguridad por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que muestra muy poca firmeza con las compañías eléctricas.
Estas valoran más sus beneficios que el medio ambiente o la seguridad de las personas. En el mercado eléctrico español, las centrales ya amortizadas suponen un enorme negocio, verdadero motivo para la extensión del funcionamiento del parque nuclear.
La central nuclear de Garoña (Burgos), parada desde 2012 por la empresa propietaria, Nuclenor (propiedad de ENDESA e IBERDROLA al 50% cada una) no se debe reabrir, pues se encuentra en condiciones lamentables y supone un riesgo inaceptable para toda la cuenca del Ebro y para el País Vasco. Las reparaciones exigidas por el CSN, valoradas en más de 200 millones de euros, no podrán llevar a la central a un nivel de seguridad aceptable, lo que podría desembocar en nuevas averías e, incluso, accidentes con escapes radiactivos. De ahí que Iberdrola haya manifestado ya que no le interesa reabrir Garoña y Endesa haya dicho que lo tiene que estudiar.
El resto de centrales deberían cerrarse según expiren sus actuales permisos de explotación. La primera de ellas es Almaraz con dos rectores en funcionamiento, cuyo permiso expira en junio de 2020. En este caso nos enfrentamos a una baja cultura de seguridad por parte de sus explotadores y a una cadena de sucesos. De los producidos recientemente, el más grave aconteció entre septiembre de 2015 y enero de 2016 con la avería de las bombas del agua de servicios esenciales, vitales para el normal funcionamiento de la central.
Aquí, el Parlamento portugués ha jugado un papel importante al reclamar el cierre de la central, al igual que los ayuntamientos de Lisboa y Oporto, así como de un gran número de organizaciones sociales y políticas integradas en el Movimiento Ibérico Antinuclear. Éste está constituido por más de 50 grupos de ambos lados de la frontera. La continuidad de la central pasa por la construcción de un cementerio nuclear individual (Almacén Temporal Individualizado, ATI), para el que el Gobierno español ya ha otorgado permiso, lo que cuenta con la oposición del MIA, de la Junta de Extremadura y del Gobierno portugués.
Tras Almaraz deberían venir los ceses de explotación del resto de las centrales, siguiendo con Vandellós II, con tiempo suficiente para administrar mediadas de gestión de la demanda, de ahorro y eficiencia y de desarrollo de las renovables, que permitan prescindir de la energía nuclear sin aumento de emisiones de CO2.
Solo en ese caso podrá encontrarse una forma de gestión de los residuos radiactivos aceptada socialmente dimensionada a la cantidad de residuos a gestionar, por lo que el proyecto de cementerio nuclear en Villar de Cañas (Cuenca) debe paralizarse definitivamente.
Asimismo, la locura delirante de abrir en Salamanca la que sería la única mina de uranio a cielo abierto en Europa debe olvidarse. Este proyecto es insensato por la mala calidad del mineral y por el gran impacto ambiental y social que supone.
El Gobierno del PP apoya las pretensiones de ampliar el funcionamiento de las nucleares, a pesar de una opinión pública española que una y otra vez se muestra sensatamente contra el uso de la energía nuclear. El mantenimiento de las nucleares es un serio obstáculo para transitar a un nuevo modelo energético sostenible basado en renovables.