La renta mínima vital ha sido recientemente implantada en España con apoyo de la mayoría de partidos políticos (a excepción de Vox), con 100.000 beneficiarios al inicio aunque se espera que llegue a los 2,3 millones. Es una renta mínima, compatible con otros ingresos. Asegura que los ingresos de las personas en situación de pobreza no sean por debajo de una cantidad establecida (determinada en función de las cargas familiares). El máximo que se puede cobrar por hogar es de unos 1.100 euros.
Un sistema de renta mínima debería de implantarse en Europa y en concreto en el estado español para los pequeños y medianos agricultores/as. Una renta que asegure que la gente que trabaja la tierra tenga unos ingresos dignos, y asegurados. Los agricultores/as y ganaderos/as trabajan muchísimo para ganarse la vida, y están muy expuestos a plagas, problemas o precios fluctuantes lo que hace que sus ingresos sean inestables, y generalmente, bajos. Además, los agricultores/as pequeños y medianos son más vulnerables a daños causados por el cambio climático.
El sector agrícola hace infinidad de tareas fundamentales, aunque a menudo pasadas por alto: gestión del medio y del paisaje, fijación de población en medios rurales, favorecer la biodiversidad y muchas más. En mi experiencia estudiando pequeños y medianos agricultores/as (autónomos agrarios, para diferenciarlos de los asalariados en empresas de producción), veo que viven en una situación económica precaria, y algunos llegan a abandonar sus proyectos por no ser sostenibles económicamente. En zonas periurbanas los agricultores/as pagan un coste mayor por la tierra, y los campos agrícolas son de unas pocas hectáreas a menudo dispersas (amenazadas por la expansión urbanística), más difíciles de trabajar eficientemente. Por el contrario, los agricultores/as de zonas rurales más aisladas tienen peor acceso a los consumidores. Los dos grupos dan un servicio importante a la sociedad en términos ambientales, culturales, económicos, y hasta políticos.
¿Y si se les asegurara unos ingresos mínimos, reconociendo la importancia de su trabajo y las condiciones externas que dificultan su supervivencia (por ejemplo, el gran poder de los grandes distribuidores, la economía de escala de las grandes empresas de producción, etc.)? No se trata de idealizar o romantizar al pequeño agricultor/a. Se trata de valorar su trabajo y ser coherentes con las políticas públicas que tratan de crear empleo y fijar población en las zonas rurales.
Una renta básica agrícola fomentaría el empleo en el sector agrario y los movimientos de la ciudad al campo para frenar el éxodo rural (de la España vaciada). Podría generar una gran diversidad – biológica, social, económica - en las zonas rurales y periurbanas. Aseguraría también de mejor manera, el relevo generacional, que hasta ahora, fondos como los FEDER y FEADER mantienen a duras penas pese al enorme desembolso económico que esto supone en los presupuestos de la CE. Mientras, el campo español envejece: más de la mitad de los agricultores/as superan los 55 años. En Europa se estima que entre 2003 y 2013 una de cada cuatro explotaciones agrarias pequeñas cerró (Report Mundubat, 2016). Ya se habla de la agricultura del futuro como “una agricultura sin agricultores”.
El previsible aumento de la tasa de desempleo que seguirá a la crisis de la COVID-19 (por una restructuración de sectores claves como el turismo, etc.) hace de este un buen momento para pensar en reforzar nuestro sistema alimentario. Con el confinamiento, se ha visto la importancia del sector agrícola, y otros “servicios esenciales” en momentos de crisis. Además, en los peores escenarios, se pueden llegar a limitar las importaciones y exportaciones de alimentos, haciendo importante fomentar la agricultura en nuestro estado. Ya se han visto reajustes dado que muchos trabajadores temporales no han podido llegar para la campaña de verano (se calculan déficits de trabajadores entre 80.000 y 300.000 en países europeos). Algunos estudiantes y gente desempleada se han apuntado a trabajar en el campo, pero la ayuda de estos no será suficiente en muchas regiones. Es el momento de apostar por una economía rural no basada en el turismo.
La renta básica agraria se ha planteado en otros contextos (en Francia los sindicatos agrarios lo contemplan, algunas organizaciones intentan impulsarlo a nivel UE, en España se oyen algunas voces a su favor). Crearía una renta mínima para la gente que trabaja en el campo. Sería, por lo tanto, compatible con los ingresos hasta llegar a un máximo. Se pagaría a la persona que trabaja la tierra, por trabajarla de manera eficiente y sostenible. Ya existen ayudas directas al sector primario, por lo tanto y un gran presupuesto de la CE que podría rediseñarse. Las actuales ayudas directas de la PAC pagan por hectárea trabajada, pero pagan más al que más tiene, favoreciendo la concentración de tierras y la agricultura industrializada, para lo que fueron diseñadas estas ayudas. Además, han generado especulación con la tierra. Hay un dato revelador: en 2011, el 1.5% de las empresas de producción de la UE concentraron el 76% de los subsidios de la PAC, controlando más del 20% de la tierra. Las ayudas de la PAC no han podido en 40 años asegurar un sueldo digno a los trabajadores del sector primario ni las prácticas medioambientales del sector, cosa que podría cambiar si se compensara el capital humano y la sostenibilidad ambiental en vez del tamaño de finca.
Se necesitarían, obviamente, nuevos sistemas de gestión y monitoreo, que podrían estar en manos de los organismos regionales que gestionan las agrupaciones de defensa vegetal (ADVs) la declaración agraria (DUN), o la promoción del producto de proximidad, local, reforzando los canales de venta directa (evitando que ésta sea elitista). La manera de implementarla, cuánto, a quién, etc. son detalles que han de decidirse con un estudio detallado del sector.
Reforzada con medidas de acceso a la tierra, la renta básica agraria aseguraría la supervivencia de proyectos agrícolas productivos. Fomentaría la agricultura y ganadería sostenibles y la inversión en tecnología. En proyectos pequeños, las ayudas oficiales del gobierno para maquinaria requieren mucho papeleo y compras de material nuevo. Los proyectos pequeños no necesitan cada año maquinaria grande, pero una herramienta de segunda mano o hecha a medida de unos pocos miles de euros puede ayudar enormemente. Los agricultores/as podrían innovar, experimentar más y buscar la sostenibilidad ambiental, y no solo la económica, en sus proyectos.
Es un buen momento para impulsar esta herramienta en Europa. En el año 2022 se volverá a votar la renovación del permiso del glifosato en Europa. La última votación fue difícil aprobarlo, y esta vez, sin los votos a favor de Reino Unido, y el cambio de voto de Alemania, y previsiblemente, de España, es probable que no se renueve. La prohibición del glifosato tendrá repercusión en la economía agrícola ya que es la manera más barata (a corto plazo) de quitar mala hierba. La renta básica agraria puede empezar a preparar este cambio. Es, al fin y al cabo, una herramienta para la transición sostenible. Esperemos que el gobierno no deje de lado este objetivo fundamental de su mandato.
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