“Este tribunal ético permanente es un llamado a la humanidad para encontrarnos con la Naturaleza. Esta instancia surge cuando los Estados no cumplen con su obligación de preservar la vida de los seres humanos”, afirmaba Alberto Acosta, presidente del Tribunal, y ex presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador durante el inicio del periodo de sesiones. Durante los días 5 y 6 de diciembre el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza se reunió en la ciudad de Lima (Perú) para tratar doce casos paradigmáticos sobre violaciones de los derechos de la naturaleza en el marco de la vigésima Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático (COP20).
El Tribunal, organizado por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, tiene como objetivo promover el respeto universal y la garantía de los derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, con el fin de promover una coexistencia armónica entre los seres humanos y el resto de seres de la naturaleza. Esta es la segunda ocasión en que el Tribunal se reúne después de que el pasado mes de enero comenzara su andadura en Quito (Ecuador), como reconocimiento al primer país del mundo en proclamar que la naturaleza es un sujeto de derechos. En aquella ocasión, el Tribunal estaba presidido por la activista ecofeminista y Premio Nobel Alternativo, Vandana Shiva, presentándose nueve casos todos ellos admitidos a estudio.
Durante esta segunda edición, los doce casos que se trataron fueron los del Yasuní-ITT, Chevron-Texaco y el proyecto minero Cóndor Mirador en Ecuador; el de Brtitish Petroleum en el Golfo de México; el del gran arrecife de coral en Australia; la represión a los defensores de la Madre Tierra en Bagua, la mina de Conga-Cajamarca y las Cuencas-PUINAMUDT contaminadas por la explotación petrolera en Perú; el de la central hidroeléctrica Belo Monte en Brasil; y, finalmente, los casos globales sobre la fractura hidráulica y el mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD+). Además, se puso especial énfasis en el caso global sobre el cambio climático y las falsas soluciones que se proponen para enfrentarlo.
El caso del cambio climático y sus falsas soluciones
“Todos los derechos aprobados por la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra en Cochabamaba en 2010 van a ser afectados por el cambio climático”, afirmaba Pablo Solón, director ejecutivo de Focus on the Global South y responsable del caso ante el Tribunal. Solón solicitó a la audiencia poner en el banquillo de los acusados a los culpables, y acusó a las grandes empresas transnacionales de ser las verdaderas responsables de las emisiones de efecto invernadero.
“No se trata solamente de un problema de gobiernos o de países, este es un problema esencialmente de grandes empresas que tienen fuertes intereses económicos”, sentenció. En cuanto a las soluciones, expuso que habría que dejar bajo tierra las tres cuartas partes de las reservas conocidas de combustibles fósiles a nivel mundial y explotar la cuarta parte solamente hasta el año 2050. El resto debería permanecer bajo el subsuelo. Esto significaría dejar bajo la tierra 22 trillones de dólares, algo que ni las transnacionales ni los Estados están dispuestos a realizar.
Tecnologías controvertidas de alto riesgo
Este caso, que fue presentado y admitido a estudio en la primera sesión del Tribunal, contó con la presencia de la experta Silvia Ribeiro, del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (Grupo ETC). Ribeiro se centró en las técnicas de geoingeniería que pretenden la modificación del clima en su conjunto. “Lo que se pretende es manipular el clima para cambiar los síntomas sin hacer nada con respecto a las causas. En el caso del cambio climático se pretende bajar la temperatura continuando con el actual modelo de desarrollo”, aseguró. Plantaciones masivas de árboles para absorber carbono, plantas transgénicas que puedan reflejar la luz del sol o crear nubes artificiales con aerosoles imitando nubes volcánicas sobre el Ártico, son algunas de las controvertidas técnicas que están en fase de estudio. Pero la tecnología que ya se está considerando en la COP20 como opción para reducir la concentración de gases de efecto invernadero es la de la Captura y Almacenamiento de Carbono (CCS).
Ante la improbabilidad de que se produzcan cambios políticos que modifiquen las causas del cambio climático, el Panel Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) apostó en su último informe por el uso de tecnologías que disminuyan la temperatura. Y la que se propone es la CCS. La idea es captar el dióxido de carbono que emiten diferentes actividades como las explotaciones petroleras o carboníferas, y mezclarlo con agua para inyectarlo bajo el suelo a gran presión y profundidad, lo que podría tener grandes consecuencias si, por ejemplo, se produjeran fugas.
Sin embargo, esta tecnología de inyectar gases en formaciones geológicas profundas no ha sido concebida para enfrentar el cambio climático, sino que se trata de una tecnología que la industria petrolera emplea para extraer las últimas reservas hidrocarburíferas que se encuentran a gran profundidad. “Estamos ante una paradoja terrible por la cual las Naciones Unidas o incluso el Panel Intergubernamental o los gobiernos podrían pagar a las empresas petroleras para usar esa tecnología como si fuera una tecnología para el cambio climático, pero en verdad estarían favoreciendo una mayor explotación de petróleo subsidiándola además con dinero público”, concluyó Ribeiro.
Admisión del caso
En opinión del Tribunal se mostraron numerosas evidencias y pruebas sobre la relación de connivencia que existe entre las empresas, los gobiernos e incluso las Naciones Unidas, que están provocando, con su falta de acción o con sus acciones, el cambio climático que afecta tan negativamente a la naturaleza y a la vida de los seres humanos. El Tribunal admitió el caso y sugirió que se resolviera en una próxima audiencia, preferiblemente en París en 2015, donde tendrá lugar la COP21. Además, recomendó transmitir al Panel Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) su preocupación por la construcción de escenarios que contemplen tecnologías de alto riesgo como la energía nuclear o la CCS.
