1,4 demoliciones al día en Cisjordania en tiempos de COVID19

Musa Kassab tuvo que demoler su propia casa en Jerusalén Este a finales de mayo. Fue una de las 116 estructuras que recibieron la orden de ser destruidas por las autoridades israelíes entre marzo y mayo. En plena pandemia y bajo la obligación vital que exigía el confinamiento en un hogar.

El resumen de violaciones de derechos es devastador ya que el resultado da 1,4 demoliciones al día, 57 personas desplazadas y más de 600 afectadas indirectamente durante estos meses. Detrás de cada cifra, se esconden los nombres, vidas y rostros de familias que de un día para otro se ven obligados a abandonar sus hogares sin encontrar una alternativa habitacional. 

La familia de Musa recibió la orden a finales de abril: o demolían su hogar con sus manos o pagaban porque alguien lo hiciese. Vivían en una casa de 85 metros cuadrados que era el refugio de 6 miembros de la familia. Tuvieron que escoger la primera opción porque no tenían dinero para la segunda. La razón que las autoridades alegan para la demolición era que no tenían los permisos de construcción en regla. 

En realidad, los permisos de construcción expedidos por las autoridades israelíes son casi imposibles de conseguir. Entre 2016 y 2018 se denegaron el 98% de las solicitudes de construcción realizadas por palestinos en el área C de Cisjordania. Mientras tanto, se incrementan las viviendas en los asentamientos de colonos israelíes. Durante estos meses, el Gobierno israelí desalojó seis estructuras en los alrededores del asentamiento de Yitzhar, en el norte de Cisjordania, pero fue aprobada la construcción de 7.000 nuevas residencias en la colonia de Efrat.

Las demoliciones y los ataques han ido en aumento en el peor de los tiempos. A esto se suman los planes de anexión de Cisjordania, anunciados tras la formación de Gobierno hace menos de un mes, que no hacen más que consolidar la política israelí de hechos consumados que viene implementando desde hace años. 

El impacto psicológico de la demolición del hogar, una huella imborrable 

El impacto psicológico de la demolición del hogar, una huella imborrable En Cisjordania, los refugiados y refugiadas de Palestina son especialmente vulnerables a los desplazamientos. También se ven afectados de manera desproporcionada por las órdenes de demolición que emiten las autoridades israelíes, que restringen considerablemente la construcción de viviendas en la mayoría de los barrios palestinos de Jerusalén Este. No cumplir las órdenes emitidas por las autoridades israelíes implica un encarcelamiento o una multa, pero en realidad hay pocas alternativas ante la negativa de construcción. Muchos prefieren arriesgarse y vivir algunos meses en una casa, aunque sea con el miedo a que un día puedan destruirla. Fuera de este contexto, nadie puede imaginar que un niño o una niña puedan llevarse sus libros y juguetes al colegio por temor a que, al volver su casa ya no esté. Nour, que apenas tiene siete años, lo hace todos los días desde que comenzó a ir a la escuela.

A la luz de la situación económica precaria, las demoliciones y sus consecuencias tienen el potencial de desencadenar una espiral en la pobreza. Según los datos que proporcionó el Banco Mundial el lunes pasado, en este contexto de pandemia, la pobreza entre los palestinos en el territorio Palestino ocupado puede verse duplicada.

En esta situación, algunas familias ven un rayo de luz si encuentran una vivienda en alquiler en las cercanías de su antiguo hogar. Esto permite cierta continuidad en la vida y rutina de los hijos con la educación o el trabajo. Aunque es considerada una medida temporal, la intervención humanitaria de la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina (UNRWA) permite que los miembros de la familia se recuperen y logren cierta estabilidad, lo que les permite planificar mejor su futuro a mediano y largo plazo.

La familia de Amal se acogió al programa de protección de UNRWA. Hoy, desde el sofá de su nuevo hogar, señala agradecida: “La situación de nuestra familia ha mejorado gracias a la respuesta de UNRWA, lo apreciamos mucho”.

Osama Tamimi trabaja como personal de UNRWA para este tipo de programas de ayuda humanitaria en Cisjordania: “Una de las cosas más importantes que hacemos es ayudar a los refugiados a encontrar refugio en la misma comunidad donde vivían antes de que sus casas fueran demolidas. Esto les ayuda en momentos difíciles y les da dignidad en su situación” 

La batalla por los recursos y la cultura de la impunidad

La batalla por los recursos y la cultura de la impunidadMediante la demolición de hogares y usurpación de recursos naturales como el agua o la tierra, avanza la ocupación dejando a los palestinos y palestinas recluidos en pequeños islotes sin conexión territorial entre unos y otros y sin apenas recursos. La rutina se ha convertido en la supervivencia de estar rodeados por asentamientos ilegales, ausencia de libertad de movimiento y confiscación de medios de vida. Según el Derecho Internacional Humanitario, es ilegal. Sin embargo, las políticas de expansión no cesan ni en los peores momentos.

Este fin de semana, las autoridades israelíes entregaron notificaciones de demolición a los propietarios de 10 pozos de agua. La destrucción de pozos y otras infraestructuras es frecuente y supone una restricción de los recursos hídricos para la población palestina. A finales de octubre de 2019, ya había casi 50.000 palestinos y palestinas que estaban afectados por la destrucción de sus establos para ganado, de cisternas y redes de agua, de caminos agrícolas que los llevan a cultivar sus tierras, de estructuras comerciales y otras propiedades que se consideran esenciales para poder subsistir. 

La expropiación de recursos se da de forma incisiva desde 1967, meses después de que finalizase la guerra. En noviembre de ese año, las autoridades israelíes emitieron la Orden Militar que establecía que los palestinos no podían construir ninguna nueva instalación de agua sin obtener primero un permiso del ejército israelí. Al igual que los permisos para construir son denegados, la autorización para la creación de pozos hidráulicos también es casi imposibles de conseguir. Es una de las formas más crueles de supervivencia.  

Musa Kassab tuvo que demoler su propia casa en Jerusalén Este a finales de mayo. Fue una de las 116 estructuras que recibieron la orden de ser destruidas por las autoridades israelíes entre marzo y mayo. En plena pandemia y bajo la obligación vital que exigía el confinamiento en un hogar.

El resumen de violaciones de derechos es devastador ya que el resultado da 1,4 demoliciones al día, 57 personas desplazadas y más de 600 afectadas indirectamente durante estos meses. Detrás de cada cifra, se esconden los nombres, vidas y rostros de familias que de un día para otro se ven obligados a abandonar sus hogares sin encontrar una alternativa habitacional.