Los candidatos a presidir RTVE solicitan al Congreso y Senado la reanudación del concurso público
Los candidatos para la renovación del Consejo de Administración de RTVE han solicitado al presidente de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la corporación, Antonio José Cosculluela, que se reactive definitivamente el concurso público iniciado hace dos años y se proceda a la elección de una nueva cúpula. Un proceso que lleva paralizado año y medio y que ahora trata de volver a ponerse en marcha, en plena situación de inestabilidad para la cadena pública.
A través de carta, a la que ha tenido acceso Vertele, una mayoría creciente de los 20 profesionales con opciones a acceder al consejo señalan “la dilación” en el cumplimiento del proceso. Después de haber “reiterado la urgencia de la resolución” en dos misivas previas dirigidas al Congreso, la última de ellas a principios de junio, manifiestan una vez más su preocupación por el incumplimiento de la norma legal y por lo que consideran “una circunstancia de excepcionalidad y déficit democrático por carecer la corporación de RTVE de un Consejo de Administración que ejerza las funciones que legalmente le corresponden”. Una situación de irregularidad, dicen, que “perjudica gravemente” a la corporación.
Exigen resolver los recursos “en el menor plazo posible”
Esta misiva llega días después de la que enviaran 13 de los 17 miembros del Comité de Expertos encargados de seleccionar las candidaturas idóneas para acceder a la administración de la radiotelevisión pública, que cargaban contra los letrados del Senado por cuestionar el procedimiento seguido para la elaboración de la lista de candidatos al insinuar que se habían “excedido en el mandato”, además de incumplir el principio de paridad. En paralelo y a título personal, otra integrante, Isabel Fernández Alonso, insistió en que se respetase el trabajo del comité y que, una vez formado el nuevo consejo de administración, se corrigiesen las fallas advertidas en el procedimiento de cara al futuro.
Del mismo modo, estos candidatos recalcan esa necesidad de hacer valer el proceso anterior con premura. “Debe ser considerada firme y vigente la resolución publicada en el BOE del 10 de agosto de 2018, por la que se aprueba el baremo para la valoración de los méritos presentados por los candidatos”, inciden. En el punto segundo del anexo, se expone que se considerarán los veinte solicitantes con calificaciones más altas, “siempre y cuando todas ellas superen los 65 puntos”. Recuerdan que tal resolución fue recurrida por un candidato, “y esa Comisión Mixta (con el asesoramiento de los Letrados de las Cortes Generales) resolvió respecto al mismo, denegándolo”.
Por lo anterior, solicitan a la mesa de la Comisión Mixta de Control Parlamentario que “resuelva en el menor plazo posible los recursos presentados, para que pueda continuar el proceso de selección conforme a lo previsto en la ley, ateniéndose a lo expresado en la mencionada resolución” sobre los candidatos designados por el citado Comité de Expertos designado por el Parlamento.
Ya exigieron su reactivación al no haber “excusas” legales
Se trata, pues, de la misma reclamación que hicieron al Congreso a principios de año, cuando a través de otra misiva dirigida a la Cámara denunciaron que no había “excusas” de tipo legal para mantener congelado el concurso público y exigían la formación de una mesa para la comisión mixta que reactivara el proceso. Dicha formación se produciría poco después, a mediados de febrero.
El concurso se paralizó justo después de que se hiciera pública la lista de 20 candidatos elegidos por el comité de expertos entre todos los aspirantes que se presentaron al concurso, como los más aptos a optar a los 10 puestos a renovar en el Consejo de la Corporación. La mejor calificada fue Alicia Gómez Montano, recientemente fallecida, según el baremo ya mencionado que se acordó en agosto de 2018.
A finales de junio, la propuesta de resolución de los letrados de las Cortes sobre los recursos presentados por los aspirantes llegó a la comisión, donde se desestimaron parcialmente los recursos de nueve de los veinte candidatos definitivos (se admitía la corrección en la nota, al no afectar a la condición de idóneo). El informe señalaba que “para poder avanzar en el procedimiento de elección, se han de resolver los recursos pendientes”, así como “las solicitudes de acceso a los expedientes”. También se proponía incluir al candidato que resultó en vigésimo primer puesto en la evaluación, dado el fallecimiento de Gómez Montano; algo que a falta de aprobación de la comisión, limitaría solo a tres el número máximo de posibles mujeres elegidas, lo que dejaría una disparidad entre hombres y mujeres el Consejo.
