Elena Sánchez, directora adjunta de Los Desayunos, acusada de malversación por la UCO en el Caso Púnica
Un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre la trama Púnica en el Ayuntamiento de Madrid sitúa a la actual subdirectora de Los Desayunos de TVE, Elena Sánchez, como negociadora de trabajos de reputación online a favor de la alcaldesa, Ana Botella.
En el texto de 69 páginas al que ha tenido acceso ElPlural.com, los agentes acusan a la exdirectora de comunicación de Zaplana de malversación y tráfico de influencias durante su etapa como jefa de prensa del Ayuntamiento de Madrid con Botella.
Según la Guardia Civil, fue ella la que se encargó de negociar los contratos con las empresas investigadas Eico y Madiva para mejorar la reputación online de Ana Botella. El propietario de las mismas, Alejandro de Pedro, su socio y exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa, y el exministro Eduardo Zaplana también han sido acusados de distintos delitos.
Subcontratas a cambio de reputación online para Botella
El mismo informe incluye mensajes de WhatsApp, en uno de los cuales Elena Sánchez reduce notablemente el presupuesto inicial de 60.000 euros, tranquilizando a De Pedro al explicarle que “es que sólo nos dan eso. Pero hay un plan B. Ya te contaré”.
Ese “plan B”, según la misma investigación de la Guardia Civil, fue que las dos empresas investigadas fueron subcontratadas por Irismedia, ganadora del concurso del Ayuntamiento de Madrid para encargarse del periódico digital “Madrid Actualidad”, a cambio de 5.213 euros abonados en 2014.
Los agentes de la UCO han encontrado “archivos que vinculan a este hecho con el plan de comunicación puesto en marcha por Ana Botella”, como recoge el citado medio.
La Fiscalía y el juez decidirán
Pese a la claridad del informe, éste no tiene por el momento ninguna repercusión judicial. La Guardia Civil lo enviará ahora a la Fiscalía, que será la que se pronuncie sobre los distintos delitos imputados a Elena Sánchez y el resto de acusado, como explica El Confidencial.
La última palabra la tendrá el juez Manuel García-Castellón, encargado del caso y que tendrá que decidir si los cuatro son imputados como pide la UCO, lo que supondría su citación para declarar en sede judicial.