Exjefes de informativos con el PP reclaman a RTVE más de 180.000 euros “por discriminación ideológica”
La excúpula de RTVE continúa con una estrategia insólita hasta hoy en la Corporación pública. A los múltiples ataques desde redes, en sede parlamentaria a través de diputados del PP y por plataformas anónimas, se unen las denuncias sucesivas en los juzgados. Si primero fueron las demandas para poder permanecer en sus puestos y conservar sus salarios, ahora llegan los excargos que reclaman en los tribunales indemnizaciones, denuncian “purgas” y exigen que se declaren nulos sus despidos apelando incluso a una cuestión constitucional.
Es el caso de Carmen Sastre. La anteriormente directora de contenidos de Informativos de TVE, afín al PP, fue cesada de su cargo tras el nombramiento de Begoña Alegría como directora de Informativos. Según ha podido saber VERTELE en exclusiva, la exjefa de los telediarios ha interpuesto una demanda contra RTVE en la que reclama una indemnización de unos 70.000 euros denunciando que existe una “modificación sustancial de las condiciones laborales”.
La cantidad que exige está en torno al salario que percibe actualmente en su nuevo puesto de subdirectora del programa Emprende, superior a 60.000 euros. Además, solicita que se plantee una cuestión de inconstitucionalidad con motivo de la tramitación a propuesta de los diputados del PP del recurso contra el Decreto que provocó la renovación en RTVE.
Sastre fue jefa de nacional en la etapa de Alfredo Urdaci al frente de los informativos y asesora de los consejeros del PP en el Consejo de Administración. Durante su mandato, acumuló diversas denuncias por malas prácticas en los informativos. Entre ellas, el Consejo de Informativos denunció que en julio de 2017 pasó a una redactora el argumentario del PP para que con él elaborara la información sobre la declaración de Rajoy en el juicio de la Gürtel. El entonces director de informativos, José María Álvarez Gundín, defendió que el material no se dio como modelo a seguir, sino como “un componente más para elaborar la información”.
Como desveló previamente este medio, Carmen Sastre recibió en 2017, al margen de su salario bruto de más de 96.000 euros anuales, una gratificación trimestral de 4.500 euros cuyo pago se justificó por distintos motivos: “responsabilidad”, “carga de trabajo” y por los “magníficos resultados de audiencia obtenidos por los Telediarios”.
Desde su cese, Sastre dedica sus esfuerzos, a través de su recientemente creada cuenta en Twitter, a atacar a los actuales responsables de la cadena pública, denunciando a través de ella “purgas” por el cambio en la dirección. Se da la circunstancia, además, que Sastre se ha presentado al Concurso Público para formar parte del Consejo de Administración de RTVE, empresa pública a la que ha denunciado.
“Nulidad por discriminación ideológica”
También ha interpuesto demanda Víctor Arribas, el que fuera director y presentador de la tertulia política La Noche en 24 horas. Tras ser despedido fue sustituido por Marc Sala, poniéndose fin a su polémica etapa en la Corporación.
El Consejo de Informativos había rechazado “tajantemente” su fichaje en septiembre de 2016 al considerar que su trayectoria comprometía “la imagen de independencia” de los informativos. Y es que la incorporación de Arribas -que antes de presentar 'La noche en 24 horas' era tertuliano en el propio programa- fue recibida con escepticismo dentro de la redacción por su marcado perfil ideológico, habiendo ejercido de contertulio en medios como 13tv y COPE, sin olvidar que fue presentador de informativos en la anterior Telemadrid, canal del que fue director general José Antonio Sánchez, presidente de RTVE hasta el pasado 22 de junio.
Ahora Arribas alude precisamente a estas críticas del Consejo de Informativos por su falta de pluralidad para pedir la nulidad de su despido por “discriminación por ideología política”, asegurando que no hay ningún otro motivo para haberle cesado ya que el programa continúa. En su demanda, esgrime que su cese forma parte de lo que considera una “purga política” ya que se ha llevado a cabo por personas que promovieron las protestas de los viernes negros (como Begoña Alegría o Xabier Fortes). Por ello exige una indemnización por daños y perjuicios de 60.000 euros.
Si esta petición de nulidad no fuera tenida en cuenta, reclama que se declare el despido improcedente y unos 15.000 euros en concepto de finiquito, alegando “fraude de ley” en su contratación [contratación que fue llevada a cabo por la anterior dirección afín al PP]. Aduce para ello que llevó a cabo “tareas ajenas al contrato” -como especiales informativos- durante el tiempo que estuvo en el programa y que el formato continúa en antena.
De las “listas negras”, a denunciar “purga”
Cecilia Gómez Salcedo, anteriormente subdirectora de Economía, es otra de las demandantes.
La periodista, que fue subdirectora de Informativos de la cadena en la etapa de Julio Somoano, tuvo que dimitir en 2013 por el caso de las llamadas “listas negras”, cuando envió por error al Consejo de Informativos un e-mail crítico con la ideología de sus miembros y en tono despectivo, asegurando que su composición era “monocolor, militante de izquierdas y con vinculación sindical”. La destinataria del correo sobre el “comando Rubalcaba” era una consejera del PP.
El Consejo de Informativos pidió entonces al presidente Leopoldo González Echenique que lo investigase y amenazó con demandar. Éste zanjó el tema asegurando que el texto de la subdirectora “era un e-mail estrictamente personal” y “que no lo compartía en absoluto”. Gómez Salcedo no admitió los hechos en su carta de dimisión. Alegó que “se me atribuye un correo interno que no reconozco”, pero que dimitía “para no causar más problemas a TVE”.
Con la llegada de José Antonio Álvarez Gundín a la dirección de informativos, Gómez fue rescatada para la jefatura como subdirectora de Economía pese a la oposición de los trabajadores de RTVE. Con el nombramiento de Begoña Alegría como directora de informativos, Cecilia Gómez fue cesada y actualmente ocupa un cargo de redactora en el programa Parlamento, en el que ya estuvo previamente.
En la demanda interpuesta ante el juzgado de lo social, en la que también habla de “purga”, Gómez plantea como Sastre una cuestión de inconstitucionalidad, asegurando que las personas que la destituyeron no tenían facultad para ello. Además, reclama 50.000 euros por la vulneración de sus derechos fundamentales, asegurando que también ha sido discriminada por motivos ideológicos con la modificación sustancial de sus circunstancias de trabajo.
Afirma que su reasignación al programa Parlamento tras los cambios en la dirección de informativa atenta contra su desarrollo profesional y forma parte de una represalia por no haber participado en las protestas de los Viernes negros.
Lluvia de denuncias por el cambio
La estrategia de demandar a la empresa ha sido llevada a cabo por numerosos excargos directivos afines al PP en RTVE o bien para conseguir una indemnización o para tratar de quedarse en sus puestos. Es el caso de el exdirector general corporativo de RTVE Enrique Alejo, que ha demandado por despido improcedente mientras en paralelo aspira a presidir la Corporación. El exnúmero dos reclama también una indemnización de unos 18.000 euros.
Del mismo modo, Alvaro Zancajo, exdirector del Canal 24 horas y actualmente en el Centro territorial de Madrid, ha demandado por un “contrato fraudulento de alta dirección”, contrato que fue firmado en la anterior etapa.
Las demandas tendrán que resolverse en los juzgados de lo Social en las próximas semanas.
Previamente, mediante la vía judicial consiguieron mantener su puesto en RTVE Julio Somoano, exdirector de informativos y exdirector de El Debate de La 1, y Elena Sánchez exsubdirectora de La Mañana de La 1.
El que fuera director de los Telediarios, José Gilgado, perdió por su parte la demanda contra la Corporación con la que pretendía quedarse como indefinido y mantener el sueldo de más de 100.000 euros que tenía como directivo.
47 de 49 cargos de informativos fueron cesados por el PP
Durante sus comparecencias en sede parlamentaria, la administradora única Rosa María Mateo ha negado que exista “purga” en la Corporación, asegurando que los ceses que se han dado en la dirección han sido cambios con “criterios profesionales”.
Además ha defendido que las retribuciones de los cesados se sitúan entre los 65.000 y 70.000 euros anuales, negando así que se les haya tratado con “desconsideración”.
Asimismo, recordaba al PP que cuando tomaron el control de RTVE cesaron a 47 de los 49 cargos de los informativos durante las direcciones de Julio Somoano y José Antonio Álvarez Gundín -entre 2012 y 2018- y que entonces no se denominó “purga”. Ninguno de esos 47 cesados en informativos demandó entonces a la empresa.
