El Comité de Expertos de RTVE, contra los letrados del Senado por “intentar destruir” su labor en el concurso público

13 de los 17 integrantes del Comité de Expertos responsable del concurso público para la designación del consejo de administración de RTVE han suscrito un contundente comunicado para cuestionar a los letrados del Senado por el contenido del informe jurídico que estos realizaron, donde se critica su labor en el proceso de elección, que arrancó hace dos años y sigue sin resolverse. Los firmantes piden amparo al Congreso y al Senado y exigen que sus criterios de valoración sean respetados en esta misiva, difundida a través del portal Teletodos.

María José Bernal, Enrique Bustamante, Carmen Caffarel, Diego Carcedo, Estefanía Jiménez, Mauricio Fernández, Sandra Fernández, Enric Marín, Jesús María Mellado, Josep Lluis Micó, José María Noguerol, Francisco Sierra e Isabel Tajahuerce son los participantes en este escrito. En él, rebaten la Nota sobre la renovación de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, un texto de los juristas que pretende desatascar el proceso, un año y medio después de que el comité presentara sus resultados.

En dicho documento, se desestimaban parcialmente recursos de nueve de los 20 aspirantes a un puesto, y se llamaba la atención en el número de candidatos idóneos, para insinuar que el Comité “se ha excedido” en sus funciones al limitar el número, además de incumplir el principio de paridad. Al exigir a los aspirantes una puntuación de 65 o más puntos, apuntaban los letrados, el Comité fijó “una limitación de la idoneidad de los candidatos no prevista en la regulación y que excede el mandato recibido”.

El informe intenta “destruir todos los resultados del Comité”

Los expertos consideran que dicho informe anula, en la práctica, el mismo concurso público y “critica frontalmente” su trabajo, al considerarse que la selección de candidatos por puntos “no se contempla” en las leyes vigentes. “Todo ello para, tras enunciar opciones contradictorias confusamente amparadas en la misma normativa, defender finalmente la anulación práctica total del concurso público, y animar a la comisión de nombramientos del Congreso y del Senado a llamar y nombrar a cualquiera de los 95 candidatos presentados inicialmente”, critican, instando como hicieran en diciembre a reactivar el proceso.

Destacan su trabajo “altruista durante seis meses y siete reuniones plenarias en el Congreso de los Diputados”, a fin de “evaluar los curricula y los proyectos de gestión de un centenar de candidatos”, función en la que les asistieron Clara Garrido e Ignacio Carbajal, letrados ambos de la cámara. “El entonces Presidente de la Comisión Mixta asistió también a sus sesiones inicial y final, elogiando públicamente la labor del Comité y el consenso general que había demostrado. Nadie más desde las instancias oficiales agradeció nuestra tarea hasta hoy, pero tampoco la contestó”. Ahora, “estos letrados son dejados de lado y otros procedentes del Senado, que parecen desconocer absolutamente los antecedentes del asunto hasta el punto de volver a pedir actas ya entregadas”, establecen unos argumentos con “criterios contradictorios” para “intentar destruir todos los resultados del Comité”.

Resaltan que hicieron públicas todas sus decisiones en el Boletín de las Cortes y en el BOE, especificando sus baremos y su decisión de considerar “idóneos” a los 20 candidatos que obtuvieran las mejores calificaciones, siempre que estuvieran por encima de los 65/100, sin recibir “objeción alguna” de ninguna instancia oficial, en tanto siguieron los criterios “sugeridos por los propios letrados de las Cortes”. Se detienen en la disparidad entre los candidatos hombres y mujeres idóneos, un argumento que se destaca en el informe de los letrados, “cuando el Comité no dispuso nunca de instrumentos legales que le permitieran discriminar sus puntuaciones ante una minoría de candidatas presentadas”.

Conexiones entre el dictamen y “las posiciones de lobbies”

“Llama la atención la coincidencia esencial entre este dictamen jurídico, aparentemente técnico, con las posiciones de lobbies e intereses conocidos que intentan siempre poner palos en las ruedas de la reforma democrática de RTVE, instando a una regresión hacia su principal enfermedad endémica: miles de profesionales y directivos honestos y eficaces, malogrados frecuentemente por cuotas de militantes partidistas –con mayoría gubernamental- en la alta dirección y el Consejo de Administración, muchas veces sin experiencia ni conocimientos del audiovisual, que provocaron ruinas financieras, manipulaciones exacerbadas y deterioro acentuado del prestigio del servicio público”, continúa la misiva, en la que insisten en que como parte de sus recomendaciones finales consideraban que el concurso era una “buena fórmula para evitar la discrecionalidad del Ejecutivo y las mayorías parlamentarias absolutas, y lograr que los nombramientos se realicen solamente por criterios de profesionalidad”.

“De forma que la ignorancia del concurso público, y los drásticos cambios legales de fondo que exigiría esa contrarreforma, podrían significar el fin de toda esperanza sobre su esencial función democrática en nuestra sociedad”. Por todo ello, solicitan de nuevo a las presidencias de Congreso y Senado, así como a la Comisión Mixta y a los grupos parlamentarios que contribuyan a culminar el proceso de concurso público, “eligiendo con el máximo consenso posible unos nuevos organismos de gestión y dirección para RTVE”.

Isabel Fernández, experta, también se dirige a la comisión

En paralelo a este comunicado, otra de las expertas, la profesora universitaria Isabel Fernández Alonso, también se dirige a la Comisión Mixta de Control Parlamentario. En el texto, al que ha tenido acceso Vertele, celebra que se trabaje por desencallar “un concurso que lleva demasiado tiempo pendiente de resolución”, a la par que cuestiona a título individual las consideraciones que en el informe de los letrados del Senado se hace de su labor. “Pienso [...] que del mandato recibido por el Comité de Expertos no se deriva la posibilidad de declarar idóneos solo a 20 candidatos”, pero a la par recuerda que la letrada que los asistió “no puso objeciones al sentir mayoritario” respecto a ese criterio.

“Considerando la relevancia del principio de seguridad jurídica, en mi opinión, no se deberían admitir alegaciones sobre esta cuestión varios meses después de haberse cerrado el plazo para hacerlo. Es decir, entiendo que la interpretación que realiza el Comité de Expertos sobre el concepto de candidato idóneo deviene firme al no haber sido recurrida en tiempo y forma”.

También cuestiona el punto concerniente a la paridad y las cuotas de género: “No veo con qué argumento jurídico las cuotas de género han de primar sobre los principios constitucionales de mérito y capacidad, máxime cuando estas cuotas no se han respetado en el nombramiento del Comité de Expertos donde esto era mucho más sencillo, puesto que no había concurso público de por medio”.

Insiste en que se respete el trabajo del Comité de Expertos, en tanto “se realizó atendiendo siempre a las recomendaciones de los asesores legales que esta Comisión puso a disposición”, y advierte de la necesidad de que, una vez se nombre el nuevo consejo de administración de la corporación, se reforme el procedimiento seguido en esta ocasión “a fin de evitar que las fallas advertidas se reproduzcan”.