El Tribunal Constitucional ha declarado ilegal parte de la reforma impuesta por el PP para cambiar el sistema de elección del presidente de RTVE, ha avanzado Cadena Ser.
“Hay que recordar que lo que el Partido Popular hizo fue reducir el número de miembros del consejo de administración y sacar a los sindicatos de ese consejo vía decreto ley. Y eso es lo que el Tribunal dice que es inconstitucional”, explica con mayor detenimiento José Miguel Camacho, portavoz socialista en la Comisión mixta de Control de RTVE.
En las declaraciones recogidas por la Ser, Camacho ha asegurado que la sentencia llega “cinco años tarde” y una vez que se ha votado la nueva ley, por lo que lo califica más de una victoria “moral” que efectiva.
El decreto ley eliminó el consenso de dos tercios de la cámara
El Partido Popular modificó el sistema de elección de presidente en 2012, aprovechando su mayoría absoluta y la situación descabezada de la corporación estatal, tras la dimisión de Alberto Oliart en julio de 2011.
Hasta 2006, se exigía el consenso de dos tercios de la Cámara de los Diputados para elegir al mandatario. Sin embargo, a partir de la aprobación del citado Decreto Ley, bastaba la mayoría absoluta que tenía el grupo popular en el Congreso.
Con esta medida, el gobierno liderado por Mariano Rajoy redujo el número de miembros del Consejo de Administración de RTVE, que pasó de 12 a 9 componentes eliminando del consejo a los integrantes nombrados por los sindicatos, UGT y CC.OO.
En la primera reunión de este nuevo Consejo y con Leopoldo González-Echenique, que fue un alto cargo del gobierno de Aznar, como presidente, se nombró a Julio Somoano como director de los servicios informativos de TVE en sustitución de Fran Llorente. Somoano era hasta entonces director de los informativos matinales de Telemadrid, cadena controlada por el gobierno autonómico de Esperanza Aguirre.
Adujeron para justificar este cambio la situación “muy grave” de RTVE y la falta de acuerdo entre los bandos parlamentarios, que impedía encontrar a un nuevo presidente y con ello la posibilidad de aprobación de las cuentas anuales ni del anteproyecto presupuestario. Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE en aquel momento, calificó de “golpe institucional” esta reforma y acusó al PP de “inventarse” un “bloqueo” en las negociaciones para cambiar este modelo y volver al previo a 2006.
A vueltas con el concurso
En la actualidad, la situación de Radio Televisión Española está en el aire tres meses después de la aprobación de la ley para su renovación, que se publicó en el BOE el pasado 30 de septiembre. En medio de las numerosas denuncias de manipulación del Consejo de Informativos, todavía no se han puesto en marcha los mecanismos para nombrar al sucesor de José Antonio Sánchez, presidente nombrado por el PP después de que, con su mayoría absoluta, eliminaran en 2012 por decreto ley el mecanismo que exigía el consenso entre grupos parlamentarios.
Según la nueva ley, tanto los candidatos a miembros del Consejo como el presidente de RTVE, tienen que ser elegidos mediante un concurso público. La norma recoge además que de no lograrse el apoyo de dos tercios del Parlamento en una primera votación, en una segunda se requerirá únicamente una mayoría absoluta siempre y cuando la candidatura hubiera sido propuesta por, al menos, por cuatro grupos parlamentarios de las cámaras.
Sin embargo, los grupos se han encallado en torno a los plazos para detallar el concurso público, que se agotan el 31 de diciembre. Los letrados del Congreso avisan de que la redacción de la norma es “confusa” y alertan de que se podría volver a aplicar la ley aprobada por el PP.
El próximo 27 de diciembre se celebrará una reunión de la mesa de trabajo para tratar de avanzar en el desarrollo de la normativa del concurso y el comité de expertos para elegir a la cúpula de la nueva RTVE. La reunión fue solicitada por el PSOE, mientras que Ciudadanos y Podemos habían pedido que se celebrara antes.