Eurodiputados piden a la UER que tome medidas para que no se repitan las “irregularidades” de Eurovisión 2025

El Festival de Eurovisión, considerado uno de los eventos musicales más grandes y un símbolo de unidad cultural europea, está atravesando uno de sus momentos más delicados a causa de las polémicas sobre el televoto y la presencia de Israel en el certamen. En esta línea, más de una decena de eurodiputados, procedentes de distintos países y pertenecientes a diversos grupos políticos, han expresado su preocupación ante la Unión Europea de Radiodifusión (UER) por las “irregularidades vinculadas” a la edición de 2025.
En una comunicación formal, tal y como ha recogido RTVE, los parlamentarios instan a la organización a tomar medidas concretas que garanticen la transparencia e integridad del festival musical. En la carta remitida a la UER, hasta 13 parlamentarios europeos de España, Francia, Eslovenia, Irlanda, Grecia, Chipre y Finlandia destacan el recelo del público y de varios organismos nacionales de radiodifusión por una posible manipulación de las votaciones y el uso de la infraestructura promocional estatal en favor de la candidatura de Israel.
Aunque reconocen que es natural que exista un “cierto grado” de crítica en concursos internacionales como Eurovisión, consideran que la preocupación mostrada por los países que se han pronunciado en los últimos días “refleja una auténtica crisis de credibilidad”.
Los datos “revelan disparidades inexplicables”
En su declaración, los eurodiputados señalan como motivo de inquietud el “creciente número de emisoras nacionales” que han comenzado a cuestionar públicamente los resultados obtenidos por sus propios países en el certamen, una situación que, según advierten, “debería ser una señal de alarma para la UER”.
Así, ponen de ejemplo los datos divulgados por la radiotelevisión pública flamenca (VRT), que evidenciarían “disparidades acusadas e inexplicables” entre los niveles de audiencia y la participación en el televoto durante el periodo comprendido entre 2023 y 2025. También subrayan la solicitud formal presentada por RTVE para que se lleve a cabo una auditoría del televoto español, una medida que, a su juicio, refleja la creciente preocupación por la transparencia del proceso.
Por otra parte, los eurodiputados también denuncian la implicación directa de la Agencia de Publicidad del Gobierno de Israel (Lapam) en “la orquestación y financiación de una campaña multiplataforma para promover la participación israelí en la edición de 2025”. Señalan además que, en la edición anterior, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel estuvo involucrado directamente en una campaña similar, lo que, a su juicio, pone en entredicho la imparcialidad y neutralidad del certamen.
En este contexto, recuerdan que las normas de la UER exigen que las emisoras nacionales sean independientes y no partidistas, un principio que la propia organización defendió para justificar la participación de la cadena pública israelí Kan, ante las peticiones de expulsión formuladas contra Israel.
Publicación de los resultados y evitar interferencias políticas
“Aunque el Festival de Eurovisión es una celebración de la cultura y la música, no de la política, está claro que los problemas sistémicos relacionados con la transparencia, la equidad y la influencia indebida amenazan ahora los mismos valores que la UER dice defender: independencia, imparcialidad y confianza del público”, afirman en la misiva.
Ante esta situación, los eurodiputados han solicitado una serie de reformas para mejorar el funcionamiento del concurso. Entre sus demandas figura la publicación detallada de los resultados desglosados por país, método y ronda de votación; la autorización de auditorías independientes; la implementación de restricciones para evitar la promoción gubernamental de las candidaturas; la transparencia total en los contratos de patrocinio; un análisis exhaustivo del sistema de votación y la propuesta de reformas destinadas a impedir interferencias políticas.
El eurodiputado esloveno Matjaž Nemec, uno de los firmantes de la carta, ha respaldado públicamente estas demandas a través de sus redes sociales, donde ha denunciado que el certamen se está convirtiendo en “propaganda estatal” y ha reclamado un aumento en la transparencia y la integridad del evento. Por España, han suscrito la misiva las diputadas Ana Miranda (BNG) y Vicent Marzà (Compromís).