En noviembre de 2017, el Tribunal Supremo obligó a RTVE a hacer públicos los gastos del Eurovisión de Barei en virtud de la Ley de Transparencia, tras la solicitud realizada en septiembre de 2016 por Stéphane M. Grueso. Una factura que ascendió a 445.235,86 euros totales, 48.317,39 euros más que el año anterior, el de Edurne.
Ha sido hoy cuando hemos conocido el desglose de los gastos de producción de RTVE en Eurovisión 2016, después de dos años de trámites por parte del ciudadano. Estos se dividen en un total de 15 conceptos, desde los derechos de retransmisión de la final y las dos semifinales -la inversión más potente- hasta dietas y transporte de personal.
Llama especialmente la atención la factura del alojamiento y las dietas del equipo, que ascienden a un total de 33.534,23 euros. También los gastos en invitados, 2.932 euros, y en transportes, 7.684,59 entre taxis y minibuses.
Dos años de trámites
Stéphane M. Grueso solicitó a RTVE información sobre los gastos que ocasionó la actuación de Barei en Eurovisión, en virtud de la Ley de Transparencia. Al no obtener respuesta, reclamó ante el Consejo de Transparencia, que consideró que la información debía publicarse.
El ente público presentó entonces un recurso en el cual alegaba que no podía aportar la información porque “requería una reelaboración previa y suponía un perjuicio para sus intereses económicos y comerciales”. El juez, sin embargo, dio la razón al Consejo al considerar que entregar dicha información “no evidencia que perjudique los intereses económicos ni comerciales de RTVE”, a la vez que la misma debe “encontrarse en los documentos contables y presupuestarios de la entidad”. Bajo estos argumentos obligaba a TVE a facilitar las cifras, como meses más tarde haría la Audiencia Nacional, que también instó a la Corporación a hacer públicos los gastos.
Esta acudió al Tribunal Supremo, que el pasado mes de abril aceptó a trámite su recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional, pues consideraba que había “dudas” en la interpretación de la Ley de Transparencia. Meses después, sin embargo, sentenciaba en contra de la televisión pública.