El Gobierno blinda el decreto de renovación de RTVE para evitar intentos de bloqueo del PP
El Gobierno ha trabajado intensamente en la redacción del real decreto ley con el que pretende llevar a cabo la renovación de RTVE para que no quedara ningún cabo suelto. El decreto aprobado por el Consejo de Ministras está pensado para sortear las fórmulas de posible bloqueo por parte del PP a través de su mayoría absoluta en el Senado o la que se garantizó con Ciudadanos para la elección del comité de expertos que evaluará a los candidatos para el consejo de administración del ente público.
El Ejecutivo da por hecho que la renovación se llevará a cabo porque cuenta con los apoyos necesarios (176 diputados) para sacar adelante la votación de los consejeros, que requiere mayoría de dos tercios en primera vuelta pero solo mayoría absoluta en la segunda si lo secundan al menos cuatro grupos parlamentarios. Esa seguridad en los números permite al PSOE dar por hecho que la Junta de Portavoces podrá fijar la votación de los nombramientos en un pleno extraordinario en julio, que es periodo inhábil.
Fuentes parlamentarias señalan que el Gobierno ya ha manifestado su intención de celebrar un pleno extraordinario en julio y que, si los socialistas han articulado la mayoría, la Junta de Portavoces podrá incluir esa votación en el orden del día por mucho que PP y Ciudadanos se opusieran.
El decreto, que ha entrado en vigor este sábado con su publicación en el BOE, da un plazo de quince días naturales al Congreso y al Senado para designar seis y cuatro consejeros, respectivamente. Pero el Gobierno se ha guardado una baza para sortear el posible bloqueo del PP en la Cámara Alta, donde tiene mayoría absoluta. Si no nombra a sus consejeros en ese plazo, la potestad pasaría al Congreso que tendría que hacer la designación en diez días. De esos nombres, saldría el presidente de la corporación.
Además, el Gobierno se reserva la baza de nombrar a un administrador único para pilotar RTVE en caso de que el acuerdo sea imposible y no salgan adelante los nombres en esos 15 días. No obstante, fuentes del Ejecutivo sostienen que tienen los apoyos amarrados para no llegar a ese paso que, igualmente, tendría que someterse al aval del Congreso.
Las mayorías establecidas para todas las elecciones son las de dos tercios (establecida en la nueva ley que rige RTVE) en primera votación y, de no ser alcanzada, la mayoría absoluta en una segunda ronda que se celebraría 48 horas después. Para ese umbral más bajo el Gobierno establece una condición que ya estaba prevista en la ley aprobada en septiembre para la renovación de la corporación: que “la propuesta de candidatura proceda de al menos la mitad de los grupos parlamentarios de la Cámara”. En el caso del administrador único necesitaría mayoría de 2/3 en la primera votación en el Congreso o absoluta (sin que el texto especifique en este caso que debe ser cualificada), en la segunda.
Y esa es la jugada que ha utilizado también para quitarse de encima la mayoría que se garantizó el PP en su acuerdo con Ciudadanos para la elección del comité de expertos que evaluará en concurso público a los aspirantes a formar parte del que será el definitivo consejo de administración de RTVE y que se desarrollará en paralelo al funcionamiento de este órgano directivo que Pedro Sánchez impulsa con estricto carácter temporal y transitorio. El reparto que pactaron en solitario los conservadores y los de Albert Rivera era que el comité de selección lo integraran trece personas (seis elegidas por el PP; tres, por el PSOE; dos, por Unidos Podemos; una, por Ciudadanos y otra, por un minoritario).
Ahora, podrá haber más de 13 expertos. El decreto del Gobierno exige en su disposición transitoria que cada grupo con representación en la Comisión Mixta pueda elegir a uno, y cada representante de la comisión pueda proponer a otro. Los propuestos tendrán que tener el respaldo de cuatro grupos parlamentarios.
El Gobierno subraya el carácter temporal de ese consejo de administración que sustituirá al actual, cuyo mandato ha vencido, aunque sus miembros se quedarán en funciones como consejeros y sin poder ejecutivo.
No obstante, fuentes de Moncloa apuntan a la elección para la presidencia interina de una persona “inobjetable” que pudiera ser la designada tras el concurso público. Por tanto, la intención de los socialistas es designar ya a consejeros que puedan superar después el examen de los expertos y continuar la labor. “Una persona que conozca la Casa y las casas audiovisuales es evidente que es importante”, señalan esas fuentes sobre el futuro presidente de RTVE.
El anuncio del Gobierno ya ha sido rechazado por PP y Ciudadanos. Los conservadores han anunciado un recurso por el “caciquil, ilícito e ilegal”. Fuentes conservadoras califican de “atropello” al Senado que el decreto permita al Congreso designar los consejeros que le corresponderían a la Cámara Alta. Además, sostienen que RTVE no depende del Gobierno sino de ambas cámaras y que, por tanto, los nombramientos deberían someterse a votación en la Comisión Mixta para el control de RTVE –en la que están representadas ambas cámaras– y no en el pleno del Congreso.
Por su parte, los Consejos de Informativos de RTVE han emitido un comunicado conjunto en el que han expresado su insatisfacción ante la fórmula del decreto ley, pero también celebran que “implique el cese de la actual dirección que tanto daño ha hecho a la credibilidad” de la radiotelevisión pública.
