Gustavo González ha roto su silencio. Siete meses después de salir a la luz la Operación Deluxe -posteriormente rebautizada como Operación Luna- y de su posterior desaparición de las ediciones diarias de Sálvame, el paparazzi ha hablado por primera vez de los detalles de su salida de la televisión.
“Fue una etapa de mi vida en la que estuve de paso. No me renovaron el contrato en Sálvame y se acabó”, ha declarado en una entrevista a Pronto que recoge 20 minutos.
Sin entrar en los motivos, dice que “simplemente no me lo renovaron. Será que no les gustaba... pero no pasa nada”, y opina del rumbo que ha tomado el magacín de Telecinco: “Llegó un momento en el que los mismos conflictos entre colaboradores importaban más que el hecho de llevar noticias. Primaba montar el espectáculo”.
Ahora, mientras espera que finalice la instrucción por la mencionada trama de espionaje a famosos, asegura que siempre ha tenido claro que la televisión era “una etapa pasajera” y que actualmente está volcado “en mi trabajo y en mi familia”.
Desaparecido de la TV en plena 'Operación Deluxe'
Cabe recordar que Gustavo González es uno de los investigados por la llamada Operación Deluxe y, de hecho, el juicio se ha alargado hasta 2023 después de que las investigaciones policiales detectasen indicios de un posible cohecho de la productora de Sálvame, La Fábrica de la Tele, al paparazzi.
Como ya publicamos, las nóminas de González como colaborador habrían pasado de 3.000 euros mensuales a 20.000 euros. La Policía y el juez investigan si ese aumento del 666% en su sueldo se corresponden a pagos para lograr la información de los famosos a través del agente que le filtraba los datos, lo que incurriría en un delito de revelación de secretos. Él declaró que nunca pagó al policía por sus informaciones, mientras que este sí asumió haber facilitado datos.
Paralelamente a esta trama, el fotoperiodista también se ha visto envuelto en un caso judicial con Mariló Montero, por el que se le condenó a él y a Diego Arrabal a indemnizar a la presentadora con 340.000 euros por intromisión ilegítima en su derecho a la intimidad y el honor. En julio de este mismo año, la Audiencia Provincial de Madrid anuló la sentencia a la espera de resolverse el otro procedimiento penal del mismo caso.