Los gastos de José Luis Pérez Tornero como presidente de RTVE vuelven a ser objeto de cuestión. El Ministerio de Hacienda, a través de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), ha emitido un informe sobre las cuentas de la corporación en 2022, donde se incide en la reiteración de gastos injustificados como ocurriera en el ejercicio previo.
En este nuevo documento, de cuyo contenido informa El Confidencial Digital, se recuerdan los aspectos más destacados del informe referido al 2021, donde ya se aludía a gastos injustificados a en materia de desplazamientos y otros gastos, que eran pagados con dinero público destinado al presupuesto de la corporación. En lo que respectaba a los viajes, se señalaba que desde RTVE se pagó a dos directivos “sus desplazamientos semanales desde sus domicilios al centro de trabajo”, cuando mantenían sus residencias en Asturias y Barcelona, pese a que en su contrato se especificaba que el puesto de trabajo era en Madrid.
En su momento, Tornero quiso “negar la mayor” y aseguró que “no ha habido irregularidades en ningún tipo de gastos de relaciones públicas en mi período”, además de insinuar una “campaña de desprestigio” contra él. Conviene recordar que el informe estudiaba expresamente la etapa del profesional como presidente, iniciada en marzo de 2021, y no los meses previos del año, aún con Rosa María Mateo como administradora única provisional. Tornero tuvo conocimiento de que Hacienda realizaba esa auditoría en torno a mayo de 2022, y él respondió que solo respondía ante el Parlamento.
Se mantuvo el pago de desplazamientos
En el nuevo documento destinado a analizar la situación presupuestaria de 2022, se reinciden en similares planteamientos. Se señala que se continuó pagando los gastos de viajes semanales entre el domicilio y el lugar de trabajo a dos Directivos de Alta Dirección que se había denunciado anteriormente. Se trata de gastos que van contra la normativa “tanto estatal como de la propia Corporación”. Además, de considerarse “retribuciones en especie” excederían “el máximo” fijado para su categoría.
El foco del estudio, como decimos, está en Pérez Tornero, y los analistas de IGAE corroboran que “a través de las actas” del Consejo de Administración de RTVE, el expresidente está “en la misma situación” que los dos directivos indicados.
El informe da constancia de la elaboración de un análisis adicional a cargo de un perito con el que cuantificar los gastos injustificados de los tres, y “utilizarlo como prueba pericial en un procedimiento de reclamación de cantidades”. El Consejo de Administración decidió, en una reunión del 23 de marzo de 2023, depositarlo para su custodia en un notario de Murcia. Dos meses después, se debatió que el informe se entregara a la Directora Corporativa, aunque no se le dio acceso a esta hasta un mes más tarde.
Además de liberar el informe, se autorizó que se prosiguiera el procedimiento de reintegro a la Abogacía del Estado, a fin de desbloquear el entuerto.
Se busca “la mejor forma” de solicitar a Tornero el reintegro
La Abogacía del Estado debate ahora si actuar ante la Justicia para reclamar las cantidades de dinero público objeto de estas pesquisas. En el caso de los dos directivos de Alta Dirección, el órgano ha presentado los documentos de conciliación en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), previos a la vía judicial.
En cuanto a Tornero, al mantener una relación mercantil en vez de laboral, se estudia cuál es “la mejor forma de solicitar el reintegro” de las cantidades “cobradas indebidamente” por parte del expresidente. Hay que recordar que este dimitió en septiembre de 2022, tras un año y medio en el cargo.
Desde RTVE se aclara a Hacienda que la prescripción de las acciones de los pagos “se produciría a los 5 años”.