El Juzgado de lo Social Nº3 de Palma celebrará este miércoles 18 de noviembre el primer juicio por las demandas presentadas por trabajadores de informativos de IB3 que reclaman ser reconocidos como empleados directos del ente. Se trata de diez demandas individuales presentadas por los miembros del comité de empresa de Liquid Media -empresa adjudicataria en los últimos años- y la trabajadora de mayor antigüedad de IB3.
Estas demandas argumentan una posible cesión ilegal de trabajadores para reclamar ser contratados directamente por el ente público de radiotelevisión. Además de estas diez demandas -las más avanzadas en la tramitación- otros 124 trabajadores han dirigido acciones contra el ente y la concesionaria. Se trata de una lucha por la que los profesionales se manifestaron públicamente ya desde principios de año.
Redactores y cámaras en su mayoría de programas y web
Se trata de los trabajadores incluidos en el contrato de Liquid Media con IB3, que incluye los informativos de radio y televisión, los boletines horarios, las desconexiones de Pitiusas y Menorca y los programas Zoom, Illes i Pobles y Meteo, así como la web de IB3 Notícies. Los trabajadores demandantes son mayoritariamente redactores y cámaras, pero también hay otros perfiles como productores y realizadores.
Estos profesionales solicitan ser internalizados en IB3 “después de 15 años de subcontratas que han provocado una gran degradación de las condiciones laborales”. El juicio llega justo después de que Liquid Media haya perdido la nueva licitación de los informativos ante Dalton Audiovisual (Grupo Lavinia).
“Sólo acabando con el sistema de externalización podremos conseguir mejoras laborales sustanciales, evitar la fuga de talento y garantizar un servicio informativo público de calidad, tal como merecen los ciudadanos de Baleares”, han defendido.
Un precedente en Catalunya
Los profesionales están siendo asesorados por la cooperativa de abogados Col·lectiu Ronda, que intervino en la demanda por cesión ilegal de trabajadores en la televisión municipal de Barcelona (BTV).
El Juzgado catalán dio la razón a los trabajadores y consideró que el régimen de contratas constituía un subterfugio de la sociedad municipal para evitar aplicar las condiciones laborales y salariales que corresponderían, una decisión que en 2016 confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).