Ha pasado más de un año desde que la Audiencia Nacional propusiera procesar a Imanol Arias y Ana Duato por delitos fiscales, junto a otras 29 personas físicas y jurídicas por el caso Nummaria. Después de que Hacienda reclamara una multa de 9 millones de euros al actor y 7,6 a la actriz, además de una petición de 28 años de cárcel; los intérpretes han sido ahora enviados a juicio.
Según informa El Confidencial, la Audiencia dictó auto de apertura de juicio oral el pasado 11 de junio contra 31 trabajadores y clientes de la asesoría fiscal de Fernando Peña, entre los que se encuentran los protagonistas de Cuéntame cómo pasó. El abogado, según Hacienda, estaba estaba especializado en crear “estructuras societarias, de ámbito nacional e internacional”, basadas “en el principio de opacidad”. El despacho utilizaba sociedades en el Reino Unido opacas que eran “entidades simuladas constituidas para fines ilícitos de todo tipo” y que estaban gestionadas por “administradores-testaferros de Costa Rica o Mauricio”.
La Fiscalía acusa a Peña de una amplia lista de delitos, y ha sido enviado al banquillo por el juez Ismael Moreno, por organización criminal, delito fiscal, estafa, falsedad e insolvencia punible. Muchos de sus clientes le va a acompañar yendo a juicio, mientras que otros regularizaron su situación sin que la cantidad defraudada llegara a ser delito. Los intérpretes de al longeva serie de TVE forman parte del primer grupo.
De 27 a 31 años de cárcel, y más de 10 millones de multa
El fiscal pide 31 años de prisión para Ana Duato por delitos contra la Hacienda Pública, aunque en caso de ser condenada, el cumplimiento nunca sería tan alto. Además, ha pedido una multa de 10 millones de euros sumados a los 2.4 que defraudó. Para Arias pide 27 años de cárcel y otros 10 millones.
Según la Abogacía del Estado, Arias “contrató los servicios del despacho Nummaria con el fin de mantener una estructura societaria artificiosa cuya finalidad era la ocultación de rentas” de sus “importantes ingresos procedentes de su participación en una serie de televisión”. El intérprete, como tantos otros compañeros de profesión, cedía sus derechos a una sociedad, que era la que firmaba los contratos. Igualmente, se fijaba “una retribución para el actor por un importe muy inferior a la facturado por los servicios, en forma de renta vitalicia” y la diferencia la usaba para pagar sus gastos personales. Hacienda cifra la cuota defraudada por Arias en 2,78 millones entre 2009 y 2015.
Los cabeza de la televisiva familia Alcántara no han buscado, de momento, acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado que convierta el juicio en una formalidad. En ellos, se pacta una pena que no conlleve el ingreso en prisión al no tener antecedentes y que se repare la cuota defraudada. El juez les impone una fianza de unos 2,5 millones a cada uno.
Una vez iniciada la investigación, Arias y Duato abonaron, respectivamente, 2,33 y 1,9 millones de euros, en declaraciones complementarias a Hacienda. Acción que les permite acogerse a una atenuante para rebajar la pena, pero al haberlo hecho con el proceso en marcha, no les exime de que sume la cuota defraudada.