Novedades en la mediática Operación Luna, la presunta trama de espionaje ilegal a famosos que involucra a Sálvame también conocida como Operación Deluxe. La complejidad de la investigación y el elevado número de damnificados está provocando que el caso se dilate en el tiempo y se haya alargado hasta 2023.
La batería de recursos que han presentado decenas de afectados y que aún debe resolver la Audiencia Provincial de Madrid han motivado el atasco en el procedimiento después de más de cinco años desde el inicio de la investigación, que lidera el juez Marcelino Sexmero Iglesias del juzgado de Instrucción Nº4 de Madrid. Así lo cuenta El País, que explica que tal circunstancia ha frenado el final de la instrucción, pese a que el magistrado la daba prácticamente por finiquitada hace casi un año.
Ahora bien, hay detalles relevantes dentro de esta instrucción. El principal es el referido al presunto de cohecho que se investigaba. El magistrado al cargo de la causa ya ha descartado dicho delito, como recoge el mismo medio.
Sin pruebas que apunte a la existencia de pagos a Hita
Para poner en antecedentes, la causa investiga las supuestas filtraciones de un policía, Ángel Jesús Fernández Hita, así como la colaboración de otros dos, a personas del entorno de Sálvame y de su productora, La Fábrica de la Tele.
El eje de las pesquisas era Gustavo González, imputado en 2018 por conseguir información privilegiada sobre multitud de celebridades, al comienzo de las pesquisas. Tras cuatro años de investigaciones, en primavera de 2022 surgían una veintena de investigados, entre los que figuraban David Valldeperas, director del programa, y los directores de la productora, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, así como esta en sí como persona jurídica. La productora negó participar en ese supuesto espionaje y se desvinculó del proceso judicial, algo que González refrendó en el juzgado.
La base de la operación planteaba que González pedía información a Hita, amigo de la familia. Este ya reconoció que filtró datos, por motivos de la “amistad” con el paparazzi, pero negó haber recibido ningún tipo de retribución al respecto. “Nunca. Eso lo puedes poner bien fuerte y muy alto: nunca”, recalcó en una entrevista a El Confidencial.
Ahora bien, la policía pasó a investigar las nóminas de González, que estuvo contratado por La Fábrica de la Tele entre 2017 y 2018, para tratar de acreditar un posible pago del tertuliano a Hita. No obstante, no se ha encontrado ninguna prueba que apuntase a un posible delito de cohecho, según detallan fuentes jurídicas a El País.
'Sálvame' se ampara en la libertad de información
Lo cierto es que en el momento en que salieron a la luz las retribuciones de la productora a González no se llegó a constatar que Hita hubiera recibido ningún tipo de contraprestación por cada solicitud, “si bien se observaba durante la investigación que el Policía era convidado a en bares y restaurantes por el paparazzi” y se apuntaba a que “en una ocasión” pudiera haber solicitado dinero en una conversación, sin que se hubiese llegado a corroborar.
Descartada la tesis del cohecho, ahora el juez debe decidir a quién sienta en el banquillo por presunta revelación de secretos. Por su parte, desde Sálvame y su productora se mantiene que los ampara el derecho a la libertad de información y que Hita solo era una fuente.
De acuerdo a los últimos datos se cuentan cerca de 180 personas como afectadas de la supuesta trama, de las cuales más de una treintena se han personado en el caso a título particular. Los últimos nombres en trascender fueron los de Mariló Montero y el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, que se sumaban a otros como Isabel Pantoja, Coto Matamoros y Omar Montes.