La justicia ha planteado por primera vez la posibilidad de que LaLiga tenga capacidad de demandar de forma individual a los usuarios que vean fútbol mediante plataformas piratas. Un auto del juzgado mercantil Nº8 de Barcelona da luz verde a que la competición pueda iniciar acciones en este sentido, al obligar a los operadores a facilitar los datos de aquellas personas que se conecten con servicios IPTV ilegales.
LaLiga solicitó en enero medidas cautelares de cara a operadores de Internet en España -Telefónica, Vodafone, Orange, MásMovil y Digi- para que pudieran identificar a aquellos clientes que accedan de forma fraudulenta a la emisión de partidos de la liga que estén bajo contrato de emisión. En su solicitud judicial, se reclamaba que aportasen estos datos cuando hubiere “indicios razonables” de que pudieran estar difundiendo “de forma directa o indirecta” contenidos que vulneren la Ley de Propiedad Intelectual.
Hay “elementos suficientes” para admitir la solicituc
Ahora, el juez ha dado la razón a la competición española, que preside Javier Tebas, y ha admitido la diligencia preliminar. Se considera en el auto que hay “elementos suficientes” como para acordar diligencias preliminares solicitadas por la Liga.
“No puede considerarse que la actividad ilícita registrada asociada a las IPs identificadas haya sido desarrollada por meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de obtención de beneficios económicos o comerciales”, puesto que tienen el “propósito de defraudar el pago de las cuotas que pagan los abonados”, alega el magistrado en su auto.
Los datos que se pueden reclamar a las operadoras
De esta manera, los prestadores de servicios de telecomunicaciones habrán de facilitar esta información de los usuarios que, “de manera fraudulenta, accedan a la visualización de partidos de fútbol, cuyos derechos de propiedad intelectual pertenece a LaLiga”, tal y como recoge EFE.
Los datos incluyen la IP asignada al usuario, así como el nombre, apellido y número identificativo de la persona que figura como titular en el contrato de servicio de acceso a Internet y la dirección del domicilio en la que está asignada la línea y factura del servicio. Estos datos servirían a LaLiga para poder tomar medidas legales contra quienes vean partidos de esta forma, lo que acarrearía una multa.