Las protestas contra la manipulación en TVG cumplen un año y la dirección admite que decidió ocultarlas
Un año de protestas y de viernes negros. Fue el 25 de mayo de 2018 cuando personal de la TVG y de la Radio Galega se unió a la iniciativa surgida entre sus compañeros de Radio Televisión Española, en solidaridad con sus demandas y para denunciar la “manipulación informativa” en los medios públicos gallegos. También para reclamar el cumplimiento de la ley de Medios aprobada en 2011 e incumplida desde seis meses después de su entrada en vigor, con la creación del Consejo de Informativos y la elección de la dirección general por mayoría reforzada del Parlamento entre los incumplimientos más destacados.
Esta movilización, de la que brotó el colectivo Defende a Galega, es inédita en los medios públicos gallegos tanto por su duración como por su impacto interno y, sobre todo, externo -con hitos como la manifestación del pasado septiembre o el amplio seguimiento de la huelga de finales de año, convocada por los sindicatos y que el colectivo secundó-. Esa trascendencia pública de la movilización ha incomodado especialmente en la cúpula de la compañía pública.
Su director general, Alfonso Sánchez Izquierdo, admitía este mismo jueves en el Parlamento autonómico a “decisión corporativa” de ocultar la existencia de esta plataforma. Concretamente, tras la concesión a Defende a Galega del Premio José Couso a la Libertad de Prensa, galardón otorgado por el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia y el Club de Prensa de Ferrol que los canales públicos obviaron tras haber informado con normalidad al respecto en anteriores ediciones. A preguntas del PSOE, que como el resto de la oposición consideró la decisión un caso evidente de “censura”, el director general concluyó que el canal público no emitió esta noticia, “como no emite otras muchas cosas”, porque “entre la protección del derecho a la información, legítimo” y la “protección de la marca y de la reputación”, decidió “tomar en consideración” la segunda. Se trata de una decisión “lógica”, considera Sánchez Izquierdo.
El director general cargó también contra el Colegio de Xornalistas, entidad regulada por ley desde 1999, por “expedir carnés de periodistas previo pago de una cuota, pero para ser colegiado no es necesario tener formación reglada” de periodista. En realidad, la formación universitaria en periodismo es un requisito legal para ser miembro del CPXG, con la única excepción de un período transitorio previo a la aplicación de la ley y sólo para periodistas entonces en ejercicio (en Galicia no hubo estudios universitarios de Periodismo hasta el curso 1991-92). Ante estas declaraciones la entidad profesional ha emitido un comunicado “aclarando” sus funciones y defendiendo la “independencia del poder político” que deben tener los medios públicos.
Desde hace un año, las camisetas negras y el lema Defende a Galega se han expandido por toda Galicia y fuera de ella, recabando apoyo y reconocimiento pero no la respuesta a sus demandas por parte de la CRTVG. En este tiempo Sánchez Izquierdo ha quitado hierro, advirtiendo de que no existe problema alguno o acusando a quienes las impulsan de “técnicas manipuladoras”. Esta semana fue un poco más allá para insinuar la existencia de intereses “políticos”, “económicos” o “de amistades” tras las protestas de un colectivo al que atribuye “linchamiento de los muchos que no se manifiestan”. El propio Feijóo desdeñó las movilizaciones e incluso se negó a responder alguna pregunta sobre el asunto.
Junto a los incumplimientos de la ley y la “manipulación informativa”, el personal movilizado denuncia también “represalias” en forma de expedientes a varios trabajadores implicados en las protestas de Defiende la Gallega. Poco después de iniciarse los viernes negros, Alfonso Hermida y Beatriz Moyano, presentadores del Telexornal Serán -informativo del prime time-, habían dimitido de su labor por el control informativo al que decían ser sometidos. En octubre pasado, la dirección general de Recursos Humanos de la CRTVG archivó el expediente que había abierto a la presentadora durante aquel verano. Moyano había sido expedientada por utilizar el servicio de maquillaje del canal para presentar una gala benéfica contra el cáncer y el proceso contra ella había suscitado toda una ola de solidaridad.
Denuncias de “represalias” que la corporación reduce a “falacias”
Sólo unos días después de aquel archivo, la Corporación abrió otro expediente, de esta vez contra el locutor Carlos Jiménez, una de las voces más reconocibles de las últimas dos décadas en la TVG y en la Radio Galega y activo participante, también, en las movilizaciones de los viernes negros. Se le abrió por una presunta incompatibilidad tras locutar en un programa elaborado por una productora y emitido por la propia TVG, una labor que había hecho ya en muchas otras ocasiones. Cinco meses después, y tras múltiples muestras de apoyo de compañeros y personal de la CRTVG que pidieron el archivo del proceso por considerarlo otra “represalia” por su conocida significación en las protestas, el proceso acabó con una suspensión de empleo y sueldo de nueve días por una falta grave y el recurso en los juzgados del afectado.
Semanas antes, el comité intercentros de la CRTVG también había denunciado represalias contra otra periodista, Marga Pazos, que había sido “apartada” de las tareas de redactora, según la denuncia, por participar en las movilizaciones de los viernes negros, por la defensa del gallego y por denunciar el boicot de la TVG a la huelga feminista. En su última intervención parlamentaria Sánchez Izquierdo reiteró que “las represalias no son tal” y se jactó de no “haber utilizado toda la potencia comunicacional” de la CRTVG para “desmontar” las “mentiras” por “sentido institucional”.
En esa misma respuesta el director general dejó una advertencia: habrá “consecuencias” para quien “difunda” lo que define como “falacias” sobre lo que está sucediendo en los medios públicos gallegos. Ya en la jornada del 53º Venres Negro y ante la polémica suscitada por sus palabras, la CRTVG decidió divulgar la grabación “íntegra” de sus respuestar parlamentarias a través de las redes sociales.
“Seguiremos luchando”
Defiende a Gallega, con todo, insiste en las protestas y sus miembros advierten de que “seguirán luchando”. Aseguran haber estado “construyendo una Galicia inexistente al servicio del poder” y afirman que “las únicas protestas que caben” en los informativos de los medios públicos son “las que atacan al Gobierno central a los gobiernos municipales que no son del PP”. “Debería preocuparnos asumir con naturalidad que ser crítico en Galicia puede suponer el ostracismo”, resaltaban en una entrevista con Praza.gal poco antes de recibir el Premio José Couso, además de advertir de que en diversos foros en Galicia se tratan con detalle posibles irregularidades en la catalana TV3, pero nada sobre las denuncias en la CRTVG.
Las demandas del personal movilizado se también han llegado en este último año a eventos como la gala de los premios de teatro María Casares, que no fue retransmitida por el canal público, o los Martín Códax de la música gallega e incluso en entrevistas y espacios de la propia TVG o de la RG, a donde invitados acudieron con las camisetas negras o mostraron su solidaridad con los trabajadores. El director general señala estos pronunciamentos como muestras de la manipulación del personal movilizado.
