La Operación Deluxe se aboca a otra prórroga de seis meses, con Kiko Rivera sumándose a la acusación
La mediática Operación Luna, la presunta trama de espionaje ilegal a famosos que afecta a Sálvame y que se conoce también como Operación Deluxe, está lejos de concluir, a juzgar por las nuevas informaciones que trascienden. La investigación por una presunta revelación de secretos parece abocada a prorrogarse una vez más, lo que la llevaría hasta finales de 2023.
Hay que decir que la instrucción ya se había sometido a una prórroga de seis meses, a petición del juez del Juzgado de Instrucción nº4 de Madrid, Marcelino Sexmero, encargado del caso. Esta ampliación del plazo finaliza de forma oficial el próximo 21 de junio. Sin embargo, se prevé que se dilate otros seis meses más, según recoge El Confidencial Digital. Eso llevaría hasta diciembre dicha investigación.
A ello habría afectado la huelga indefinida de los funcionarios de Justicia, que sigue adelante pese al adelanto electoral convocado por Pedro Sánchez para el 23 de julio. La situación había acarreado retrasos “de resoluciones importantes de la Audiencia Provincial de Madrid” y también afecta al retraso en los tiempos de esta Operación Luna. Precisamente la batería de recursos de los afectados y que estaban por resolver en el órgano judicial había motivado ya el atasco del procedimiento, que se inició hace cinco años.
Kiko Rivera se suma a la creciente acusación particular
Asimismo, la situación se explica también por el creciente número de celebridades afectadas que quieren personarse como acusación particular. Uno de los últimos en sumarse ha sido Kiko Rivera, según el mismo medio. El DJ, uno de los protagonistas de crónica social que ha desaparecido de los contenidos de la nueva Mediaset, seguirá así los pasos de su madre, Isabel Pantoja, que forma parte de la lista de cerca de 180 personas afectadas por la supuesta trama.
Se cuentan por más de una treintena las personalidades que han decidido emprender acciones legales. Meses atrás trascendieron los nombres de Mariló Montero y del exalcalde de Marbella Julián Muñoz, que se sumaban a otros como la citada Pantoja, Coto Matamoros y Omar Montes, Mayte Galdeano, el paparazzi Jordi Martín, el cantante Francisco, la bailadora Cecilia Gómez, Ángel Garó o la exconcursante de GH1 María José Galera.
La lista no terminaría aquí. Más famosos estarían interesados o tendrían intención de presentarse también como acusación particular una vez terminen las emisiones de Sálvame, con fecha del 23 de junio para su última emisión. Es decir, dos días después del final de la prórroga, lo que hace probable que se decida ampliar el plazo.
Se descartó el delito de presunto cohecho
Lo que sí está claro es que el magistrado Sexmero descartó ya el cohecho y de organización criminal de entre los presuntos delitos que se investigaban como parte de la trama.
Recordemos: la causa investiga las supuestas filtraciones de un policía, Ángel Jesús Fernández Hita, así como la colaboración de otros dos, a personas del entorno de Sálvame y de su productora, La Fábrica de la Tele. El eje de las pesquisas era Gustavo González, imputado en 2018 por conseguir información privilegiada sobre multitud de celebridades, al comienzo de las pesquisas.
En primavera de 2022 surgían una veintena de investigados, entre los que figuraban David Valldeperas, director del programa, y los directores de la productora, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, así como esta en sí como persona jurídica. La productora negó participar en ese supuesto espionaje, algo que González refrendó en el juzgado, y se desvinculó del proceso judicial.
La base de la operación planteaba que González pedía información a Hita, amigo de su familia, que ya reconoció que filtró datos aduciendo su “amistad” con el paparazzi, pero negó haber recibido ningún tipo de retribución al respecto. La policía pasó a investigar las nóminas de González, que estuvo contratado por La Fábrica de la Tele entre 2017 y 2018, para tratar de acreditar un posible pago a Hita, pero no se encontró ninguna prueba que lo acreditase. Por tanto, el cargo por el que los famosos que, como Rivera, pretendan participar en el caso como perjudicados, será por el de presunta revelación de secretos.
El juez debe decidir a quién sienta en el banquillo por presunta revelación de secretos. Desde Sálvame y su productora se mantiene que los ampara el derecho a la libertad de información y que Hita solo era una fuente. Más recientemente, David Valldeperas y Alberto Díaz, directores de Sálvame investigados, pidieron el sobreseimiento del caso tras descartarse el cohecho.
