Xunta y CRTVG ningunean las protestas en los medios públicos pese a masivas huelgas y siete meses de 'venres negros'
Ni el apoyo masivo a los paros parciales, ni el éxito de las huelgas que obligaron a modificar la programación, ni los siete meses de venres negros que la plantilla acaba de cumplir protestando “contra la manipulación y el desmantelamiento” y por el cumplimiento de la ley de Medios. Nada. Ni el presidente de la Xunta ni el director de la CRTVG se inmutan ante las reiteradas demandas de soluciones a un conflicto que continúa sin respuesta.
Fue Núñez Feijóo quien hace una semana volvió a desentenderse del problema apelando a la “independencia” de la CRTVG y derivando cualquier responsabilidad en su consejo de administración -controlado por consejeros nombrados por el PP y afines o ex-trabajadores de ese partido- después de negarse incluso a responder a una pregunta sobre los viernes negros. Este jueves fue el director general de la Corporación, Alfonso Sánchez Izquierdo, quien reiteró que el “único y último responsable” de lo que ocurre en los medios públicos gallegos es él, pero sin dar respuesta clara ni solución alguna a las demandas de la oposición en la comisión de control parlamentaria de la CRTVG.
“Están convencidos de que hay otras personas que deciden u otra larga mano detrás y no se creen que eso no es así”, ha asegurado Sánchez Izquierdo tras ser preguntado por la “manipulación” y la “propaganda” que En Marea, PSdeG y BNG atribuyen a los medios públicos, en especial a la hora de tratar la actualidad política y social en Galicia en sus informativos.
Este viernes, personal de la CRTVG ha protestado de nuevo en otro venres negro, el 32º desde aquel primero del mes de mayo. De nuevo de luto y superando ya los siete meses de protesta. Coincidiendo con el Día de los Santos Inocentes, los profesionales advierten de que no están “para bromas” y acusan a Feijóo y Sánchez Izquierdo de apostar por “unos medios públicos parciales, deshonestos e imprecisos”.
“Parece una inocentada, pero ¿sabes que hay empresas públicas en pleno siglo XXI que incumplen la ley por la que se rigen? Está pasando en la CRTVG”, denuncia en las redes sociales el colectivo Defende A Galega.
Pero nada extraño ocurre, según dice Sánchez Izquierdo, a pesar de las denuncias de oposición, sindicatos y personal de la radio y la televisión públicas y después de dimisiones que denunciaban “control informativo”. “Demostrar la cobertura correcta que hace la CRTVG de este y de otros temas no es complicado”, ha presumido Sánchez Izquierdo al ser cuestionado por el tratamiento informativo de los continuos problemas y protestas en la sanidad gallega. E insiste en tirar de datos de audiencias para defender el enfoque de los telediarios. Son muy vistos y, por lo tanto, deben de estar bien.
Sin embargo, toda la oposición ha pedido otra vez poner fin a la “instrumentalización” de los medios públicos. Además, la diputada del PSdeG, Noela Blanco, ha vuelto a reclamar que la CRTVG ponga fin a la “política represiva” contra los trabajadores implicados en las reivindicaciones laborales. Se refería en esta ocasión al expediente abierto contra el presentador Carlos Jiménez, después de haber locutado un programa elaborado por una productora y que fue adquirido y emitido por la propia TVG.
Blanco, que también hizo referencia al expediente archivado contra Beatriz Moyano, acusa a la CRTVG de “abrir juicios mediáticos y políticos contra profesionales de los medios, deturpando la Ley de Medios de 2011”, y recuerda que es el propio presidente de la Xunta quien deriva responsabilidades políticas en su cargo, negándose a dar cuenta de la situación del ente y a responder a las denuncias de manipulación.
“Usted actúa de manera irresponsable por responder a las órdenes de Feijóo y permitir la instrumentalización del ente”, ha acusado Blanco. Sánchez Izquierdo responde denunciando “el uso de la palabra represión” y asegurando que acusar de “política represiva” a la CRTVG es “muy de panfleto sindical”. Además, insiste en que sólo se han abierto ocho expedientes a profesionales en lo que va de año, que sólo cuatro han acabado en sanción y que, a la oposición, “sólo le importan los casos que tienen más repercusión mediática”.
