La televisión británica en periodo electoral
Este artículo lo escribí para la edición de mayo de 2011 de la revista ‘Cuadernos de Periodistas’, de la Asociación de la Prensa de Madrid. En él se explican los criterios informativos que siguen las cadenas británicas durante la cobertura electoral y la regulación (mínima en este caso) impuesta por el Gobierno tanto a la televisión privada como a la pública.
Reino Unido: un marco con pocas reglas para el periodismo independiente
El 15 de abril de 2010, la cadena ITV retransmitía el primer debate electoral de la historia entre los líderes de los tres principales partidos. El espacio, de 90 minutos ininterrumpidos, repetiría esquema y protagonistas una semana después en Sky, y tras otros siete días, en la pública BBC. El seguimiento fue masivo: 9.4 millones de espectadores (37% share), 4.1 m y 8 millones, respectivamente.
El poder de las retransmisiones televisivas vapuleaba incluso a las nuevas tecnologías. La esperada gran guerra online quedó en batalla menor al lado del clásico soporte. No es raro pues que se siguieran con lupa las emisiones.
En Reino Unido, país culturalmente disciplinado y administrativamente normativo, cabría esperar una estricta regulación de la cobertura electoral por parte del Gobierno, pero la realidad es otra. Les basta con establecer una guía para informar libre y juiciosamente, a fin de que el electorado pueda decidir su voto en base a informaciones relevantes.
Así, durante la pasada campaña electoral se pudo escuchar sin autocensura mediática ni reprobación gubernamental, cómo Gordon Brown, ya en su coche oficial y dirigiéndose a sus asesores, llamaba “intolerante” a una pensionista con la que minutos antes había hablado en tono amable sobre las preocupaciones de Rochadle, el pueblo que visitaba el candidato. El micro abierto de Sky News lo grabó y BBC Radio lo emitió durante una entrevista en directo al propio Brown, quien tuvo que disculparse.
El desliz del político, del que se hicieron eco todos los canales, ejemplifica la independencia de las radios y televisiones, que lejos de servir noticias diseñadas por partidos, ejercen un periodismo más libre.
La neutralidad y la equidad son las directrices de las decisiones editoriales en las cadenas británicas, tanto en las privadas como en la pública. Pese a que sus órganos reguladores sean distintos.
El consejo ejecutivo del ente público crea las pautas que la BBC ha de seguir durante el periodo electoral, y son posteriormente llevadas al Trust (la fundación supervisora), para su aprobación. Estas guías de conducta profesional son adicionales a los estándares de BBC, que ya aseguran la imparcialidad de su contenido; y son reconsideradas periódicamente y reeditadas de tiempo en tiempo para que no queden caducas.
Las directrices marcadas por el Trust, que entran en vigor tan pronto como el primer ministro convoca elecciones y disuelve el Parlamento, definen, además de la ecuanimidad en el trato a los candidatos y sus partidos, el uso de las encuestas de opinión para dar información. El criterio de relevancia informativa rige la toma de decisiones editoriales sobre la cobertura de las políticas y actividades de los diferentes partidos en tiempo de campaña.
Una vez conocidas las reglas en las que deben basar sus contenidos, los responsables de programas informativos de BBC aplican la imparcialidad en función de si es un programa único, una serie de programas o considerando la campaña como un todo. Su producción cumple por sí misma los requisitos, sin depender de otros contenidos de la cadena para corregir posibles desequilibrios.
A diferencia de España, en Reino Unido no hay jornada de reflexión, por lo que las televisiones pueden seguir informando hasta las 6 de la mañana del mismo día de votación. A partir de esa hora y hasta que los colegios electorales cierran, deben dejar de informar de cualquier asunto que pudiera condicionar el voto. Así, las televisiones sólo pueden quedarse con la anécdota, la imagen ligera del día de votación.
En lo que respecta a las cadenas privadas, las guías para su cobertura informativa en periodo electoral serán las mismas que la de la emisora sufragada por el canon. En su caso, es el Ofcom su organismo regulador y el encargado de que se aplique la imparcialidad prevista en la Ley de Comunicaciones de 2003.
Esta objetividad supervisada, aunque se respeta sin traumas, crea situaciones curiosas. Sky – perteneciente a News Corporation, propiedad de Rupert Murdoch – informa de manera neutral; algo que no hacen los periódicos del magnate de la comunicación, que muestran claramente su posicionamiento ideológico, al no estar sometida la prensa a restricciones.
En cuanto a la participación en televisión de candidatos durante la campaña, el Ofcom dicta que los políticos no deben ejercer de presentadores, ni en informativos ni en ningún otro tipo de programa. Pero sí pueden aparecer en espacios no políticos cuando su visita haya estado pactada con anterioridad al comienzo del periodo electoral, aunque no se pueden fijar nuevas apariciones hasta que no concluyan las elecciones.
En caso de incumplimiento de los reglamentos, el Ofcom emite una declaración pública sobre la infracción. Podrá multar – siempre con cuantía proporcional a la infracción cometida – y, de continuar faltando a la norma, la televisión podría perder su licencia. Lejos de eso quedó Sky News, pese a que recibió 2.800 quejas por su pasada cobertura electoral. Todas ellas centradas en sus presentadores, Adam Boulton y Kay Burley, quienes fueron tachados de parciales, y a los que el Ofcom exculpó de sospecha.
En definitiva, la libertad editorial de la que disfrutan los responsables de los medios audiovisuales británicos durante una campaña electoral es amplia. Se apela a su juicio y buen criterio, y se confía, con el aval de la costumbre, en que no serán necesarios minutajes o cuotas para garantizar el equilibrio editorial.
Este artículo lo escribí para la edición de mayo de 2011 de la revista ‘Cuadernos de Periodistas’, de la Asociación de la Prensa de Madrid. En él se explican los criterios informativos que siguen las cadenas británicas durante la cobertura electoral y la regulación (mínima en este caso) impuesta por el Gobierno tanto a la televisión privada como a la pública.