La Comisión Mixta de control parlamentario de RTVE aprobó hoy, con los votos del Grupo Socialista, Izquierda Unida, Entesa y CiU el contenido del mandato marco de la Corporación, que regirá los principios generales de su actividad durante los próximos nueve años, y que incluye compromisos de producción propia de contenidos, la difusión en lenguas cooficiales con la nueva tecnología digital, y la consideración del Centro Territorial de Valencia como centro de producción.
El texto fue aprobado con la oposición del PP, ERC y PNV, y la abstención del BNG, por lo que previsiblemente será aprobado en el Pleno del Congreso de los Diputados que se celebrará el 11 de diciembre, y, si bien podría ser rechazado en el Senado --siempre que en la Cámara Alta se opusiera también el grupo de Coalición Canaria--, esto no sería obstáculo para la aprobación del mandato durante la presente legislatura. Durante el debate en pleno, el texto ya no admitirá modificaciones.
Este documento tiene entidad jurídica propia, y supone el paso previo para que los presupuestos de la corporación de 2009 sean aprobados como la ley establece, a través de un contrato programa entre el Gobierno y la Corporación. Para el portavoz socialista en la comisión, Óscar López, este supone un “importante paso adelante para la transparencia” en el control parlamentario de RTVE, y también para la supervisión del cumplimiento de las funciones de servicio público que debe llevar a cabo RTVE.
Según López, el texto “clarifica aspectos tan importantes como las obligaciones financieras, las líneas estratégicas de emisión y la inversión en I+D”, resuelve las dudas en torno a la emisora en catalán Ràdio 4, los centros territoriales de Sant Cugat y Canarias, el uso de las lenguas cooficiales y garantiza la “independencia y pluralidad” de la Corporación en su tarea informativa.
IU sacó adelante una enmienda por la cual se insta a la Corporación a que tome como referencia a la hora de la asignación de tiempos para la información en período electoral el número de votos conseguidos en elecciones generales, además de los que establezca la Junta Electoral Central. Además, con el apoyo de ERC y PP, fue aprobada una enmienda que otorga consideración de centro de producción al centro territorial de Valencia, denominación a la que el PSOE se opuso.
Porcentajes de producción propia
Finalmente, el texto registró algunas modificaciones en la fase de subcomisión, realizada previamente a puerta cerrada, sobre la propuesta tomada finalmente como base para el mandato marco, la del Grupo Socialista. Así, en el capítulo de los objetivos de producción de la Corporación, dentro de las líneas estratégicas de contenidos para el grupo público de medios, el texto que llegó hoy a debate registraba algunos cambios en lo que respecta al porcentaje de producción propia, y fueron eliminadas las referencias a la programación taurina.
En concreto, se mantiene la exigencia del cien por cien de producción interna para los programas informativos e institucionales, y se rebaja al 60 por ciento de producción interna (frente al 70 por ciento de la última propuesta del PSOE) para los contenidos de actualidad, infantil y juvenil, educativo, deportivo, medioambiental o religioso, así como de protección al consumidor.
El texto final mantiene el 55 por ciento de medios propios para los contenidos divulgativos, deportivos, de ficción y series, humor, documentales, musicales, entretenimiento de gran formato, dibujos animados o musicales, apartado en el que figuraba los contenidos de “Toros” pero que no aparecen en la propuesta final. El grupo de IU-ICV registró en la fase de subcomisión una propuesta para retirar la programación taurina de los contenidos de servicio público, así como los religiosos. Este grupo sólo mantenía hoy su propuesta al respecto de los contenidos religiosos.
Los objetivos porcentuales de producción interna se mantienen en el 60 por ciento de la emisión general, mientras que en el caso de la oferta temática ascenderá al 20 por ciento del total.
Emisión en lenguas cooficiales
El mandato marco incorpora sugerencias de distintos grupos entre las que destacan la difusión de lenguas cooficiales en función de “las realidades lingüísticas de cada Comunidad Autónoma” cuando la nueva tecnología de difusión, la digital, lo permita, dado que en la actualidad, esta emisión en sistema dual sólo puede hacerse en los ámbitos de Madrid y Barcelona, según una enmienda pactada por el PSOE y Entesa y apoyada por otros grupos.
El PP califica el texto de mediocre y electoralista
Para el PP, el texto aprobado “no satisface” las necesidades de la Corporación al carecer del “trabajo serio y riguroso” que, a juicio del diputado del PP Ramón Moreno, habría precisado el documento. “Se han limitado a hacer un corta y pega del texto de la Ley de RTVE y aceptando de antemano propuestas de grupos que sabían que no podría apoyar el principal partido de la oposición”, dijo el diputado, que achacó algunas de las novedades introducidas a un “interés electoralista y político” para aprobar a tiempo el documento.
Así, aseguró que “se ha perdido una gran oportunidad para hacer un buen trabajo” y se ha caído en la “mediocridad”. Moreno criticó que haya más de 15 referencias a la pluralidad lingüística y no se haya concedido el mismo esfuerzo a acuerdos con el PP, que proponía, según dijo, “garantizar la rentabilidad social de la programación de RTVE con el menor coste para el bolsillo de los contribuyentes”, y apostaba por la “vertebración e identidad” de España.
Tanto el PP como el PNV criticaron la “urgencia” del trámite parlamentario del texto, en “apenas dos sesiones” de trabajo, y reclamaron que el mandato marco sea revisado al comienzo de la próxima legislatura, pretensión que fue rechazada por el resto de grupos. El portavoz socialista recordó que el debate ha sido pospuesto a instancias del PP, y aseguró que su grupo ha trabajado para lograr un consenso con los 'populares', adoptando hasta el 80 por ciento de las propuestas, por lo que les retó a “que expliquen en qué no pueden estar de acuerdo con el contenido” del documento,
También fue rechazada una enmienda de IU apoyada por ERC que demandaba limitar la información sobre el jefe del Estado a los representantes “electos” de los ciudadanos, esto es, los políticos y la información parlamentaria, a lo que se opusieron PP y PSOE. De esta forma, la redacción definitiva establece que la Corporación “realizará un seguimiento y cobertura informativa de las actividades del Rey, el Príncipe de Asturias y el presidente del Gobierno”, pese a las críticas de “monarquitis” lanzadas desde IU y ERC.
A instancias de BNG, se incluyó una enmienda por la que la Corporación deberá ser “especialmente escrupulosa” en la utilización de la toponimia que consta en la legalidad vigente, y una garantía para el Derecho de Acceso de los grupos parlamentarios con representación parlamentaria a la programación.