Los servicios jurídicos de la Comisión Europea han propuesto finalmente a la comisaria europea de Agenda Digital, Neelie Kroes, la apertura de un procedimiento de infracción contra España, al considerar ilegales las tasas a las operadoras de telecomunicaciones para financiar RTVE, según publica hoy el diario Expansión.
Bruselas ha rechazado las alegaciones de España al expediente abierto por la Comisión Europea en diciembre de 2009, para investigar si la financiación de TVE con el 0,9% de los ingresos de las operadoras -unos 250 millones- era compatible o no con la legislación comunitaria sobre telecomunicaciones. Ahora, los servicios jurídicos trasladarán su decisión al Colegio de Comisarios para su aplicación.
Según reza el dictamen motivado (inicio del procedimiento infractor) enviado al Gobierno español por la Comisión Europea, “las alegaciones de España no contienen nuevas líneas de argumentación sobre el caso ni propuesta alguna de modificación legislativa”, por lo que los servicios jurídicos de Bruselas mantienen su consideración de que “tanto el objeto, como la metodología y el procedimiento para la adopción de un nuevo sistema de financiación para TVE son incompatibles con las directivas comunitarias”.
Eliminar o modificar
El Gobierno se verá obligado ahora a eliminar o modificar la aportación de las operadoras en un plazo razonable. En caso contrario, la Comisión Europea presentaría, automáticamente, una demanda contra España ante el Tribunal de Luxemburgo por no respetar una decisión directamente aplicable. Con esta decisión, se abre la puerta a que los operadores de telecomunicaciones españoles pueden impugnar el caso ante los tribunales y dejar de contribuir, al haberse declarado incompatible.
Ante los apuros financieros del ente público y la amenaza de impugnación por parte de las operadoras, apoyada en la investigación de Bruselas, el Gobierno modificó el pasado julio la normativa para adelantar el cobro de la tasa.
El Real Decreto que desarrolla la Ley de Financiación de RTVE incorpora una nueva disposición transitoria, introducida por el Gobierno a última hora, que obliga a las operadoras y cadenas de televisión a pagar “en el plazo de veinte días desde la entrada en vigor de la orden” las aportaciones correspondientes a 2009 y las de los primeros meses de 2010.
De momento, RTVE se está financiando sólo con los 580 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado, por lo que, pasado ya el ecuador del ejercicio, puede empezar a tener problemas de liquidez de forma inminente, salvo que reciba de manera urgente los ingresos por las tasas.
Para garantizar el cobro en efectivo de las tasas, el Ejecutivo ha fijado, además, el modelo de autoliquidación a las compañías, de modo que las empresas no puedan presentar avales por las cantidades, hasta la resolución de las impugnaciones que tienen previsto presentar a la tasa, sino que deben pagar en efectivo y reclamar luego, si llega el caso, la devolución de las cantidades.
El plan de financiación de RTVE, que incorpora parte de los informes, no vinculantes, de la CMT y de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), sólo ha sido aceptado en parte, por la Comisión Europea, que no ha considerado que exista un caso de ayudas ilegales de Estado. El expediente por el que ahora se envía un dictamen motivado a España se ha tramitado desde el principio de forma separada al de ayudas de Estado.